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Las desapariciones forzadas en Guatemala: "Sin rumbo ni política de Estado"

agosto 30, 2017 Noticias 0
El director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Juan Francisco Soto (c), en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Archivo

Guatemala, 30 ago (EFE).- El Estado de Guatemala tiene “una deuda pendiente” en la búsqueda de personas desaparecidas y “le falta reconocer” las atrocidades que cometió durante el conflicto armado, reconoce a Efe el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Juan Francisco Soto.

Tras 20 años de la firma de la paz en Guatemala, el activista señala que aún no existe “una política pública que enfoque esfuerzos” para buscar personas detenidas y desaparecidas en el conflicto.

CALDH comenzó como una asociación no oficial en la década de 1980, durante la época más cruenta del conflicto, y no fue hasta que la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) entregó las armas y concluyó el conflicto en 1996 cuando se constituyó como asociación civil sin fines de lucro.

Desde entonces se ha dedicado a estudiar, investigar, litigar y representar a víctimas y comunidades enteras de afectados por la guerra, específicamente a aquellos que sufrieron la violencia estatal, que dejó 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados, según cifras arrojadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico publicadas en 1999.

Este grupo de expertos legales fue uno de los querellantes en el caso por genocidio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983), que concluyó con su condena a 80 años de prisión en mayo de 2013, pero unos días más tarde fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad al amparar a los abogados defensores que alegaron contra la juzgadora, Yassmin Barrios.

Antes, recuerda Soto, CALDH contribuyó en la primera condena (1997) por desaparición forzada al comisionado militar Felipe Cusanero Coj, cuando litigó en favor de la comunidad Choatalum, en San Martín Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango.

Ahí fue cuando Cusanero fue condenado a 150 años por la desaparición de 6 personas, aunque “hay muchas más”, indica Soto.

El proceso contra Cusanero, apunta el activista, “abrió la puerta para investigar las desapariciones en Guatemala”, el Constitucional aceptó que se trataba de un delito continuado porque “mientras no aparezca la persona se continúa cometiendo el delito”, como indica el Código Procesal Penal establecido en 1993.

CALDH también trabaja en el caso de desapariciones forzadas más emblemático del país, el de la zona militar 21, en Cobán, Alta Verapáz, donde fueron encontradas 84 fosas clandestinas con más de 565 osamentas rescatadas por la Fundación de Antropología Forense.

El proceso, diluido entre amparos, recursos y decisiones dudosas de la juez Claudette Domínguez, está por iniciar el debate oral y público contra ocho militares, entre los que se encuentra el exjefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García, mientras que está prófugo el fundador y exdiputado del partido Frente de Convergencia Nacional, que ganó las elecciones, Édgar Ovalle.

El director de CALDH admite que, desde el poder Judicial, “el Estado ha cumplido más que desde el Legislativo y el Ejecutivo”, pero admite que “han sido si acaso 10 los casos de desaparición forzada y se habla de 45.000 personas”.

La búsqueda de personas detenidas desaparecidas pasa más por organizaciones de derechos humanos u organizaciones de víctimas que por el mismo Estado de Guatemala.

“Yo creo que el Estado ha tenido como una política general una negación de los hechos y no los ha aceptado, algo que se puede ver en los libros de texto”.

Los avances en el sistema judicial se aceleraron desde 2009, con el apoyo del exfiscal Amílcar Zárate, quien comenzó a fortalecer los esfuerzos de la justicia de transición. Luego fue sucedido por Claudia Paz y Paz y, ahora, por Thelma Aldana.

El reto al que se enfrenta la sociedad, indica Soto, es la “supuesta polarización”, pues hay sectores que tratan de pintarlo como un tema de izquierda contra derecha cuando “eso no es real”.

Basarse en la polarización -concluye- “es una estrategia que utilizan los grupos conservadores para tratar de justificar una amnistía”.

Emiliano Castro Sáenz