Las cifras de violencia en México que atormentan a López Obrador
La semana pasada, 13 personas, entre ellas un bebé, fueron asesinadas en una balacera mientras celebraban una fiesta de cumpleaños en el municipio de Minatitlán, en la costa mexicana de Veracruz.
La indignación no tardó en llegar en el país y se incrementó luego de difundirse la noticia de que el alcalde del municipio de Nahuatzen, Michoacán, David Otlica, fue secuestrado el martes por la mañana y, en la tarde, encontrado sin vida.
Apenas un día después, Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, otro municipio de Veracruz, fue asesinada junto con su esposo y su chofer cuando se encontraban viajando por carretera.
Las historias son solo un ejemplo de la ola de violencia que enfrenta México, una crisis que también se ve reflejada en las cifras, las cuales, según la organización ciudadana Semáforo Delictivo, se han elevado.
Solo en el primer trimestre de este año se ha dado un aumento del diez por ciento en el número de homicidios si se compara este mismo período con el del 2018. Son al menos 7.242 casos más, alertó la organización esta semana, que advirtió que hoy la tasa de asesinatos es de 5,9 por cada 100.000 habitantes y podría aumentar hasta los 24 a finales de año.
Además, según Semáforo Delictivo, se dispararon otros delitos como la extorsión (47 por ciento), el secuestro (45 por ciento) y el narcotráfico (14 por ciento).
El incremento de inseguridad coincide con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (Amlo), quien asumió el poder en diciembre de 2018 con una política de izquierda radicalmente distinta a la de gobiernos anteriores.
Desde la campaña, Amlo prometió una cruzada en seis meses contra la violencia por medio de la creación de una Guardia Nacional y una política más fuerte contra el narcotráfico. Y reiteró, después de los acontecimientos de esta semana, que necesita tiempo.
Para José Francisco Gallardo, profesor de la Universidad Autónoma de México (Unam), fue precisamente esa “expectativa que tuvo la sociedad civil mexicana, de que iba a haber un cambio radical en el tema de seguridad”, la responsable de que hoy exista “una espiral de violencia aún más grave que la que se quería resolver”.
En este sentido, la apuesta de crear una Guardia Nacional –inicialmente una institución de seguridad ciudadana conformada por civiles– terminó por crear un efecto dominó, pues desde el Gobierno se anunció que habría participación de militares, decisión que causó malestar en varios sectores de la sociedad y en grupos defensores de derechos humanos.
La violencia se dirige a tantos focos que no alcanzan a ser cubiertos por la precariedad en el sistema de Justicia.
“Es una continuación de la lucha contra el crimen a través de una fuerza y de una visión con carácter punitivo. No vemos ningún cambio. Lo que estamos viendo es que ahora el tema de la militarización de la ciudad se da con las reformas que le hicieron a la Constitución”, afirmó Gallardo.
Asimismo, María Cristina Rosas, también profesora de la Unam, dijo que este proyecto, en el que el Gobierno ha hecho tanto énfasis, desconoce varios escenarios del conflicto que se desataron con la llegada de Amlo al poder.
“El problema estriba en que había ciertos pactos políticos entre la delincuencia y las autoridades de los gobiernos precedentes que, naturalmente, se rompieron cuando vino el nuevo gobierno. Es como un leverage (apalancamiento) donde la delincuencia plantea sus condiciones a la nueva administración”, dice Rosas.
A pesar de las críticas, López Obrador se muestra decidido a contrarrestar la inseguridad con este órgano y rechazó la posibilidad de “negociar con cualquier banda u organización dedicada a cometer ilícitos”. Incluso, el presidente anunció el miércoles que a mediados de junio comenzará a operar la Guardia Nacional con cerca de 25.000 efectivos en las principales ciudades.
El analista político mexicano Jorge Márquez opinó que este es otro inconveniente en la forma en que el Gobierno ha asumido la inseguridad, pues “la violencia se dirige a tantos focos que no alcanzan a ser cubiertos por la precariedad en el sistema de Justicia, en el número y condiciones de los policías y demás cuerpos de seguridad”, afirmó
Por un lado, está la violencia que responde al control federal: temas como el ‘huachicoleo’ (extracción ilegal de gasolina), que se desató a principios de año y fue el primer desafío para Amlo, o el control del contrabando y el narcotráfico.
De acuerdo con Gallardo, esos asuntos deberían asumirse “dentro de una planeación estrategia que el Gobierno aún no ha dejado clara y que ha cambiado por proyectos de ley independientes”.
Por otro lado, añadió el analista, está la violencia común, que también debería ser incorporada en el plan del Gobierno y “tener como prioridad incluir la escala base de la sociedad que enfrenta la mayor fractura por la violencia”.
Asimismo, los expertos coinciden en que es indudable la injerencia de las políticas de EE. UU. en relación con la inseguridad de México. Rosas señaló que “los sitios violentos son los mismos: las fronteras”, donde, a raíz de la políticas antiinmigración de Trump, se ha desatado mayor “delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro y extorsiones”.
Por ahora, y con más de cuatro años de gobierno por delante, los próximos meses serán claves en la forma en la que el gobierno de López Obrador abarque estos focos de violencia.
No solo se pondrá en cuestión la verdadera capacidad de la esperada Guardia Nacional, sino también sus niveles de aceptación (hoy en el 79 por ciento), porque el de la violencia es un tema que por años ha mortificado a los mexicanos.
Annie Valentina Gómez
* Con Alexander Berrío
Redacción Internacional