Régimen de Maduro quita inmunidad a otros 4 diputados; van 14 en total

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela pidió este martes a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) revisar la inmunidad de otros cuatro diputados opositores que se suman a la decena de legisladores que ya fueron acusados de rebelión y despojados del fuero, en una nueva escalada de la crisis en la que, según Amnistía Internacional, se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad contra disidentes.

Minutos más tarde, el mismo Guaidó anunció que con esas medidas el oficialismo trata de «cerrar» el Parlamento venezolano. No hay ninguna otra excusa. “Hoy se ocupó militarmente el Palacio Legislativo”, afirmó el presidente encargado. «Están tratando de cerrar por la vía de los hechos el Parlamento nacional, única instancia legítima reconocida por el mundo», agregó.  

En un trino prosiguió: «Cree que el Poder está en los edificios, en las gavetas, en un manojo de llaves. El Poder que alguna vez tuvieron lo perdieron cuando perdieron al Pueblo. ¡Y esta AN sí fue electa por la gente y defenderá su legitimidad!», escribió.

Esta medida recae sobre Carlos Paparoni y Miguel Pizarro, del partido Primero Justicia (PJ), así como en Franco Casella y Winston Flores de Voluntad Popular (VP), la formación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países.

En respuesta a una solicitud del fiscal general, Tarek Saab, el TSJ dictó que los diputados tienen responsabilidad «en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada».

«Por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes (…) no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal«, señala un comunicado del Supremo.

Con todo, la Justicia ordenó remitir copia de esta decisión a la ANC para que este órgano, no reconocido por numerosos países e integrado solo por defensores del chavismo, «determine lo conducente según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución».

Ese apartado establece que los diputados «gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo».

Asimismo, la Constitución señala que de los presuntos delitos que cometan los legisladores «conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional (Parlamento), su detención y continuar su enjuiciamiento».

«En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ», concluye el artículo.

Esta decisión de la Alta Corte se produce dos semanas después de un efímero levantamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro que fue encabezado por Guaidó y respaldado públicamente por casi todos los diputados señalados.

De los 14 legisladores señalados hasta ahora por el alzamiento, la ANC ha dado por levantada la inmunidad de siete, atribuyéndose competencias exclusivas del Parlamento, y algunos de ellos están hoy refugiados en embajadas, exiliados, en la clandestinidad o tras las rejas como el primer vicepresidente del Legislativo, Édgar Zambrano.

Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.

Cierre del Parlamento

En la mañana, fuerzas de seguridad de Venezuela impidieron una sesión del Parlamento, aumentando la presión sobre los opositores al régimen de Nicolás Maduro luego de que intentaron sublevar a militares en abril.

Pero la oficialista Asamblea Nacional Constituyente sí sesionó en el mismo lugar en horas de la tarde del martes. El presidente de instancia, Diosdado Cabello, dijo durante la reunión que la policía de inteligencia seguía revisando oficinas, sin mayores detalles.

Funcionarios de la policía de inteligencia con armas largas y capuchas, así como grupos de policías nacionales y militares rodearon varias cuadras cercanas al Congreso a la hora de inicio de la sesión en la mañana, sin permitir la entrada de diputados, trabajadores y periodistas, según testigos.

El operativo, que se prolongó por varias horas, comenzó con la búsqueda de un presunto artefacto explosivo en la sede del Congreso, dijeron los diputados. Pero los funcionarios no bloquearon el tráfico en la zona, ni el paso de transeúntes.

Crímenes de lesa humanidad

Las prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el gobierno de Venezuela podrían constituir crímenes de lesa humanidad, alertó este martes Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar sus investigaciones sobre el país sudamericano.

Ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas son algunos de las prácticas detectadas por Amnistía Internacional reportadas en su informe «Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela», presentado en Ciudad de México.

Esos procedimientos «configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes», ejecutada por «agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento» de funcionarios, dijo la organización con sede en Londres.

Efe, AFP y Reuters