El escándalo que podría hacer caer al gobernador de Puerto Rico

Desde hace diez días, miles de puertorriqueños han salido a las calles a manifestarse para pedir la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, envuelto en un escándalo que llevó no solo a que artistas de la talla de Ricky Martin, Residente, Marc Anthony (de padres puertorriqueños) y Bad Bunny se unieran a la petición, sino también a que este lunes se convocara a un paro general con el que se busca meterle más presión al funcionario.

Todo comenzó cuando el pasado 13 de julio se hizo público el contenido de un polémico chat, en el que Rosselló y funcionarios de su círculo íntimo insultaron a personalidades públicas, se burlaron de mujeres y el colectivo LGBT y debatieron estrategias para atacar a personas no afines al Gobierno.

A eso se sumaron los comentarios burlones a las víctimas del huracán María, y los casos de corrupción en su gobierno por el desvío de fondos destinados a la reconstrucción de la isla.

¿Pero qué tan probable es que Rosselló deje el cargo? El gobernador puertorriqueño dijo este domingo que no va a renunciar, pero aseguró después de las manifestaciones que no buscará ser reelegido para el cargo. «Los he escuchado y los escucho hoy (…). He cometido errores y me he disculpado», dijo el gobernador de este territorio.

Pero sus disculpas no han sido suficientes. “Ricardo Rosselló, no solamente eres cínico, también eres maquiavélico», dijo Martin en sus redes sociales, al pedir a los congresistas que inicien un proceso de destitución.

Lo cierto es que la presión contra Rosselló cada vez sube más. No solo por la participación que tendrán en las manifestaciones de este lunes en San Juan artistas como Martin, Olga Tañón y Kany García, entre otros, sino también porque hasta los medios de comunicación ya comenzaron a pedir su renuncia.

De hecho, el diario ‘El Nuevo Día’ amaneció con la editorial en portada dedicada a Rosselló. «Gobernador, es hora de escuchar a la gente: tiene que renunciar», tituló el periódico que aseguró que el pueblo de Puerto Rico “se ha expresado con elocuencia”.

Y mientras el gobernador hace oídos sordos, el fin de las manifestaciones no se ve cercano y el paro general lo dejará más acorralado, pues cada vez más son las voces a nivel internacional que piden su renuncia.

A eso se suma que el apoyo al gobernador desde EE. UU. y de miembros de su partido, el Partido Nuevo Progresista (PNP), va disminuyendo, entre ellos los de la representante de la isla ante el Congreso de Estados Unidos, Jenniffer González, quien el viernes pasado pidió que deje tanto la presidencia del partido como la gobernación.

¿Un proceso de destitución?

Otra de las alternativas que se han planteado para que Rosselló deje el cargo es la de un proceso de destitución, algo que de acuerdo con un estudio de expertos del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAAPR) tendría bases jurídicas, pues en el chat privado se evidencian “graves delitos”.

Según un informe realizado por juristas «del más alto calibre», las conductas y omisiones del gobernador en el chat pueden constituir delitos graves y menos graves que implican depravación, lo que según la Constitución permitiría el inicio de este juicio político.

El documento también establece que por no tratarse de un proceso judicial de naturaleza penal, sino de un proceso político, no corresponde las amplias garantías de un juicio criminal ordinario.

Además, en el informe se explica que el proceso se basa en el poder que brinda la Constitución a la Rama Legislativa, basado en causas específicas que están limitadas a la traición, el soborno, delitos graves o delitos menos graves que impliquen depravación.

Sin excluir otras posibilidades, el análisis del chat evidencia incidentes que requieren mayor investigación porque revelan la posible participación del mandatario en la comisión de delitos públicos, según un comunicado del CAAPR.

Una crisis de una década

El contenido del chat de Rosselló es solo uno más de los muchos problemas que arrastra la isla desde hace más de una década, pero se convirtió en la mecha que encendió a la población.

Puerto Rico lleva más de diez años de recesión económica, de una deuda impagable de cerca de 70.000 millones de dólares que provocó una suspensión de pagos y detenciones de funcionarios por un presunto fraude de 15,5 millones de dólares en fondos de EE. UU. entre 2017 y 2019. Todo en medio de la devastación causada hace casi dos años por el huracán María.

Las ayudas de EE. UU., país del que la isla es un Estado Libre Asociado, están llegando con cuentagotas, los seguros no terminan de reembolsar el dinero para arreglar desperfectos generados por el huracán y la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sobrevive con unas instalaciones arcaicas y una monumental deuda.

Esa es la causa de que la luz vaya y venga para muchos a lo largo del día o de la semana, que carreteras sigan sin iluminación, miles de viviendas tengan techos provisionales y varias escuelas hayan cerrado.

Mientras tanto, la Junta de Supervisión Fiscal, una entidad establecida por el Congreso en Washington ante la enorme deuda de la isla, amenaza con retirar las pensiones de los funcionarios.

Redacción internacional*
Con Efe y AFP