¿Podría Donald Trump ser destituido por una llamada telefónica?

¿Iniciarán los demócratas un proceso de destitución contra el presidente de EE. UU., Donald Trump, a raíz del nuevo escándalo que envuelve al mandatario republicano?

Esa era la pregunta que muchos se hacían en Washington este lunes, luego de que el propio Trump reconoció durante este fin de semana que sí discutió el caso del exvicepresidente y hoy candidato a la nominación del partido demócrata, Joe Biden, con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski,  durante una conversión telefónica hace dos meses.

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Por las respuesta dadas de momento en las más altas esferas de este partido, todo indica que se trata de un escenario bastante probable, aunque mucho dependerá de cómo evolucione el caso en los próximos días.

Pero primero algo de contexto. El escándalo se desató hace unos diez días cuando ‘The Washington Post’ publicó un artículo según el cual un empleado en la comunidad de inteligencia del país había radicado un queja formal ante el inspector general  en la que revelaba el contenido de la conversación de un alto miembro de la administración con un líder de otro país en la que se discutieron temas «muy sensibles» y se habría hecho una promesa controvertida.

El funcionario hizo su queja a comienzos de agosto, amparado en la Ley para la Protección de los Informantes en la Comunidad de Inteligencia, que se aprobó en 1998, y establece un protocolo para denunciar una conducta inapropiada sin que ello afecte la carrera del denunciante.

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Bajo ese protocolo, el inspector general debe determinar primero si de trata de una conducta grave, creíble, y urgente o una acusación sin mérito. Si decide lo primero, debe trasmitir la queja al Director Nacional de Inteligencia que, a su vez, está obligado a depositarla antes las comisiones de inteligencia del Congreso para que estas inicien una investigación.

Eso, precisamente, fue lo que hizo el inspector general en este caso. Parte del problema arrancó cuando Joe Maguire, actualmente el director nacional de inteligencia encargado, se rehusó a entregar el documento al Congreso alegando que una «autoridad con un rango superior al suyo se lo habían prohibido».

Según se cree, esa autoridad sería la misma Casa Blanca, algo que en sí mismo ha desatado todo un choque constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Si bien todavía no se conoce el documento ni la identidad del informante, desde la publicación del ‘Post’ se han ido llenado algunos de los vacíos que existen en esta historia.

Se sabe, por ejemplo, que toda la trama gira entorno de Hunter Biden, el hijo de este expresidente estadounidense. Cuando Biden estaba en la Casa Blanca como segundo de Barack Obama, Hunter fue contratado por Burisma Holdings, una compañía energética en Ucrania, para que integrara su junta directiva.

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Trump y su entorno, al parecer, creen que el exvicepresidente presionó al gobierno anterior en ese país para que frenara a un fiscal que estaba investigando casos de corrupción en Burisma Holdings y que era posible un conflicto de intereses por tener a Hunter como un empleado.

La Fiscalía de Ucrania ya determinó que la empresa no cometió ningún delito al contratar al hijo del exvicepresidente. Y aunque el Fiscal en cuestión fue destituido, contra él existían varios casos de corrupción pendientes que no tienen relación con los Biden.

De acuerdo con el reporte de varios medios de comunicación en EE. UU.,  Trump aprovechó la llamada que le hizo a Zelensky en julio tras su victoria electoral en este país para pedirle en «repetidas ocasiones» que investigara el caso de Biden, que es su más probable rival en las elecciones presidenciales del 2020.

Nadie ha revelado aún, de qué se trata la «promesa» que habría hecho Trump. Pero lo que sí se conoce es que en el período que se dio la llamada, el Congreso de EE. UU. acababa de aprobar 250 millones de dólares en asistencia para Ucrania y que la Casa Blanca estaba frenando su desembolso.

Los fondos fueron finalmente autorizados a comienzos de este mes cuando Trump pidió que se levantara el veto. Es decir, la acusación que ronda es que Trump le pidió al líder de otro país que recopilara evidencia contra su rival político a cambio del desembolso de esa ayuda y probablemente recursos adicionales en el futuro.

Tanto Trump como otros funcionarios de su administración negaron inicialmente que se hubiese tratado el tema de Biden en esa conversación. Este domingo, no obstante, el mandatario admitió que si habló de Biden, pero descartó algo ilegal en ella.

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Algo que se podría determinar si se revelara la trascripción de la llamada o se permitiera que el Congreso conozca la queja del informante. El hecho de que la Casa Blanca se niega a cualquiera de las dos cosas ha elevado aún más las especulaciones.

Por el contrario, tanto Trump como algunos de sus habituales sus defensores han pasado a la ofensiva y sostienen que se trata de otra cacería de brujas con fines políticos, como la que dice montaron los demócratas entorno a la influencia de Rusia en las elecciones del 2016.

Este lunes, y también durante el fin de semana, varias figuras demócratas dieron a entender que si es cierto lo que se especula el presidente habría atravesado una «línea roja» que podría conducir a un juicio de destitución. Eso dijeron tanto la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, como Adam Shiff, cabeza del comité de Inteligencia en la Cámara de Representantes.

Aunque en las leyes que rigen los procedimientos de destitución no existe algo específico que tipifique esta probable conducta de Trump, la Constitución si establece el «abuso de poder» como algo que podría conducir a este camino.

Y, según el pensamiento de los demócratas, que un presidente haya usado su poder para obtener información que aprovecharía para debilitar a su rival es un caso muy claro de este tipo de abusos.

Los demócratas cuentan con los votos necesarios para iniciar un proceso de destitución y elevar cargos contra el presidente pues esa es la función de la Cámara, donde son la mayoría.

Pero el problema que tienen es el mismo que los ha mantenido divididos a lo largo de estos últimos meses. Un grupo cada vez más grade de congresistas en este partido quiere iniciar un proceso de destitución de Trump por obstruir la justicia durante la investigación del rol de Rusia en la campaña del 2016.

Y con seguridad esas voces crecerán a raíz de este nuevo escándalo, en el que además del abuso de poder también se estaría obstruyendo la justicia al impedir que el Congreso conozca la denuncia del informante.

Pero otro grupo de legisladores, entre los que está Pelosi, se resisten pues creen que el proceso de destitución conducirá a una absolución segura del presidente ya que el Senado, que es el órgano que se encargaría del juicio como tal, es controlado por republicanos.

Un escenario, dicen, que además podría favorecer a Trump pues podría pintar a los demócratas como un partido obsesionado con una destitución que nunca fue posible.
Por supuesto, todo depende del contenido de la famosa conversación, si es que alguna vez termina viendo la luz del día.

Ya figuras dentro del partido republicano, como el senador Mitt Romney, han dicho que sería «muy grave» de ser cierto lo que se especula. Y otros podrían alejarse del mandatario previendo un descalabro electoral si se asocian con un presidente tan cuestionado.

Pero si la conversación termina siendo algo vago o no se eleva al grado de abuso de poder, Trump la utilizaría como prueba reina para demostrar precisamente lo contrario: que desde el comienzo ha sido víctima de una vendetta política.

SERGIO GÓMEZ MASERI 
Corresponsal de EL TIEMPO 
WASHINGTON 
En Twitter: @sergom68