¿Qué pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa?

En el quinto aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este jueves el caso como una «desaparición forzada» cometida por agentes del Estado, y activó una recompensa de 1,5 millones de pesos mexicanos (unos 263 millones de pesos colombianos) para dar con los responsables.

Familiares de los desaparecidos y algunos activistas se manifestaron con imágenes de los estudiantes en el edificio del Congreso, en Ciudad de México. Frente a ellos, López Obrador aseguró que no habrá impunidad en las investigaciones sobre el caso y reiteró que es una prioridad para su gobierno esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes y hacer justicia.

«Tenemos una gran ventaja: no hay impunidad. Eso es importante porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad», dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina.

La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron a Iguala, los dos ubicados en el sureño estado de Guerrero, para apoderarse de buses que utilizarían para sus manifestaciones. Pero fueron capturados por policías aliados con el cartel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos

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López Obrador, quien llegó al poder en diciembre, creó una Comisión de la Verdad para el caso, mientras la Fiscalía General de México, se comprometió a reiniciar la investigación «casi desde cero». A la espera de conocerse el destino de los jóvenes, la justicia mexicana ha liberado a 77 detenidos de la investigación original, entre ellos uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, cuyos testimonios fueron obtenidos bajo torturas.

El subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Alejandro Encinas, anunció que el gobierno mexicano ofrecerá una recompensa de 1,5 millones de pesos mexicanos (unos 263 millones de pesos colombianos) para quien proporcione información «fidedigna y verificable» del paradero de los estudiantes. Una segunda recompensa de 10 millones de pesos mexicanos  (unos 1.752 millones de pesos) será otorgada a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco, supervisor de la policía local de Iguala y uno de los principales señalados en el caso.

La colombiana Ángela Buitrago, experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso, declaró que “por fin se están agotando todas las líneas para tomar una decisión con peso y de verdad evaluando todas las pruebas que hay».

El fiscal especial del caso, Omar Gómez, adelantó que la próxima semana citarán a exfuncionarios federales relacionados con la cuestionada investigación original, entre ellos al exprocurador Jesús Murillo Karam. Aseguró que, de ser necesario, el expresidente Peña Nieto también sería llamado a declarar. «La única verdad es que no hay, hasta ahora, verdad alguna», enfatizó Encinas.

Alejandro Hope, exoficial de la inteligencia mexicana y experto en seguridad, comentó que será difícil dar con novedades en el caso, aún con una nueva investigación. «No creo lleguen a un resultado notoriamente distinto», dijo. En el gobierno de Peña Nieto, la Fiscalía General, que dependía del Ejecutivo, presentó la denominada «verdad histórica»: los narcotraficantes, creyendo que los jóvenes serían de un cartel rival, los habrían matado para luego incinerar sus cuerpos en un basurero y arrojarlos a un río.

Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH, un ente autónomo de la OEA) cuestionaron esta teoría y pidieron seguir otras hipótesis. Esta semana se iniciaron investigaciones en un nuevo basurero, en la comunidad de Tepecoacuilco, a unos 15 kilómetros de Iguala.

AFP y Efe