Crece miedo por expropiación de casas vacías en Venezuela
La preocupación por lo que dejaron atrás carcome a los venezolanos que han salido de su país. Después de que el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, instruyó, el pasado 23 de septiembre, la realización del XV Censo Nacional de Población y Vivienda, temen perder sus propiedades en Venezuela.
Especialistas y opositores alertan de que el censo tiene intención electoral de cara a los comicios del 2020. Han invitado a la población a no colaborar con la iniciativa oficial.
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“Muchos de ellos han dejado vacías sus viviendas o con algunos familiares, pero hay habitaciones, espacios libres, y se siente cierta amenaza, una situación de indefensión”, aseguró a EL TIEMPO Elías Santana, coordinador de la organización local micondominio.com.
Sus temores no son infundados. La propiedad privada ha sido sistemáticamente atacada en Venezuela tras la llegada del chavismo al poder. Y, más recientemente, en el marco de un plan bautizado con el nombre ‘Ubica tu casa’, del que el Gobierno se deslinda, mientras niega su existencia, se han registrado algunas ocupaciones aisladas, principalmente en la capital.
Se habla, además, de casas abandonadas que han sido marcadas. Y, ahora, una cosa se mezcla con la otra, en medio de una gran desinformación y una aparente improvisación.
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Las nuevas alarmas se encendieron antes de que el decreto de Maduro apareciera en Gaceta Oficial y comenzaron a sonar con más fuerza tras la oficialización. A principios de septiembre, el ministro de Planificación venezolano, Ricardo Menéndez, comenzó a ofrecer algunos detalles del censo a través de la televisora del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).
Explicó que en una primera fase -en curso según información oficial- se haría un conteo de los inmuebles existentes en el país, incluyendo hogares y comercios; y que luego vendría un autoempadronamiento.
La lista de objeciones está encabezada por el hecho de que el censo se realice este año y no en 2021, cuando corresponde porque se cumplen diez años del último. Pero ya a mediados de 2018, el ministro Menéndez había anunciado el adelanto, “para prever los indicadores y enfrentar la guerra económica”, según declaró entonces.
Este año, sin embargo, ha argumentado que es de importancia estratégica para el cumplimiento del denominado Plan de la Patria 2019-2025.
A juicio de Santana, podría haber intenciones políticas, relacionadas con las elecciones legislativas de 2020. “Se quiere, especialmente en algunos sectores medios y capas populares, generar con este censo la sensación de que desde el Gobierno se tiene el control, la vigilancia y la data sobre cada uno de los hogares y cada uno de los ciudadanos utilizando un código QR y con la presencia de milicianos y de activistas partidistas, ”, advirtió el especialista en materia de condominios de la comunidad.
Aunque en el decreto nada dice sobre su participación en el censo, Menéndez informó que los empadronadores serán precisamente miembros de la milicia bolivariana, del denominado poder popular y del partido creado por Maduro en 2017, Somos Venezuela (SV).
Le estamos diciendo a la gente que no se tome esto en serio
Según información difundida en medios oficiales, la formación de dichas personas para ejecutar su rol en el censo ya inició en varios estados del país. En Caracas, la capital, 500 de ellos ya habrían hecho una prueba piloto.
Y, según Santana, podría haber más: “La data que resulte, que podría ser influida por las propias autoridades, ya que los que van a recabarla son militantes de partido y milicianos, es la base para realizar la división del país en circuitos electorales (…) y puede de esa manera influir en los resultados de un proceso comicial”.
Mal momento
Mientras que para el oficialismo parece ser el momento perfecto para realizar el censo, para la oposición y parte de la sociedad civil no lo es. El diputado opositor Enrique Márquez lo denunció el pasado martes 1º de octubre, durante la sesión de la Asamblea Nacional en la que se discutió y aprobó un acuerdo para exigir el cese “inmediato” del censo.
“No todos los tiempos son buenos y este no es un buen momento”, ratificó Márquez a EL TIEMPO, en la tarde de este lunes, mientras condenó el “secretismo” y la “desorganización” con los que considera se está llevando a cabo la actividad. “Le estamos diciendo a la gente que no se tome esto en serio”, reiteró.
En una reunión de más de 1.400 juntas de condominios de 17 ciudades del país, que se celebró a través de una plataforma digital a finales de septiembre, se presentó la opción de la figura de la objeción de conciencia, prevista en el artículo 61 de la Constitución, que permitiría a las comunidades rechazar la presencia de los encuestadores y no cooperar con ellos.
En asambleas de vecinos que se han llevado a cabo durante las últimas tres semanas, en distintos sectores de la capital, se está haciendo el mismo llamado. El dirigente opositor Gabriel Santana, del partido Primero Justicia, encabezó algunas de ellas en el municipio Chacao, ubicado al norte de Caracas.
Sin embargo, una de las hipótesis que se maneja entre los vecinos de clase media, según relató a EL TIEMPO, es que quien no abra la puerta a los empadronadores será excluido de las ayudas gubernamentales.
Voceros del oficialismo han rechazado la que consideran es una matriz de opinión que se pretende imponer desde ‘la derecha’
Este no es el principal temor de Suzana Henríquez, quien ya participó en dichos encuentros. De hecho, según comentó a este diario, ni siquiera lo es perder su propio apartamento, ubicado en un edificio de la urbanización Los Palos Grandes. “Yo, como ciudadana venezolana, no puedo permitir que esa gente venga a esas casas que están vacías a querérselas quitar, porque esa persona que tiene esa casa trabajó y luchó por ella”, expresó.
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguran que la diáspora venezolana la conforman más de 4 millones de personas. Con casi 1.4 millones de venezolanos, Colombia se ha convertido en el principal destino de los migrantes .
No en vano fue en este país donde la organización micondominio.com decidió hacer, la noche de este martes, una reunión con miembros de la comunidad de venezolanos, específicamente en Bogotá, para escuchar sus inquietudes con respecto al censo. Planean repetir la actividad durante el mes de noviembre, en Medellín.
Mientras tanto, en Caracas, articulados con la Cámara Inmobiliaria y la oposición ya han consignado comunicaciones tanto en los ministerios de Planificación y de Vivienda, como en el Instituto Nacional de Estadística, ente que debería encargarse del censo, por tradición y por la instrucción del decreto. Aunque no han obtenido respuesta, planean insistir con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República.
Voceros del oficialismo han rechazado la que consideran es una matriz de opinión que se pretende imponer desde ‘la derecha’. “Volvieron a inventar la vaina que le van a quitar la casa a la gente. ¿Quién será el cerebro que está diciéndoles: vamos a repetir lo de las casas que eso pegó? Mañana vienen y dicen que les van a quitar los niños, mañana vienen y dicen que el que tenga dos carros le van a quitar uno, que los bombillos los están grabando”, dijo el número dos del chavismo, Diosado Cabello, durante la transmisión de su programa televisivo la semana pasada.
ANDREÍNA ITRIAGO
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas