La imperiosa necesidad de cambiar la estrategia contra la corrupción

La búsqueda incesante de respuestas suele llevar a otras preguntas que se bifurcan. Y cuando el fin que se busca es encontrar la o las soluciones para la corrupción, esa búsqueda es luchar contra la hidra de Lerna: se corta una cabeza y surgen otras cinco. Hasta ahora, los métodos tradicionales para erradicarla han tenido resultados de gran impacto, pero, aun así, no se ha logrado arrancar de raíz o por lo menos controlar la tan arraigada corrupción en los países latinoamericanos. ¿Qué hacer?

Hace cinco años parecía que en la región –una de las más asoladas por la corrupción en el mundo– iba a haber un gran cambio cuando se empezaron a destapar los escándalos más grandes en su historia: Lava Jato y Odebrecht, por nombrar algunos.

Ese progreso, que según los expertos se debe en parte al fortalecimiento de las democracias latinoamericanas desde 1980 y ha desembocado en instituciones judiciales más independientes, se presentó como una oportunidad para la reducción de la impunidad, que tanto ha marcado la historia latinoamericana. Sin embargo, esa esperanza está en riesgo, pues los resultados posteriores a varios de esos escándalos han quedado congelados, postergados y puestos de lado.

El ejemplo más claro es el de Guatemala. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), –entidad que por sus investigaciones llevó a que el pueblo guatemalteco tumbara un presidente y fuera encarcelado–, fue desmantelada por el gobierno del presidente Jimmy Morales después de que esta lo puso en la cuerda floja al pedir la suspensión de su fuero presidencial para investigarlo por la presunta financiación ilegal de su campaña.

EL TIEMPO habló con el expresidente de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, quien durante décadas ha dedicado su máximo esfuerzo a combatir la corrupción, primero en Colombia y luego en Guatemala. Él ha sido testigo directo de que la corrupción no ha sido eficazmente erradicada. Señala que hay esfuerzos esporádicos en algunos lugares, pero no se ha logrado el propósito de reducirla a su más mínima expresión. “Creo que en parte es por la falta de compromiso contundente en las investigaciones y la falta de compromiso de las instituciones judiciales, gubernamentales e, incluso, civiles”, dice. El abogado se basa en su experiencia para explicar que, por lo general, los intereses detrás de la corrupción afectan las investigaciones. “Hacemos grandes investigaciones, pero encontramos que finalmente llegan a los mandos medios de estructuras corruptas o de empresas corruptas o del Estado, y ahí se terminan difuminando. Pareciera como si una investigación efectivamente hubiera cumplido su propósito y que no hubiera quedado en impunidad. Pero, en realidad, esos condenados no eran los máximos responsables”, explica.

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, pone como ejemplo a Odebrecht y explica: “No ha habido ninguna sentencia por los casos de Odebrecht, hay varios procesos abiertos, se están librando órdenes de aprehensión, o sea, prisión preventiva, pero no se ha llegado a ninguna sentencia. Los presidentes, por ejemplo, no están sentenciados”, señala.

Y Colombia no está exenta de esta serie de hechos decepcionantes, pues el referendo anticorrupción, por el que votaron cerca de 12 millones de colombianos, no fue aprobado en el Congreso y ha tenido que enfrentar una serie de trabas. A esto se suma la impunidad. El director de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández, explica que hoy se está operando con normas que fueron creadas hace muchos años, que permiten bajas sanciones, privilegios para aquellos que cooperan, pero no terminan reparando y resarciendo en su totalidad a las víctimas. “Esto se debe, en parte, a que nuestras herramientas legales están quedadas”, dice.

Pero, además de eso, la impunidad también es consecuencia de la misma corrupción que se da en el sistema judicial, de ahí que sea indispensable romper los vínculos entre política y justicia. Por ejemplo, “en Colombia, los candidatos a procurador, contralor y fiscal han tenido históricamente que llegar a acuerdos políticos para ser elegidos. Y, obvio, al llegar al poder tienen que devolver mil favores”, denuncia Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.

Es un círculo vicioso del cual es difícil salirse; sin embargo, para Gustavo Gorriti –director de IDL Reporteros, en Perú, y un reconocido periodista que ha destapado grandes escándalos de corrupción–, la manera de terminar o reducir significativamente los niveles de corrupción parte de hacerla lo menos atractiva posible para quienes buscan lucrarse con ella. “Tiene que haber una capacidad fiscal, judicial, penitenciaria sólida para terminar de investigar, juzgar, procesar y castigar esos casos. Y, además, se deben fomentar aquellas formas de organización meritocráticas, honestas, basadas en la recompensa al esfuerzo honrado”.

Si bien es necesario un sistema investigativo y judicial fuerte e independiente, los expertos concuerdan en que no es lo único. Volviendo al caso de la Cicig, no se hubiera logrado tumbar al presidente sin el apoyo de la ciudadanía y de las protestas masivas. Es decir, la inconformidad ciudadana es un poder que encaja con el investigativo y judicial. Y aquí hay otro avance.

Ciudadanía inconforme

El último informe de la organización Transparencia Internacional, el ‘Barómetro global de la corrupción’, que cuenta con un capítulo especial sobre América Latina y el Caribe, evidencia que la mayoría de los ciudadanos sostienen que sus gobiernos no hacen lo suficiente para abordarla y que, inclusive, los niveles de este flagelo aumentaron en los últimos 12 meses.

Uno de los datos más destacados es que más de la mitad de todos los ciudadanos sostienen que la corrupción está empeorando en su país (no obstante las investigaciones que se han dado) y que “el Gobierno está haciendo un mal trabajo”; más de la mitad de las personas piensan que la mayoría o todos los políticos electos y sus funcionarios son corruptos y dan preferencia a los intereses privados sobre los públicos. Y en particular son presidentes, primeros ministros y parlamentarios los considerados como más corruptos.

No es, ni mucho menos, injustificada la inconformidad de los latinoamericanos frente a este fenómeno. La corrupción es el impuesto más caro que paga la sociedad, y afecta todos los niveles socioeconómicos, sin distinción de género, raza o edad. Dificulta el crecimiento económico y la prestación de servicios públicos. En algunos casos, incluso priva a las personas de sus derechos humanos.

Pero la inconformidad no viene sola, y es ahí donde está el punto más importante: en promedio, el 77 por ciento de los latinoamericanos piensan que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. “Esta energía positiva se puede canalizar empoderando a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien los casos de corrupción y tomen medidas contra ellos”, concluye el informe de Transparencia Internacional.

El mismo ‘Barómetro’ asegura que la creciente desconfianza y decepción hacia los gobiernos ha llevado a agudizar el sentimiento de rechazo hacia la corrupción en toda la región. Pese a estas dificultades, los ciudadanos tienen un gran interés en marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción; las votaciones, las marchas son un ejemplo de ello. A fin de cuentas, las personas tienen el derecho de denunciar, exigir a los políticos que actúen con integridad y aprovechar las oportunidades de participar activamente en las decisiones y los procesos que afectan sus vidas.

Por ejemplo, la falta de integridad política amenaza con socavar los cimientos democráticos de los países latinoamericanos. ¿Cómo? Por ejemplo, en los abusos cometidos en los procesos electorales, como la compra de votos y la difusión de noticias falsas, así como en el debilitamiento de las instituciones políticas.

Gorriti asegura que las sociedades tienen que convencerse –gracias, entre otras cosas, a los avances investigativos logrados– de que ninguna de estas sociedades se convertirá en un país grande y realmente próspero si no disminuye de forma sustantiva los niveles de corrupción. “Hay una relación directa entre progreso, bienestar de sus ciudadanos, sensación de felicidad y la ausencia de corrupción. Entonces, en cuanto eso sea recibido por un número crecientemente grande de gente, eso se va a poder llevar a cabo”, explica.

Sin duda, lo que ha venido ocurriendo en la región evidencia un cambio, podría decirse que un progreso. ¿Por qué? Jeremy McDermott, director ejecutivo y cofundador de InSight Crime, explica que hay un factor cultural que se está revirtiendo: “Yo soy británico, los británicos no somos más honestos que los colombianos. Pero hay mucha menos corrupción en el Reino Unido que en Colombia. ¿Por qué? Porque hay una cultura de cero tolerancia, la corrupción está vista como algo sucio, y nadie realmente va a tolerarla. En cambio, en los países latinoamericanos históricamente ha habido mayor tolerancia”. Pero esto está cambiando. Las marchas del pasado 21 de noviembre están motivadas, entre muchas otras razones, por el aburrimiento de la sociedad de la constante corrupción e impunidad.

¿Problema cultural?

¿Cómo fortalecer esa intolerancia hacia la corrupción? Educando. Pierre Lapaque, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia, explica la imperiosa necesidad de cambiar la forma de pensar. “Los padres juegan un papel fundamental en que los niños se comporten de una forma. Deben enviar un mensaje de ‘di no a la corrupción’ ”, y pone el más claro ejemplo: si un hijo ve a su padre sobornar a un policía, la acción se puede repetir generación tras generación. “Se necesita una coherencia en la educación fuera de la casa, dentro de la casa, y que todo eso esté en relación con lo que el Gobierno quiere hacer en cuanto a la reducción de la corrupción”, señala.

Si bien es cierto que, como dicen estos expertos, se debe llegar a la base de la estructura social desde la educación para generar un cambio cultural hacia una sociedad de la honestidad, es importante tener claro que no es lo único.

El abogado Velásquez dice que “no solo a través de discursos, de recomendaciones, de educación se logra el respeto franco a la ley, sino también como en este aforismo que ha cobrado notoriedad sin ser tan cierto de: ‘el que la hace la paga’ ”.

Y es que no es una cuestión que se debe abordar únicamente desde la educación, porque si no se entendería que es cultural o, incluso, como muchos han afirmado, genético. Y no. Bohórquez, de Transparencia México, explica que es falso que la corrupción sea un problema cultural. “Quienes promueven esa idea son la clase política; en términos técnicos, eso se llama normalizar la corrupción”, afirma, y explica que uno de los grandes fanáticos del argumento culturalista era el expresidente de México Enrique Peña Nieto, quien decía frecuentemente que la corrupción era un problema de la mexicanidad.

“Al normalizar el fenómeno, ellos se vuelven menos responsables. El expresidente Peña utilizaba la expresión ‘quién esté libre de culpa que aviente la primera piedra’. Lo que hacen es que normalizan la corrupción y la vuelven parte de la cultura para que nadie diga que hay un principio de responsabilidad diferente en el Gobierno”.

A su vez, el experto sostiene que por medio de la educación se puede evidenciar, desde la raíz de la sociedad, que la corrupción es un problema, y lo mucho que cuesta y sus consecuencias. “Se forma a las personas en principios que les van a ser útiles en la vida, pero por sí sola es una herramienta”, dice.

Las consecuencias las pagamos todos. Incluso el sector privado, que debe asumir también su responsabilidad. Es decir, si hay corrupción en las entidades del Estado es porque generalmente están cometiendo el acto con privados.

Diana Valencia es investigadora de la Universidad del Rosario y publicó la investigación ‘Corrupción en Colombia: ¿cómo prevenirla?’. La tesis central es que las instituciones que están debidamente organizadas disminuyen los riesgos de corrupción o la potencialidad de captura por grupos o intereses privados. Esa prevención implica tres puntos claves, que son tener reglas claras entre los diferentes actores, contar con los funcionarios idóneos para los puestos y que se estén capacitando permanentemente, porque las normas cambian, los problemas cambian.

“Esto lleva a que pensemos y revaluemos muchas de las leyes y muchos de los dogmas que tenemos hasta el momento”, asegura la experta. Por ejemplo, revaluar la estructura autoritaria de las organizaciones en las que el jefe toma decisiones de manera autocrática, sin informar a sus subalternos. “Se deben democratizar las decisiones”, señala.

Los expertos coinciden en decir que no hay una sola fórmula, sino que son muchos los frentes desde los que se debe abordar la corrupción para o acabarla o reducirla a su más mínima expresión. Y también, en resaltar que los logros han sido muchos, que no se puede desistir y que la ciudadanía es fundamental para realmente generar un cambio.

SIMÓN GRANJA MATIAS
Redacción Domingo