“Tenemos muchos retos en la Amazonía”: Procurador general de Brasil apunta al crimen organizado y al saqueo

La protección de la selva amazónica brasileña, la reserva natural más grande del mundo y considerada el pulmón del planeta, es un desafío al que se busca hacer frente con nuevas tecnologías, recursos, y alianzas de cooperación entre países vecinos para contener la penetración del crimen organizado, el narcotráfico y bandas que saquean los recursos naturales de ese reservorio natural para el tráfico internacional, asegura el fiscal general de Brasil, Augusto Aras.

El funcionario, que realiza una visita de tres días de trabajo a Washington para intercambiar experiencias con otros funcionarios de la región reunidos durante un evento realizado en la Organización de Estados Americanos (OEA), habla con la Voz de América sobre los planes de trabajo y el impacto que ha tenido un proyecto de cobertura en la Amazonía durante su gestión de cuatro años que culminará en septiembre.

“En la Amazonía hay explotación ilegal de minerales especialmente oro y piedras preciosas (…) grupos de crimen organizado de todo el mundo utilizan la Amazonía para sacar minerales y exportarlos a Europa y otros países; además Brasil está siendo utilizado como ruta de tráfico de drogas en distintos frentes y eso ha permitido el lavado de dinero”, comenta Aras.

El fiscal brasileño sostiene que se debe hacer frente a todas esas acciones criminales que se concentran en una vasta región de millones de kilómetros cuadrados optimizando recursos e innovando con tecnología propia.

Agrega que existen “muchos retos” para proteger ese recurso natural que, según estimaciones de organizaciones defensoras del medioambiente, en la última década ha perdido alrededor de 1,6 millones de hectáreas de bosque primario, producto de talas ilegales e incendios provocados para el saqueo de bienes. Asimismo, Aras destaca que los expertos agrupados en el Panel Científico por la Amazonía (PCA) advierten de un “grave peligro” de llegar a un punto “sin retorno” para proteger la selva.

Como encargado de velar por los intereses del Estado, el fiscal explica que el proyecto de innovación para hacer frente a la defensa de la Amazonía ha llevado a transformar y reorganizar los recursos federales destinados al Ministerio Público, y transformar las unidades para una cobertura completa.

Así se han creado 27 unidades que trabajan en todo el país y coordinan acciones y transfieren información inmediata a la central para aplicar las acciones de persecución del crimen.

“En la Amazonía hemos desarrollado varias herramientas como investigación científica y con herramientas de desarrollo propio tecnológico como el georadar, que es un instrumento informático que nos permite evaluar, investigar recoger datos en segundos, horas o máximo en menos de una semana, que antes se tardaban meses, para dar información por ejemplo sobre invasiones ilegales de tierras de explotación minera sin autorización legal, tráfico de especies animales”, entre otras, explica el funcionario.

La selva amazónica brasileña abarca nueve de los 26 estados del país, más el Distrito Federal, donde se sitúa la capital, Brasilia, y en la zona selvática se comparte fronteras con países del cono sur como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, por lo que no se puede pasar por alto la cooperación con los países vecinos.

El triunfo de Luiz Inacio Lula Da Silva a fines de 2022 y su llegada a la presidencia este año han ofrecido una esperanza por el compromiso del mandatario de “frenar la destrucción” de la Amazonía que experimentó un incremento acelerado de las talas desde 2019.

Esto coincide con la gestión de su antecesor, Jair Bolsonaro, quien debilitó la protección del medio ambiente e instó en comparecencias públicas –incluso durante la campaña presidencial por su reelección- para expandir la explotación de tierras indígenas con fines comerciales.

El Observátorio do Clima, organización ambientalista brasileña, reportó que la destrucción de la selva amazónica se incrementó un 60 % durante la gestión del expresidente Bolsonaro.

El procurador Aras dice a la VOA que para encaminar todo el proyecto de combate a las redes criminales en la Amazonía y dotar de equipos modernos a las unidades creadas, no se han recibido más recursos. «Lo estamos haciendo con el mismo presupuesto», asegura, antes de señalar que para poder llegar a las zonas de actividades ilegales, no obstante: «hemos comprado helicópteros» .

Brasil encabeza la lista de los 3 países del mundo que en conjunto representan el 52 % de los bosques tropicales del mundo, seguido de República Democrática del Congo e Indonesia, estos países ya habrían iniciado conversaciones para proyectos de reforestación a gran escala.

Cooperación internacional

El fiscal general Aras asegura que para proteger la Amazonía también han avanzado en conversaciones con los vecinos del sur con los que comparte fronteras, porque las rutas del crimen organizado y tráfico de bienes fluyen de uno a otro en esos puntos. Uno de los más conocidos es la trifrontera de Colombia, Perú y Brasil.

“Hace un mes estuvimos en Argentina en un encuentro de fiscales de toda la zona y tratamos temas como el combate al crimen transnacional y de esos grupos organizados que sacan recursos de forma ilegal sin dejar ningún beneficio a los Estados, como el pago de impuestos”, rememora el jefe fiscal.

Se estima que la Amazonía, cuya superficie compartida entre seis países y las tres Guayanas, mide aproximadamente 6,7 millones de kilómetros cuadrados y absorbe unas 1,5 millones de toneladas de CO2 al año, una cifra que equivaldría a un 4 % de las que se producen por la quema de combustibles fósiles en el mundo.

No obstante la acelerada destrucción de los bosques, los incendios provocados, la incursión de granjas ilegales para crianza de ganado ha revertido el volumen, desde 2021 el llamado «pulmón del planeta» estaría emitiendo más gases de efecto invernadero de los que absorbe alertó la revista Nature.

Bajo ese panorama, Aras agrega que la prioridad para Brasil debe ser ahora ampliar y mejorar “la comunicación entre todas las dependencias del Estado” para que puedan fluir en una sola estrategia de combate a todas las formas del crimen que ponen en grave peligro a la Amazonía.

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