Militares involucrados en masacre de Putumayo deben ir ante justicia ordinaria: HRW

La investigación contra militares por el presunto asesinato de civiles durante una operativo en el Putumayo en el año 2022 debe llevarse a cabo ante la justicia ordinaria y no la militar, pidió este lunes la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un documento oficial, o «ámicus», radicado ante la Corte Constitucional.

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Eso, sostiene HRW, para que se garantice la independencia e imparcialidad del proceso contra los soldados implicados.

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El caso se refiere a la operación militar llevada a cabo en marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso, en el departamento del Putumayo, que dejó 11 muertos.

La Corte Constitucional analiza si la justicia penal militar o la justicia penal ordinaria debe adelantar la investigación. En su momento, el gobierno del entonces presidente Iván Duque dijo que la operación se ajustó al Derecho Internacional Humanitario, que fue dirigida contra un grupo armado ilegal conocido como Comandos de la Frontera y que los muertos eran “criminales”.

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Plantón en Fiscalía por operación en Alto Remanso

Plantón de víctimas y organizaciones en la Fiscalía por operación en Alto Remanso.

Foto:

Oficina de prensa de Andrés Cancimance

Sin embargo, con posterioridad, HRW y otras organizaciones de derechos humanos determinaron que las víctimas eran civiles.

“Las autoridades colombianas deberían transferir el caso a la justicia penal ordinaria y garantizar justicia para los habitantes de Alto Remanso. Los fiscales también deberían investigar los aparentes intentos por encubrir estas muertes y el gobierno debería poner en marcha la prometida reforma al sector seguridad para evitar abusos similares en el futuro”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas en Human Rights Watch.

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Los fiscales deberían investigar los aparentes intentos por encubrir estas muertes.

En mayo, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputaría a 25 miembros del Ejército en relación con las muertes. Pero antes de que los fiscales presentaran la imputación, los abogados de la defensa pidieron transferir el expediente a la justicia penal militar, lo que originó el conflicto de competencia ante la Corte Constitucional.

HRW, en un comunicado de prensa expedido este lunes, dice que pocos días después de los sucesos miembros de la organización visitaron Putumayo y entrevistaron a víctimas, sus familiares y testigos, así como a fiscales locales y otras autoridades.

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Así mismo, solicitó información al Ejército, revisó notas de periodistas y se reunió con el entonces jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército, brigadier general Óscar Alexander Tobar.

Masacre El Tigre

El puente que fue escenario de barbarie en el Valle del Guamuez, hoy es el Puente de la Memoria. Allí, rendimos, junto a las mujeres del Putumayo, un homenaje a las víctimas.

Foto:

Cortesía Fondo Europeo para la Paz

«El Ministerio de Defensa dijo que la operación tenía como objetivo detener o dar de baja a “Bruno”, uno de los comandantes de Comandos de la Frontera. Sin embargo, “Bruno” no se encontraba en la fiesta comunitaria que el Ejército atacó, según fiscales que investigan el caso y testigos. El Ejército utilizó fuerza letal de manera intencional, incluyendo francotiradores, causando la muerte de 11 personas, entre ellas al menos cuatro que no eran miembros de Comandos de la Frontera y estaban desarmadas”, sostiene HRW.

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SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68

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