El panorama político en Guatemala se ha tornado turbulento tras la reciente victoria electoral de Bernardo Arévalo de León. El Ministerio Público (Fiscalía) del país, liderado por la fiscal general Consuelo Porras, ha lanzado un nuevo caso contra el presidente electo, cuestionando la legitimidad de su victoria en las elecciones del 20 de agosto y solicitando el retiro de su inmunidad.
Este movimiento se suma a una serie de acciones judiciales iniciadas desde el 12 de julio, en un intento por revertir los resultados electorales.
La Fiscalía ha declarado que las elecciones ganadas por Arévalo de León son inválidas, citando supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral. Según la fiscal Leonor Morales, las actas electorales utilizadas en los comicios son nulas de pleno derecho, ya que no fueron autorizadas inicialmente por el Tribunal.
Esta declaración ha generado una ola de controversia, con la abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Zeceña, refutando la autoridad del Ministerio Público para anular las elecciones.
Además, se han levantado acusaciones contra Arévalo de León y su partido, Movimiento Semilla, por supuestas firmas falsas en su inscripción en 2018, así como por recibir aportes financieros no declarados y un presunto caso de lavado de dinero de 44.000 dólares. Estas acusaciones han llevado a una solicitud de retiro de inmunidad también contra el diputado Samuel Pérez, miembro del partido.
En respuesta a estas acciones, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha condenado lo que considera un «intento de golpe de Estado» por parte del Ministerio Público. El secretario general Luis Almagro ha instado a las autoridades guatemaltecas a actuar contra los responsables de este «atentado contra el orden constitucional».
Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, bajo la presidencia de Blanca Alfaro, ha garantizado la victoria de Arévalo de León, afirmando que los resultados de los comicios están firmados y certificados. Sin embargo, han reconocido que una sentencia contraria de la Corte de la Constitucionalidad podría anular su decisión.
Este conflicto llega en un momento crítico, con la visita de senadores estadounidenses bipartidistas a Guatemala para observar el proceso electoral y abogar por el respeto al estado de derecho en la región. Arévalo de León, por su parte, ha participado en una marcha con autoridades indígenas en la Ciudad de Guatemala, exigiendo respeto a los resultados electorales y a la democracia.
La situación en Guatemala se encuentra en un punto de inflexión, con la comunidad internacional observando de cerca. Arévalo de León está programado para asumir la presidencia el 14 de enero, sucediendo al actual mandatario Alejandro Giammattei, en un contexto de creciente tensión y desafíos a la legitimidad democrática.*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista.
