Justicia argentina les dice no a sindicatos, mientras Milei sigue su plan de reformas
La Justicia de Argentina rechazó este miércoles la medida cautelar planteada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado el pasado 20 de diciembre por el presidente Javier Milei.
El juez laboral José Ignacio Ramonet denegó la apertura del proceso solicitado por la agrupación sindical más importante del país argumentando que el DNU, aunque fue sancionado por el mandatario, todavía no ha entrado en vigor, de manera que no se pueden establecer medidas cautelares.
La iniciativa de la CGT, planteada ante la Corte Suprema, buscaba que la Justicia declarara inconstitucional el decreto para de ese modo detener las reformas laborales incluidas en él, las cuales consideran inconstitucionales. Una vez que entre en vigor, previsiblemente el viernes, la CGT podrá volver a presentar su recurso de amparo.
Ramonet se declaró competente para entender de la causa si la CGT insiste en su pretensión de recurrir el controvertido DNU, que se ha topado con diversos escollos en tres frentes diferentes: político-parlamentario, social y judicial.
(Lea también: Javier Milei, el libertario que ya hizo historia en Argentina)
En el plano político, Milei y sus correligionarios tendrán que buscar apoyos en la Cámara de diputados y en el Senado, donde se deberá aprobar la batería de más de 300 reformas que componen el DNU desregulador. El desacuerdo con las formas del decreto por parte de una facción de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio podría poner en riesgo la operación política que parece más sencilla para Milei.
El presidente adelantó el martes en una entrevista en el canal LN+ que llamará a un plebiscito nacional en el caso de que los legisladores no aprueben el DNU.
Javier Milei, presidente de Argentina.
En las calles, la oposición a las medidas se ha traducido en la convocatoria de varias marchas y movilizaciones multitudinarias, la última de las cuales tuvo lugar este miércoles, con una concentración frente a la Corte Suprema de la Nación –donde la CGT presentó su recurso– y transcurrió sin incidentes.
En el plano judicial, el rechazo del magistrado Ramonet es tan solo una respuesta a uno de los recursos de amparo presentados. Quedan pendientes más de una decena de amparos presentados por diversas organizaciones sociales y sindicales en diferentes tribunales del país.
(Puede leer: El paquete de reformas que anunció Javier Milei para ‘reconstruir economía’ argentina)
Mientras la justicia rechazaba la solicitud de los trabajadores, miles de personas se manifestaban. Al grito “la patria no se vende” y con banderas argentinas los manifestantes respaldaron el petitorio que las centrales sindicales entregaron a la justicia.
“No cuestionamos la legitimidad del presidente Milei, pero queremos que respete la división de poderes. Los trabajadores tienen la necesidad de defender sus derechos cuando hay una inconstitucionalidad”, dijo a la prensa Gerardo Martínez, secretario general del sindicato de la construcción, uno de los que encabezó la manifestación frente al Palacio de Tribunales en Buenos Aires.
Protesta contra el Gobierno del presidente Javier Milei en Buenos Aires.
Organizaciones sociales también se adhirieron a la movilización. “Venimos a decirle no al decreto porque se lleva puesto a uno de los poderes del Estado, el Congreso”, dijo a la AFP Adrián Grana, uno de los manifestantes para quien la iniciativa presidencial “es un decálogo para favorecer a los poderosos en desmedro del pueblo”.
Con todos los trabajadores en contra, y la amenaza de que unos 7.000 pierdan sus puestos de trabajo por causa del decreto, el gobierno Milei continúa con su plan y envió este miércoles al Congreso el proyecto de ley para declarar la emergencia económica y en otros muchos ámbitos en Argentina hasta finales de 2025.
(Además: ‘El que corta no cobra’: Argentina quitará ayuda a quienes bloqueen vías en protestas)
La iniciativa implica la delegación de funciones al Ejecutivo en virtud de la declaración de “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, indica el controvertido proyecto.
La propuesta de ley de “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei, quien asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre.
Manifestación contra el nuevo gobierno de Javier Milei.
El Ejecutivo alega que este proyecto se promueve “con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853”.
El mandatario, cuya formación de derecha tiene una representación minoritaria en el Parlamento, ya había firmado la semana pasada un decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía, incluyendo la derogación de varias leyes, que ha desatado estas protestas y es objeto de reclamaciones ante la Justicia.
El proyecto de ley presentado incluye, entre otros puntos, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras.
*Con AFP y EFE