Matanzas en Colombia no se reducen, las cifras igualan a las de 2022  

El número de matanzas registradas en Colombia durante 2023 ya igualó la cifra documentada de 2022, que fue de 94, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una organización sin ánimo de lucro que se encarga de reportar el número de muertes de líderes sociales en el país.

A pocos días de finalizar el año, el número de matanzas en Colombia no disminuye. La más reciente ocurrió en el municipio de Mosquera, a las afueras de Bogotá, donde en una finca de esa localidad se encontraron los cuerpos de tres hombres, todos ellos de una misma familia, que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 23 de diciembre.

En los últimos años, la cifra de matanzas se ha mantenido casi igual desde 2020, cuando se reportaron 91, 95 en 2021 y 94 el año pasado.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la situación que no se ha podido reducir bajo su mandato, y de la que fuera una de sus promesas de campaña de aminorar este fenómeno de violencia.

“No me gusta este cuadro, es el número de masacres realizadas por año”, escribió el mandatario en X, antes Twitter, tras una gráfica publicada por Cambio Radical, uno de los partidos políticos de oposición a su gobierno.

Además, agregó: “La cifra del 2023 muestra que se detuvo el crecimiento, pero no me gusta para nada. Esa curva debe disminuir sustancialmente en mi gobierno”.

Los pequeños grupos criminales son quienes más cometen estos crímenes.

Según Leonardo González, director de Indepaz, el mayor número de mastanzas las están cometiendo pequeñas organizaciones criminales que se disputan los corredores, expendio de narcóticos y otras actividades ilegales como el hurto.

La política de paz total del presidente Petro se ha centrado especialmente con una incidencia fuerte en los diálogos con los grandes grupos, el ELN y las disidencias de las FARC, pero no ha tenido la misma repercusión con las pequeñas bandas, que están siendo tercerizadas y quienes están cometiendo la gran mayoría de las masacres”, explicó González en diálogo con la Voz de América.

“De estos 94 casos se tiene conocimiento como autoría el 30 % por parte de los grupos de alto impacto, es decir, grupos grandes como el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central, el ELN, la Segunda Marquetalia y el otro 70 % son de las pequeñas bandas que especialmente tienen un negocio de microtráfico”, añadió.

Las regiones con más casos registrados

Los departamentos en los que se han registrado mayores matanzas en 2023 y que han dejado más de 300 víctimas, son Valle del Cauca (13), Antioquia (12), Atlético (9) y Cauca (9), en esta última región operan la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC conocida como el Estado mayor Central, a quien el gobierno responsabilizó el 23 de diciembre de la masacre cometida en ese territorio contra cinco indígenas.

Con este panorama, la Procuraduría de Colombia le solicitó al ejecutivo “tomar” medidas frente a la escalada de masacres y desarrollar una “estrategia” de seguridad para garantizar “garantizar la vida e integridad de la población civil, en todo el territorio nacional”.

“Estos hechos de violencia, que vienen incrementando con el pasar de los días, hacen necesaria la intervención de la entidad que represento en aras de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad que tienen todas las personas que habitan el territorio nacional”, dijo Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos.

En ese sentido, para Leonardo González, el gobierno debe adoptar diferentes mecanismos de protección con la participación de las comunidades para limitar las acciones de las organizaciones armadas a quienes se les responsabiliza de cometer los crímenes.

“Aquí lo importante es que el gobierno escuche a las comunidades, muchas de ellas tienen sus propios mecanismo de autoprotección, como las comunidades indígenas y cimarronas. Todo el estado en su conjunto debe ir encaminado a tener una acción mucho más amplia y fortalecida con todas las instituciones, eso es lo que se necesita en este momento y no acciones puntuales sin una coordinación”, detalló González a la VOA.

Colombia, que vive un conflicto armado interno de más de seis décadas con enfrentamientos entre guerrillas, grupos paramilitares, bandas criminales y narcotraficantes, busca a través de la política de ‘paz total’ un fin definitivo al conflicto.

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