El intenso año que le espera al nuevo presidente de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo tomó posesión de su cargo pasada la medianoche del 15 de enero, tras una serie de caóticos retrasos. Sus oponentes en el Congreso intentaron ganar tiempo para mantener el control de la Comisión de Dirección de la Cámara, pero tras horas de drama, el partido Semilla de Arévalo se puso a la cabeza de una coalición mayoritaria.

Este tumultuoso comienzo del mandato de Arévalo indica los retos que le esperan a su ambicioso programa anticorrupción en un año que probablemente será tan turbulento como el anterior. Habrá oportunidades, pero con la sensación de que hay trampas a la vuelta de cada esquina.

En la semana anterior a la toma de posesión, un juez del Tribunal Constitucional pidió protección frente a amenazas de muerte. Un tribunal dictaminó que cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral debían ser detenidos. Un exministro del Interior fue sacado de su casa por la Policía y desde la cárcel dijo que fue porque se negó a disparar en las masivas protestas de octubre en apoyo de una transición democrática.

“No permitiremos que nuestras instituciones vuelvan a ser vencidas por la corrupción y la impunidad”, dijo Arévalo en su discurso inaugural. “Ahora tenemos la oportunidad histórica de revertir décadas de abandono estatal y deterioro institucional”, agregó.
No será tarea fácil. Años de corrupción han corrompido las instituciones del país desde dentro, dijo Alexánder Aizenstatd, abogado constitucionalista en Ciudad de Guatemala. “No solo no cumplen sus funciones, sino que violan activamente los derechos de las personas”, dijo.

Pero Arévalo y su partido están decididos a atacar las raíces de esta degradación. La oposición a Arévalo fue tan intensa porque prometió continuar la tarea inacabada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cerrada después de que reveló corrupción a escala masiva, implicando a todos, desde políticos y élites empresariales hasta sindicatos y líderes religiosos y universitarios. El jefe de la Cicig era Iván Velásquez Gómez, hoy ministro de Defensa de Colombia, quien tiene prohibida la entrada a Guatemala, tras revelar un informe sobre los peligrosos tentáculos de la corrupción en ese país, y luego de que el presidente de entonces, Jimmy Morales, decidió acabar con la Comisión.

No permitiremos que nuestras instituciones vuelvan a ser vencidas por la corrupción y la impunidad

Esas redes de corrupción que lograron expulsar a la Cicig en 2019 han hecho metástasis durante décadas y parecían tener firmemente el control de las elecciones de 2023.

Inhabilitaron a los candidatos del “cambio” que percibieron como amenazas y encarcelaron o forzaron al exilio a decenas de periodistas y fiscales y jueces anticorrupción.

Pero dejaron en paz a Arévalo porque nunca registró más del 2 % antes de la primera vuelta de las elecciones. Mientras las autoridades se aferraban al poder con más fuerza que nunca, el voto del cambio se había aglutinado silenciosamente en torno a él. La forma en que Arévalo llegó a la presidencia a pesar de los obstáculos –mediante una combinación de manifestaciones masivas lideradas por organizaciones indígenas, la presión internacional y su propio estilo tranquilo y conciliador que busca el acuerdo por encima del conflicto– es motivo de optimismo.

Mientras tanto, el éxito de la votación de Semilla en el Congreso realineó la legislatura, fracturando a los dos principales partidos tradicionales y ofreciendo la esperanza de que pueda cooperar con Arévalo.

Este dramático realineamiento significa que la agenda legislativa de Semilla (el partido de Arévalo) puede tener una oportunidad, dijo Inés Castillo, miembro del Congreso durante tres mandatos y expulsada del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por romper filas. “UNE, Vamos, todos estos partidos han actuado en función del financiamiento electoral de los grupos poderosos que hacen negocios con el Estado… Hoy, Guatemala tiene la oportunidad de efectuar una agenda legislativa a través de legisladores que sean más independientes”, dijo a ConCriterio. Y añadió: “Esto es histórico”.

Le espera un año difícil 

Más allá de la agenda legislativa inmediata de Semilla, centrada en leyes para regular el uso del agua del país, acabar con los monopolios y reducir los precios de los medicamentos, la capacidad de Arévalo para llevar a cabo un cambio estructural dependerá de tres frentes clave: las reformas del sistema de contratación pública, en el centro de una serie de escándalos de corrupción; la recuperación de la Fiscalía General; y los nombramientos para las altas cortes.

Las reformas de la contratación pueden ofrecer a Arévalo la mejor oportunidad de conseguir mejoras concretas en la calidad de vida.

Si consigue que el gasto sea más transparente y eficiente, especialmente en infraestructuras y sanidad, los ciudadanos verán mejores carreteras y más medicamentos en las estanterías de los hospitales antes de que acabe el año. También podría aumentar la inversión privada en el país.

Los otros dos frentes son más espinosos. La Fiscalía General está controlada por Consuelo Porras, sancionada por EE. UU. por “corrupción significativa” (ella niega haber actuado mal). También fue sancionada por la Unión Europea el 2 de febrero, por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente. Su segundo mandato como fiscal (2022-26) ha producido una serie de decisiones que han socavado las investigaciones contra la corrupción.

Los procesamientos de Odebrecht en Guatemala son un caso de estudio de impunidad; los fiscales que enviaron a funcionarios corruptos a la cárcel fueron ellos mismos encarcelados u obligados a abandonar el país. Arévalo no tiene autoridad constitucional para destituirla y aunque ha tratado de pedirle que dimita, la funcionaria se ha negado a un encuentro oficial con el presidente. Puede que lo consiga privándola de recursos. Si dimite, es probable que Arévalo tenga que elegir a su sustituto entre los otros cinco candidatos aprobados por una comisión en 2022, una lista que incluye opciones relativamente limpias.

Mientras, para este 2024 está previsto que se produzcan importantes cambios en el sistema judicial, del orden de 250 nuevos nombramientos judiciales, incluidos los 13 puestos del Tribunal Supremo. Se trata de una gran oportunidad para la reforma, pero los nombramientos proceden del Gremio Nacional de Abogados, acosado a su vez por acusaciones de corrupción, y deben pasar por el Congreso.

El reto clave de Arévalo

Esta batalla será lenta, y su resultado dependerá de si Arévalo puede aplacar las tensiones dentro de sus diversas coaliciones sociales y en el Congreso. Este será su reto más importante. Los líderes del sector privado y las organizaciones indígenas de base tienen visiones muy diferentes de cómo debe ser el desarrollo, y esta es solo una de las muchas líneas de fractura precarias.

Pero la buena noticia es que Arévalo hereda una economía que crece de forma fiable por encima del 3 % anual y que el público –bien consciente de los obstáculos a los que se enfrenta debido a la espectacularidad de los últimos meses– probablemente perdone un progreso lento siempre que vaya en la dirección correcta. También ha moderado sus propuestas económicas y ha incluido en su Gabinete a representantes de poderosos grupos de presión del sector privado para mantener una relación positiva con ellos.

La singularidad del momento parece apuntar a favor de Arévalo. Los votantes guatemaltecos, verdaderamente descorazonados por un statu quo que mantiene a la mayor parte del país en la pobreza, exigieron una gran ruptura. Pero su ruptura fue democrática y pacífica, y no dio la presidencia a un autócrata o a un populista, como han hecho tantos otros pueblos descorazonados, sino a un conciliador radical con fama de razonable.

Esto hará que a los antagonistas de Arévalo les resulte especialmente difícil movilizar a la oposición. Aun así, es probable que este año sea, como lo fueron los últimos seis meses, una lucha semana a semana.

CLAUDIA MÉNDEZ ARRIAZA (*)
AMERICAS QUARTERLY
CIUDAD DE GUATEMALA

(*) Es directora editorial de ‘ConCriterio’. Ha sido reportera de investigación en Guatemala durante 25 años.

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