La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez Uribe, salió al paso de las denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la misión diplomática y anunció que acudió a la Fiscalía para pedir que se esclarezcan los señalamientos y una supuesta filtración de información que, según ella, podría haber sido “falsa o tergiversada” desde la Cancillería.
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La respuesta de la diplomática se conoció este domingo 16 de agosto, diez días después de que Caracol Radio reveló una investigación interna de la Cancillería relacionada con más de 500.000 dólares (unos 1.500 millones de pesos) pendientes de legalización y otras inconsistencias en la ejecución de recursos de la misión diplomática de Colombia en Haití.
El informe de ese medio, publicado el 6 de agosto, señaló que la revisión adelantada por la Cancillería saliente habría encontrado movimientos financieros con soportes insuficientes, dificultades para establecer la destinación de algunos pagos, retiros en efectivo y cheques cuya justificación estaba siendo revisada.
Entre los hechos reportados por la excanciller Rosa Villavicencio también estaba un cheque presuntamente girado desde una cuenta de funcionamiento de la embajada hacia una cuenta personal de Velásquez.
Velásquez, sin embargo, negó desde el comienzo haber recibido o administrado los 500.000 dólares y rechazó que hubiera transferido recursos de la misión a sus cuentas personales. “Aquí nunca han entrado quinientos mil dólares. Yo soy la gestora del gasto y todo está documentado”, dijo la embajadora el 6 de agosto en entrevista con 6AM de Caracol Radio.
Vilma Rocío Velásquez cuando se posesionó como cónsul en Puerto Príncipe, Haití. Foto:Cortesía
En esa misma conversación aseguró que las autoridades podían revisar sus cuentas personales y las de la representación diplomática para comprobar que no había recibido dinero de la misión.
En el comunicado publicado el domingo, Velásquez mantuvo esa posición y planteó otra explicación para las inconsistencias que están bajo revisión. Según la embajadora, una cosa son los documentos y procesos administrativos que están pendientes de legalización y otra muy distinta que haya existido una pérdida o apropiación de recursos públicos.
“La existencia de asuntos administrativos o documentales pendientes no puede confundirse con la pérdida o apropiación de recursos públicos”, sostuvo.
Para explicar por qué se presentaron esos problemas, Velásquez aseguró que durante los tres años que ha estado al frente de la misión informó a la Cancillería, en al menos 60 comunicaciones, sobre las dificultades administrativas de la embajada, especialmente por la falta de personal especializado.
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Según su versión, esa situación hizo que tuviera que asumir tareas relacionadas con la administración de los recursos, además de sus funciones diplomáticas y consulares.
Velásquez sostiene, además, que en ocasiones utilizó dinero de su propio bolsillo para cubrir necesidades de la embajada cuando no había recursos disponibles en el presupuesto. Según dijo, destinó dinero para gastos como fotocopias, equipos de oficina y programas de cooperación.
Por eso, pidió nuevamente a la Cancillería que envíe personal especializado para revisar y organizar las cuentas, cargarlas al sistema SISE y entregar el archivo institucional y diplomático de la misión.
“He acudido a la Fiscalía para solicitar el esclarecimiento de estas acusaciones y de una posible filtración y divulgación de información falsa o tergiversada desde el interior de la Cancillería”, señaló.
La embajadora, sobre quien recae un proceso disciplinario en la Cancillería, también manifestó que no renunciará al cargo mientras se aclara la situación, pues argumenta que debe permanecer en la embajada para ejercer su derecho a la defensa.
Velásquez fue nombrada por el expresidente Gustavo Petro. Foto: AFP
Si Velásquez no quiere irse, ¿qué pasa con el cargo?
El pasado 14 de agosto, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció la declaratoria de insubsistencia de cinco embajadores que no presentaron la renuncia protocolaria solicitada por la nueva administración.
Entre ellos se encuentra Velásquez, junto con los embajadores Guillermo Reyes, ante Suecia; Yennifer Parra, ante Turquía; Juan Manuel Corzo, ante Paraguay, y William Sidney Bush, ante Trinidad y Tobago.
La Presidencia explicó que la mayoría de los embajadores presentó su renuncia y dejó sus cargos a disposición del nuevo mandatario.
En los cinco casos mencionados, al no producirse esa renuncia, el nuevo gobierno inició el proceso de declaratoria de insubsistencia. Dichos decretos aún no se conocen, pero están en trámite.
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Cabe mencionar que el Decreto Ley 274 de 2000 establece que, cuando un embajador es desvinculado por insubsistencia, cuenta con un plazo de dos meses para dejar el cargo y regresar a Colombia.
Por eso, la decisión de Velásquez de no presentar su renuncia no significa que pueda permanecer indefinidamente como embajadora.
Lo que está pendiente es que se formalice el decreto y se surta el procedimiento correspondiente. Mientras eso no ocurra, continúa siendo la titular de la misión.
Los antecedentes de Velásquez
El caso de Velásquez también tiene un antecedente disciplinario. En mayo de este año, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en su contra y ordenó su suspensión provisional por una presunta participación indebida en política durante las elecciones presidenciales.
La actuación estuvo relacionada con unas declaraciones entregadas por la diplomática a un medio de comunicación haitiano, en las que se refirió favorablemente al entonces candidato presidencial Iván Cepeda.
“La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda del Pacto Histórico”, dijo la embajadora durante una entrevista con Wendell Theodore, uno de los periodistas más conocidos de Haití.
El presidente, Abelardo De La Espriella. Foto: Néstor Gómez. El Tiempo
Para la Procuraduría, esas manifestaciones debían ser examinadas a la luz del deber de neutralidad que tienen los servidores públicos frente a los procesos electorales. Velásquez, por su parte, sostiene que las investigaciones en su contra hacen parte de una supuesta persecución dentro de la Cancillería.
Los cuestionamientos a su gestión se suman a la polémica que acompañó su llegada a la diplomacia colombiana. Su nombramiento como embajadora generó críticas debido a que no contaba con estudios ni experiencia formal en el campo diplomático. Su trayectoria profesional, de hecho, se había desarrollado principalmente en el arte y la joyería.
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Velásquez es magíster en Bellas Artes de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Allí desarrolló una carrera como joyera y artista y participó en organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Su vínculo con Haití se fortaleció después del terremoto de 2010 y, entre 2015 y 2023, estuvo vinculada a una empresa dedicada a proyectos de agroecología en Jacmel.
Esa experiencia en el país caribeño fue uno de los antecedentes de su posterior llegada al servicio diplomático. Primero fue nombrada cónsul en Puerto Príncipe, cargo desde el cual recibió fuertes cuestionamientos de familiares de los colombianos detenidos en Haití por su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Posteriormente, en julio de 2025, fue designada embajadora de Colombia en Haití.
CAMILO A. CASTILLO – Subeditor Internacional – X: (@camiloandres894)
