Territorio desconocido. En eso entró Estados Unidos este martes luego de que el expresidente Donald Trump acudió a una corte en el Sur de la Florida donde fue llamado para que responda por los 37 cargos que elevó en su contra el fiscal especial Jack Smith en un caso que tiene dividido al país y que gira en torno a la supuesta sustracción ilegal de documentos clasificados cuando Trump abandonó la Casa Blanca en enero del 2021.
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De entrada, se trata de una hito en la historia del país, pues es la primera vez que la autoridades federales acusan de una conducta criminal a una persona que fue elegida para encabezar la nación como presidente. Pero más aún porque el acusado en este caso se perfila como el más probable ganador de las elecciones primarias del partido republicano y, por lo tanto, con amplias opciones de volver a la Oficina Oval.
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De traje oscuro y corbata roja, y en medio de las protestas de varios centenares de sus simpatizantes que llegaron hasta la Corte para denunciar una cacería de brujas contra su líder, Trump fue arrestado brevemente y luego llevado ante el juez Jonathan Goodman para la lectura de cargos.
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El exmandatario enfrenta 37 cargos por mal manejo de documentos clasificados.
Como habían anticipado sus abogados, el exmandatario se declaró no culpable durante esta audiencia preliminar, que es la que da inicio al proceso formal en su contra. En la audiencia, como sucede normalmente en este tipo de citas, se discutieron los términos y condiciones para dejarlo en libertad mientras avanza el proceso.
Dado que se trata de un expresidente, que ya de por sí es custodiado por el Servicio Secreto, no se le exigió el pago de una fianza o la confiscación del pasaporte para impedir su salida del país.
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El juez, sin embargo, sí lo previno de entrar en contacto con potenciales testigos del caso o declaraciones públicas que entorpezcan el proceso. El caso pasará ahora a manos de la juez Aileen Cannon, oriunda de Colombia, que fue asignada de manera fortuita para encabezar las diligencias, pero cuya designación genera polémica.
En la audiencia de este martes estuvo presente el fiscal especial Smith, quien volvió a insistir que las leyes por las que se rige EE. UU. aplican para todos. “Las leyes que protegen nuestra defensa nacional son críticas para la seguridad y deben ser cumplidas. Violaciones a estas leyes ponen a nuestro país en riesgo”, dijo Smith.
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Según los fiscales, entre los documentos que Trump sustrajo de la Casa Blanca y luego fueron recuperados había uno sobre el armamento nuclear de EE. UU. y otro que describe las “capacidades nucleares de un país extranjero”.
Así mismo, un informe de inteligencia de la Casa Blanca de 2018, comunicaciones con un líder extranjero, documentos sobre operaciones contra las fuerzas estadounidenses entre enero y marzo de 2020, actividades militares y ataques.
Trump, según la acusación, no solo almacenó los documentos a la ligera -en un baño, un salón de baile y hasta su dormitorio en su residencia de Mar-A-Lago -sino que los compartió con otras personas que tampoco contaban con autorización para verlos.
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La caravana que transportaba al expresidente estadounidense Donald Trump llegando al juzgado federal de Miami.
Pero quizá lo más grave de la acusación son los cargos que le elevan por obstrucción a la justicia. Según el fiscal, el FBI intentó por meses que Trump devolviera los documentos de manera voluntaria, pero sus esfuerzos fueron bloqueados de manera repetida y dolosa por el exmandatario y su personal de confianza.
Muy diciente es el hecho de que el fiscal no le elevó cargos por la sustracción de documentos clasificados sino por el uso que le dio a ellos (compartirlos) y por obstruir la justicia cuando intentaron recuperarlos. En otras palabras, probablemente nada de esto hubiese sucedido si el expresidente los hubiese devuelto cuando le fueron solicitados.
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El caso de Florida es solo uno entre los varios enredos jurídicos que tiene Trump. En marzo, un fiscal en Nueva York lo acusó formalmente por ocultar los pagos a una actriz porno con la que habría tenido una relación para evitar que contara la historia en víspera de las presidenciales del 2016.
Simpatizantes del expresidente lo recibieron a su llegada al tribunal federal.
Y se espera que muy pronto la fiscalía de Georgia le eleve cargos también por tratar de interferir en el proceso electoral en este estado durante los comicios del 2020.
De acuerdo con Eric Langer, profesor de historia en la Universidad de Georgetown, los procesos demuestran que en EE. UU. la justicia aplica para todos y que ser expresidente no es un permiso para violar la ley.
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Sin embargo, los simpatizantes de Trump y al menos unos 60 miembros del partido republicano creen que lo que está en marcha es una vendetta política de los demócratas para impedir su retorno a la Casa Blanca. “Lo que estamos presenciando hoy es el uso flagrante del sistema judicial con objetivos políticos”, dijo Alina Habba, una de sus abogados.
El propio Trump atizó en la noche de este martes esa versión al calificar de “abuso de poder malvado y atroz” la inculpación. Ante partidarios reunidos en su club de golf de Nueva Jersey, calificó al presidente estadounidense, Joe Biden, de “corrupto” y le acusó de arremeter contra “su principal adversario político”. “Es injerencia electoral”, afirmó.
Tanto el proceso iniciado este martes como los otros casos pendientes avanzarán de ahora en adelante por dos vías paralelas, pero muy entrelazadas: la jurídica y la política. La primera, con sus propios tiempos, probablemente culminará en juicios contra el expresidente que serán resueltos por lo que defina un jurado tras escuchar a las partes. Se estima que podrían pasar unos 18 meses antes de que se llegue a un veredicto.
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Con esto se vuelve el centro de atención y se mantendrá en el corazón de las noticias lo cual lo favorece para derrotar a sus rivales en las primarias.
El caso en la Florida, quizá el más serio de todos, contempla penas de prisión hasta de 30 años. Pero nada en la ley estadounidense impide que Trump continúe en la campaña presidencial. De hecho, la constitución tampoco bloquea la posibilidad de que el expresidente se posesione y gobierne aún si es hallado culpable.
Algo que bien podría pasar, pues los casos podrían resolverse hacia el tramo final de las presidenciales del 2024. No obstante, los cargos en su contra y una posible sentencia condenatoria no desaparecerían así Trump conquiste de nuevo la Casa Blanca y menos aún si termina perdiendo.
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Aún así, en la arena política las cosas tendrán otra dinámica.
De acuerdo con Langer, lo más probable es que Trump se vea favorecido por los procesos en su contra, al menos durante las elecciones primarias.
“Con esto se vuelve el centro de atención y se mantendrá en el corazón de las noticias lo cual lo favorece para derrotar a sus rivales en las primarias. De hecho, tras el proceso en Nueva York su imagen entre los republicanos mejoró. Pero creo que cuando llegue a la elección general pagará el costo, pues los votantes independientes, algunos republicanos y todos los demócratas no querrán a una persona condenada de presidente”, dice el analista.
Pero para eso aún falta todavía mucho camino por recorrer y cualquier cosa podría pasar.
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SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68
