Sin mostrar las actas de votación del 28 de julio ni el material evaluado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales, con lo que convalida el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que casi un mes después tampoco ha mostrado los resultados.
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Los venezolanos sabían de antemano cuál sería la sentencia del alto tribunal, que, legalmente, no tiene atribución para una sentencia de ese tipo debido a que al formar parte del poder judicial estaría tomando el lugar del poder electoral representado en el CNE. Lo que deja claro una vez más la falta de separación de poderes en Venezuela.
El decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, ya había advertido que cualquier sentencia sería nula “porque ellos (el tribunal) no son competentes para conocer de ese procedimiento (…) Esta sentencia es inexistente en el mundo jurídico, los abogados decimos ‘es nula de nulidad absoluta’”, declaró a La Voz de América.
Ya Aptiz había advertido en diálogo con EL TIEMPO que sería casi impensable una entrega del poder por parte del chavismo, a pesar de que los resultados electorales le darían la victoria a la oposición.
No son competentes para conocer de ese procedimiento (…) Esta sentencia es inexistente en el mundo jurídico, los abogados decimos ‘es nula de nulidad absoluta
El Tribunal “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide”, rezó la sentencia que leyó Caryslia Rodríguez, presidenta de la máxima corte y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Esta decisión no sorprendió a nadie. Ya María Corina Machado y Edmundo González, lideresa de la oposición y candidato presidencial, respectivamente, lo habían advertido el miércoles y lo calificaron de una “maniobra judicial” que no aceptarían.
Nicolás Maduro y la oposición, liderada por Corina Machado y Edmundo González.
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Por otro lado, Naciones Unidas también había advertido sobre lo que se avecinaba. “La Misión de Determinación de los Hechos sobre este país (Venezuela) alerta sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones (TSJ y CNE).
Este entramado lo que hace es profundizar la crisis política en Venezuela. Para el excandidato presidencial Henrique Capriles, la postura del TSJ “reafirma a su vez la gravísima situación institucional que profundiza la desconfianza de la gran mayoría de los venezolanos en el sistema de administración de justicia”.
Pero en el plano internacional, el Gobierno de Maduro se encamina de nuevo hacia una espiral de rechazo y aislamiento, el cual había sido sorteado de momento por las mediaciones de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, quienes llevan más de una semana de silencio en vista de la negativa del chavismo de aceptar su derrota y tras la nula aceptación a su sugerencia de repetir elecciones o instalar un régimen de coalición.
Reacciones internacionales al anuncio
Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró que la sentencia del TSJ “confirma el fraude” de Maduro. Gabriel Boric de Chile, tildó de “infamia» la sentencia del TSJ y acusó a Maduro de haber “asesinado la democracia” (véase nota alterna). Por otro lado, senadores de Estados Unidos instaron al presidente Joe Biden a que “niegue las solicitudes de visas a los dictadores Díaz-Canel y Maduro” para asistir a la Asamblea General de la ONU. También la embajadora de EE. UU. en Guyana pidió al Caricom que apoye la “democracia” en Venezuela. Por su parte la ONU dijo estar dispuesta a mediar si hay acuerdo y petición de todas las partes: “Nuestros buenos oficios siempre están disponibles”.
Pero nada de eso parece importar al chavismo, que controla todas las instituciones, incluyendo la Fuerza Armada Nacional, la cual se pronunció para “acatar” el fallo judicial.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, estrechando la mano de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Rodríguez.
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Todo esto conduce a una encrucijada para la oposición, además de un nuevo camino de persecución, ya anunciado por el mismo TSJ, pues su presidenta pidió al fiscal general, Tarek William Saab, determinar los responsables de usurpar funciones, así como de “forjar” las actas subidas a la web resultadosconvzla.com.
Además, el TSJ declaró en desacato a González por su negativa a acudir a las audiencias del peritaje y anunció que remitirá su sentencia al fiscal general de cara a “sanciones”. González argumentó que se ausentó por estar en “absoluta vulnerabilidad por indefensión”.
A ello, hay que sumarle las nuevas amenazas del presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. “Quien no acate la sentencia en el TSJ está fuera del juego democrático (…) Quien no acate esa sentencia, no venga después a inscribir plancha para diputados o inscribiendo candidaturas para gobernaciones y alcaldías”. Se refiere a las elecciones regionales del año entrante.
González Urrutia, reconocido como ganador de los comicios, dirigió un mensaje a través de X, en el que insistió que ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. “El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis. Los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho a cambiar en paz para vivir mejor”.
Para el defensor de derechos humanos Enrique Ochoa Antich, la oposición tiene dos opciones: la primera es rechazarla y seguir jugando con las reglas del Estado; o no acatarla y regresar “a la ruta del cambio a la fuerza”.
