El exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, reapareció con una denuncia penal en Estados Unidos dirigida a la fiscal general Pamela Bondi. El documento, fechado en Bogotá el 25 de septiembre de 2025, solicita que se abra una investigación y, eventualmente, un indictment contra el presidente Gustavo Petro y el periodista Juan Diego Quesada, corresponsal del diario ‘El País’.
Según Leyva, ambos habrían difundido información basada en grabaciones manipuladas que lo relacionaban con un presunto complot para deponer al jefe de Estado. En el documento se advierte: “Se concluyó que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado –entrampamiento a las víctimas–. Los ruidos fueron agregados”.
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En la denuncia, Leyva sostiene que los audios utilizados como base para un artículo publicado por ‘El País’ el 29 de junio de 2025 no eran originales y fueron editados, de acuerdo con un peritaje que él mismo anexó. Según el documento, “el informe pericial concluye que el audio no es original y que ha sido editado, lo cual desvirtúa por completo el uso que se le ha dado en la prensa y en instancias judiciales”.
En la versión periodística de la denuncia se dijo que el exministro habría buscado apoyo en Estados Unidos, particularmente en círculos cercanos al expresidente Donald Trump, para afectar la continuidad del gobierno de Petro. El documento reproducido por Leyva incluye apartes de dicha publicación y recalca que las grabaciones se presentaron como prueba en investigaciones en Colombia.
El exministro argumenta que la nota periodística y los señalamientos posteriores se fundamentaron en hechos inexistentes. Para sustentar su versión, indica: “Llegué a Estados Unidos el viernes 3 de enero de este año y salí de su país el sábado 11 de enero. Es decir, de este año que corre señora Fiscal General. Estuve en USA ocho días calendario en total”. Con ello, considera inexactas las referencias a reuniones con asesores republicanos en abril del mismo año.
También rechaza que él o su hijo hubieran gestionado encuentros con los congresistas Mario Díaz-Balart o Carlos A. Giménez. Sobre este punto, la denuncia afirma: “Ese periódico nunca me ha formulado pregunta alguna. Y agrega una falsedad adicional así: (…) El excanciller y su hijo, Jorge Leyva, cuentan con buenos contactos entre las filas del Partido Republicano de Estados Unidos. (…) Por esa vía le pidieron a sus amigos que les organizaran una reunión con el congresista Mario Díaz-Balart, representante por Florida”.
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A renglón seguido añade: “También tenían la intención de verse con otro congresista muy conocido en Miami, Carlos Antonio Giménez. (…) Pido excusas a Carlos Antonio Giménez. No conocía el importante rol de dicho representante Giménez en la política norteamericana. Confieso que nada sabía de él. No tenía noticias de sus antecedentes. Ninguna intención tuvimos entonces de buscar al mencionado congresista”.
El escrito incorpora además menciones a declaraciones públicas del presidente Petro sobre la existencia de un supuesto complot, así como publicaciones en la red social X en las que se dirigió a dirigentes políticos estadounidenses.
Álvaro Leyva sugiere indictment contra Gustavo Petro
En su petición a las autoridades estadounidenses, Leyva recuerda que existen figuras penales que podrían ser aplicables, como la conspiración para defraudar a Estados Unidos, las declaraciones falsas, la conspiración contra derechos y la complicidad. El documento cita expresamente: “Señora Fiscal General, (…) me tome la libertad de recordar las normas que señalo a continuación: 18 U.S.C. § 371 — Conspiración para Defraudar a los Estados Unidos; 18 U.S.C. § 1001 — Declaraciones Falsas; 18 U.S.C. § 241 — Conspiración contra los Derechos; 18 U.S.C. § 2 — Complicidad (Aiding and Abetting)”.
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Asimismo, hace referencia a jurisprudencia en la que se establece que los periodistas pueden ser llamados a colaborar con investigaciones penales, como en los casos Branzburg v. Hayes y United States v. Sterling.
La denuncia finaliza con la disposición de Leyva de colaborar con el Departamento de Justicia en calidad de denunciante y de aportar la documentación que considera relevante para el esclarecimiento de los hechos. En sus palabras: “Me pongo a disposición de las autoridades de los Estados Unidos para ampliar la información aquí consignada y aportar los elementos de prueba adicionales que resulten pertinentes”.
Documento fuente: Google Drive (archivo público)
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