Este martes se cumplieron dos meses desde que el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, visiblemente nervioso ante las cámaras de televisión, intentó el 7 de diciembre dar un “autogolpe” de Estado en el país al decretar la disolución del Congreso e instaurar un gobierno de emergencia.
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Su maniobra fracasó luego de que a las pocas horas el Parlamento y su propio gabinete ministerial desarmaron la intentona golpista. Los congresistas peruanos terminaron destituyendo a Castillo y jurando como nueva presidenta a Dina Boluarte, entonces vicepresidenta.
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Pero esta cadena de eventos arrastró a Perú durante estos últimos 60 días a una revuelta popular que ya deja casi 70 muertos, centenares de heridos, 554 millones de dólares en pérdidas para la economía –según el Gobierno– y un laberinto político en el cual el Legislativo y el Ejecutivo están estancados, sin hallar soluciones para conciliar las demandas de las protestas.
Las marchas exigen la dimisión de Boluarte, un adelanto de elecciones y un proceso constituyente. Sin embargo, ambos poderes se han aferrado en sus trincheras. Por un lado, el Gobierno, el cual sí le apuesta a convocar comicios generales, se niega a renunciar y cuya impopularidad ronda hoy el 74 %.
Mientras que el Parlamento, enfrascado en sus propios intereses y con una imagen negativa del 89 %, ya ha rechazado por lo menos cuatro proyectos para acelerar las votaciones este año.
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La presidenta de Perú, Dina Boluarte.
Archivo/ AFP/ Twitter: @hondudiario
De acuerdo con Sebastián Fernández de Soto, analista de la firma Control Risks para Perú, el país tiene por delante un camino de espinas.
“El Congreso parece haberse dado por vencido en el tema de adelanto de elecciones. La única forma de adelantarlas es con la renuncia de Boluarte, quien ha dicho que no tiene intenciones de dimitir. Tampoco ha habido intento de diálogo con la gente protestando y un gobierno más enfocado en judicializar a la gente que comete actos vandálicos en las protestas”, dijo Fernández de Soto en diálogo con EL TIEMPO.
La lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos años solo ha llevado a la desestabilización política y ha conducido a Perú al pantano político en el que está sumido hoy el país
Ante una crisis inédita, y sin un horizonte claro, analistas coinciden en que hoy existen por lo menos tres escenarios sobre lo que puede seguir. En el primero, una eventual renuncia de Boluarte forzaría por mandato constitucional al Congreso a convocar elecciones. Hasta el momento, esta opción no parece tener mucho futuro porque la mandataria no planea dimitir.
En ese sentido, el segundo escenario sería un proceso de destitución contra Boluarte impulsado por el Congreso, un pedido que podrían proponer las bancadas de izquierda para acelerar nuevos comicios y contentar a las protestas.
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Sin embargo, esto jugaría en contra de los intereses de los mismos parlamentarios que han bloqueado los proyectos electorales para que no haya relevo en el Congreso.
“Lo veo muy difícil porque eso aceleraría también que el Congreso se tenga que ir”, estimó Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en diálogo con la agencia AFP. “Dada la inmadurez política” de la clase gobernante, tanto la vacancia como la renuncia son “muy poco factibles”, añadió.

Los manifestantes piden que las elecciones se lleven a cabo este 2023.
Esta falta de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido combustible para las marchas, por lo que existe un tercer escenario en el que las protestas se intensificarían ante la falta de una solución política, provocando un mayor estallido social en el país.
Una agudización del conflicto podría forzar a la presidenta y al Congreso a aceptar cualquier modelo de adelanto electoral, pero “a un altísimo costo”, explicó a AFP la politóloga Paula Távara, de la Universidad Católica.
Hoy, quienes están protestando son en su mayoría indígenas provenientes del sur del país que veían a Castillo como su representante frente al poder político en Lima.
Para ellos, la clase dirigente ha postergado durante años sus demandas.
Y aunque el exmandatario Castillo terminó ahogado por los casos de corrupción, esta población sigue demandando soluciones reales para mejorar su calidad de vida.
“Esto, sumado a una lucha del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos años que solo ha llevado a una desestabilización política, nos ha conducido al pantano político en el que está el país (…). El abandono de la región y la caída de la confianza en las instituciones políticas han sumido al Perú en esta crisis política”, acotó Fernández de Soto. Lo cierto es que, aunque hay en el horizonte estos tres escenarios, la realidad política en Perú es más mucho más compleja.
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El país arrastra una inestabilidad política inédita desde hace 6 años. Desde entonces, los peruanos han tenido seis presidentes. Y por el momento, Boluarte, quien también cumple dos meses en el cargo, tampoco ha logrado hallar la receta para gobernar a Perú.
CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA
SUBEDITOR INTERNACIONAL
EL TIEMPO
