La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023.
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Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamás considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque lanzado el pasado junio contra la Franja. Un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista.
El exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.
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El fiscal de la CPI Karim Khan había solicitado en mayo al tribunal que emitiera órdenes de arresto contra los israelíes Netanyahu y Gallant, y contra Ismael Haniyeh, exlíder del movimiento palestino Hamás muerto en un ataque en Teherán, y otros altos mandos del grupo islamista. La CPI no se había pronunciado hasta hoy -jueves 21 de noviembre- sobre si admitía estas órdenes de arresto.
En su decisión, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI señala que existen motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant son responsables del crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra, y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. También los considera responsables del crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil.
«La Sala encontró apropiado emitir las órdenes de arresto de conformidad con el derecho de los conflictos armados internacionales. La Sala también encontró que los presuntos crímenes contra la humanidad eran parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza», se lee en el comunicado.
Una a una: las razones por las que la CPI emite la orden de captura contra Netanyahu y Gallant
En primer lugar, el tribunal encontró motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant «privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia», incluidos alimentos, medicamentos, agua o suministros médicos, electricidad y combustible.
Además, afirmó que cuando Israel aumentó la ayuda humanitaria en Gaza no lo hizo en virtud del derecho internacional humanitario ni buscando garantizar que los palestinos tuvieran acceso a bienes básicos, sino que fue en gran medida una decisión presionada por la comunidad internacional.
«Su conducta provocó la interrupción de la capacidad de las organizaciones humanitarias para proporcionar alimentos y otros bienes esenciales a la población necesitada en Gaza. Las restricciones mencionadas, junto con el corte de la electricidad y la reducción del suministro de combustible, también tuvieron un grave impacto en la disponibilidad de agua en Gaza y la capacidad de los hospitales para proporcionar atención médica», afirmó la CPI, que aseguró que hay motivos razonables para creer que no hay una necesidad militar que justifique las restricciones impuestas por Israel a las operaciones de socorro en Gaza.
Palestinos desplazados de los refugios de Beit Hanoun cruzan la carretera principal de Salaheddine hacia Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.
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El tribunal también consideró responsables a Netanyahu y a Gallant del crimen de lesa humanidad de asesinato al afirmar que la falta de alimentos, agua y suministros médicos en Gaza provocó la muerte de civiles por desnutrición y deshidratación. Aunque la Sala de Cuestiones Preliminares afirmó que no pudo determinar que se cumplieran los elementos para dictar el crimen de exterminio.
Además, la Corte los señala de «infligir gran sufrimiento mediante actos inhumanos» a palestinos que necesitaban tratamiento médico, al haber limitado o impedido de forma deliberada la entrada de suministros, entre ellos máquinas de anestesia y anestésicos, con lo que el personal médico de la Franja se vio obligado a operar y realizar amputaciones sin los debidos recursos y hasta con métodos inseguros e inadecuados causando dolor y sufrimiento extremo a los pacientes.
«La Sala también encontró motivos razonables para creer que la conducta antes mencionada privó a una parte importante de la población civil de Gaza de sus derechos fundamentales, incluidos los derechos a la vida y a la salud, y que la población fue objeto de persecución por motivos políticos y/o nacionales. Por consiguiente, concluyó que se había cometido el crimen de lesa humanidad de persecución», afirmó la CPI.
