¿En qué consiste el endurecimiento del embargo a Cuba?
El gobierno de Donald Trump anunció que activará en mayo una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en
Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando con una exención de dos décadas, pese a las advertencias de sus socios.
«Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio», advirtió el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, a la prensa, en un encuentro en el que fijó el 2 de mayo como la fecha de entrada en vigor del artículo.
Tras la declaración, Cuba volvió a manifestar su rechazo a la medida. Su canciller, Bruno Rodríguez, repudió «enérgicamente» el anuncio del funcionario estadounidense. Estas son las claves para entender la medida:
¿Qué puede pasar?
«Es muy probable que haya una avalancha de reclamaciones en el sur de Florida, muchas de ellas poco serias, de cubano-americanos contra compañías extranjeras, pero también contra entidades cubanas», estima Chris Bennett, director de la consultora The Caribbean Council.
«La mayoría de estas demandas tendrán pocas posibilidades de éxito», agrega Bennett, pero recuerda que dos millones de cubano-americanos viven en Estados Unidos, por lo que «es probable que el volumen de reclamaciones congestione sustancialmente las cortes de Florida».
La mayoría de estas demandas tendrán pocas posibilidades de éxito
¿Cuáles podrían ser los blancos?
«Por ejemplo, (la compañía minera canadiense) Sherritt, los operadores de hoteles de España, México», explica el abogado Pedro Freyre, del estudio Akerman de Miami. Sherritt International participa en una empresa mixta que es propietaria de la planta de níquel Pedro Soto Alba, antigua propiedad de la Moa Bay Mining Company, que le reclama 88 millones de dólares.
En tanto, la cadena hotelera española Meliá administra el emblemático hotel Habana Libre, ex-Hilton. Una Comisión para el Arreglo de Reclamaciones en el extranjero (FCSC), entidad gubernamental norteamericana, certificó casi 6.000 demandas por un monto de 1.900 millones de dólares. Con un interés anual de 6%, serían 6.000 millones de dólares, según un estudio de Richard Feinberg, de la Latin America Initiative, del Brookings Institution de Washington.
¿Qué efectos tendría la medida?
El principal efecto que busca la administración Trump es desalentar la inversión extranjera en Cuba. «Es para que un empresario diga: bueno, en vez de invertir en
Cuba, voy a invertir en Punta Cana (República Dominicana)», ilustraba el martes el embajador de la Unión Europea (UE) en La Habana, Alberto Navarro.
Según Freyre, con la aplicación plena de la Ley Helms-Burton, «habrá un efecto inicial de enfriamiento en las inversiones potenciales en Cuba, seguido de una evaluación más reflexiva de la verdadera magnitud del riesgo».
Tras algunas semanas amenazando con activar la norma, se apreciaba un fuerte nerviosismo entre inversionistas presentes o aquellos que desean invertir en la isla, indicaron fuentes diplomáticas y un empresario francés instalado hace más de 20 años en la isla.
Según el periódico económico español ‘Cinco Días’, los grupos hoteleros Meliá e Iberostar contrataron bufetes de abogados para evaluar los riesgos. Pero Cuba enfrenta el mayor peligro: la isla socialista tiene a la inversión extranjera como prioridad para desarrollar su economía, en crisis y socavada por la escasez. En 2017, el país apenas captó 2.000 millones de dólares en inversiones, lejos de los 5.000 millones que necesita para impulsar su crecimiento.
¿Habrá una réplica ante la OMC?
«La UE ha creado una legislación antídoto, como lo ha hecho Canadá, Japón, México, por el cual nuestros ciudadanos y empresarios tienen la protección de la Unión Europea, en caso de que haya demandas (…) de Estados Unidos», explicó el embajador Navarro.
«Los ciudadanos europeos tienen la obligación de no colaborar y tienen la posibilidad de hacer reclamaciones contra las empresas que han pedido indemnizaciones por propiedades confiscadas en Cuba», añadió. Pero la UE, primer inversor extranjero en la isla y, desde 2017, su principal socio comercial, podría ir aún más lejos.
«La Unión Europea estará obligada a utilizar todos los medios a su alcance (…) para proteger sus intereses», advirtieron la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, en una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, que pudo consultar la AFP.
«La UE está considerando presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), junto con otros socios, porque la legislación estadounidense es contraria al derecho internacional», añadieron.
AFP