La apuesta de Martín Vizcarra en la crisis política de Perú

Una guerra que comenzó el 23 de marzo del 2018, cuando Martín Vizcarra se posesionó para reemplazar como presidente a Pedro Pablo Kuczynski –quien renunció por vínculos con la constructora brasileña Odebrecht–, continuó esta semana en una batalla que ganó el mandatario peruano con una arriesgada jugada: la disolución del Congreso, de mayoría fujimorista.

Vizcarra, con poca experiencia política y sin casi amigos entre la dirigencia de Perú, se apoyó en el respaldo del pueblo, que varias ocasiones le pidió el cierre del Parlamento, una prerrogativa que pone al Ejecutivo en una situación de superioridad frente a los poderes Legislativo y Judicial, y que fue obra de uno de los sectores contra los que lucha el mandatario: el fujimorismo.

La disolución del Congreso llegó después de que los parlamentarios le negaron al presidente peruano un voto de confianza ligado a una reforma del sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), en un proceso que Vizcarra criticó al considerar que carecía de legitimidad y transparencia.

Es justo el TC el que tiene que decidir sobre la crisis política, los recursos de amparo que presentó la excandidata presidencial Keiko Fujimori, en prisión preventiva desde hace 11 meses, y si se revoca la anulación del indulto del expresidente Alberto Fujimori.

Como respuesta al cierre del Parlamento, los congresistas juramentaron como presidenta interina a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien asumió el cargo, al tiempo que las Fuerzas Armadas ratificaron su apoyo a Vizcarra.

Casi 24 horas después, Aráoz presentó su renuncia a la vicepresidencia y a la presidencia interina al Congreso disuelto. Pero el nuevo primer ministro, Vicente Zeballos, afirmó que el Gobierno considera que la dimisión de Aráoz no es efectiva porque la presentó ante un Parlamento que “no existe”. Al final, Vizcarra convocó elecciones legislativas para el 26 de enero del 2020 y renovó su gabinete. 

Lo cierto es que el poder del expresidente Fujimori y su hija Keiko parece diluirse, agotado por el desprestigio de ambos personajes, procesados por la justicia, y el desgaste por una guerra política con la que esperaban sacar provecho para volver a tomar el control del país.

“Si las elecciones fueran ya, al fujimorismo no le iría bien porque está desprestigiado”, le dijo a EL TIEMPO el analista internacional cubano José Rafael Villar. Y es que ambos personajes, pese a estar bajo medidas carcelarias, han seguido manejando los hilos del poder en el Congreso, donde tenían 73 de los 130 asientos, más otros de fuerzas aliadas.

El poder del fujimorismo era tal que desde hace algunos años se había aliado con el partido socialdemócrata Apra, que antiguamente fue un adversario, y en el que militaba el difunto presidente Alan García con el que conformaban el Frente Popular.
Villar afirmó que “la idea de Vizcarra de anticipar elecciones solo le sirve a él, no a los demás partidos, pero como no tenía amigos en el Congreso el proyecto se archivó”.

Ejecutivos fuertes

Sin embargo, en los últimos días, después de la disolución del Congreso, un bloque de parlamentarios de la Comisión Permanente, integrada por 25 miembros y que debe mantenerse hasta que el nuevo Congreso sea elegido y posesionado, cambió de opinión y, ante la renuncia de Aráoz, le pidió a Vizcarra que anticipe las elecciones para que “todos se vayan”.

En la actual crisis política de Perú también hay que tener en cuenta lo que, según le dijo a este diario el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida Eduardo Gamarra, ha sido una constante en Perú: “Una tendencia a tener ejecutivos fuertes, con un claro ejemplo de Alberto Fujimori, que cerró por la fuerza el Parlamento en 1992 y, posteriormente, promovió un cambio constitucional para que el presidente pudiera hacerlo tras algunos trámites legales”.

Gamarra consideró que, según unos sondeos que se aplicaron hace un tiempo en ese país, más del 70 por ciento de los peruanos estaban a favor de cerrar el Congreso ante los escándalos de corrupción de gran parte de la clase dirigente.

El académico señaló que no es usual que hoy el peruano del común esté de acuerdo con esa decisión del cierre del Parlamento, pero le “parece nefasto para Perú y otros países que han pasado a ser unicamerales, como Ecuador y Venezuela, que el presidente tenga un excesivo poder”.

Asimismo, Gamarra consideró que la decisión de Vizcarra no es un buen precedente. “Si a Nicolás Maduro se le ocurre hacer eso, podría alegar que otros países lo están haciendo y de esta manera se justificaría. Esa tendencia es muy negativa”. El académico considera paradójico que “después de luchar tantos años contra dictaduras, ahora sean los militares los que legitiman a un gobierno”.

Para el politólogo peruano Renzo Mazzei, con su estrategia, Vizcarra se les adelantó a los congresistas en sus intenciones, y “con la renuncia de Mercedes Aráoz a ser la presidenta interina y sin posibilidad de tener poder, así como con el hecho de que la Comisión Permanente está trabajando normalmente, es una señal de que reconocen su situación”.

En diálogo con este medio, Mazzei dijo que algunos congresistas que no hacen parte de la Comisión, y por lo tanto quedaron cesantes, incluso “alcanzaron a pedir salidas no tan legales para mantener el poder”.

Todas las prerrogativas, como tener pasaporte diplomático, las han perdido, aunque hay varios excongresistas que no han devuelto a la Cancillería ese documento.
Incluso, tampoco pueden ir a las cárceles, “como lo hacían antes, a recibir instrucciones de los Fujimori”, señaló.

El analista considera que la crisis política en su país no ha terminado, especialmente teniendo en cuenta que hace falta un pronunciamiento del TC. Mazzei indicó que en el peor de los escenarios, el Tribunal podría declarar ilegal el cierre del Congreso, pero ve poco posible que eso pase. “Creo que validarán la decisión de llamar a unas elecciones legislativas el 26 de enero”, afirmó.

La ‘jugadita’ contra el fujimorismo

Vizcarra disolvió el Congreso aplicando un artículo de la Constitución que lo habilita a tomar ese paso si el Congreso “rehúsa” en dos ocasiones la confianza al Gobierno en el mismo período legislativo. La primera ya había ocurrido en 2017, cuando el presidente era Kuczynski.

Esta semana fue la segunda, cuando el Parlamento le negó la moción para paralizar la renovación del Tribunal Constitucional.  Según el sondeo de la firma CPI divulgado este sábado, el 89,5 por ciento de los peruanos apoyan la disolución del Congreso y el 9,3 por ciento se opone.

HOLMAN RODRÍGUEZ M. 
Redacción internacional
EL TIEMPO