Trump contra la Cámara de Representantes, un choque que se agrava

En los años que van de la presidencia de Donald Trump no han sido pocos los que han advertido sobre la posible erupción de una crisis constitucional ‘sin antecedentes’ en la historia moderna de Estados Unidos.

Ese momento, todo indica, llegó esta semana, cuando los abogados de Trump en la Casa Blanca enviaron una carta a la Cámara de Representantes en la que anuncian que el Ejecutivo no piensa colaborar, de manera alguna, en la investigación con fines de destitución que lanzó este órgano del Congreso hace poco más de dos semanas, luego de conocerse una llamada en la que Trump le pidió al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ayuda en contra del exvicepresidente y rival político Joe Biden.

En la carta, los abogados dicen que la pesquisa de la Cámara es “inconstitucional, partidista” y viola todos los derechos procesales del mandatario, pues no ofrece garantías para su defensa.

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Pero de acuerdo con varios expertos en el tema, es Trump el que está alterando el balance de poderes, piedra angular de la democracia estadounidense, al resistirse al rol de fiscalización que la Constitución le otorga al Congreso nacional.

“Si el Congreso no puede ejercer su poder de fiscalización o impugnación (impeachment), eso quiere decir que el presidente está por encima de todo y solo responde al proceso político que se da cada cuatro años en las elecciones. Y en esencia eso convierte al presidente en un rey”, dice Melissa Murray, experta en derecho y temas constitucionales de la Universidad de Nueva York.

Para aclarar, no es la primera vez que se presentan este tipo de roces entre el Ejecutivo y Legislativo. Durante el gobierno de Barack Obama, la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, realizó todo tipo de maniobras para impedir que los republicanos en el Congreso obtuvieran pleno acceso a un servidor privado que utilizó para manejar algunas de sus comunicaciones internas.

El expresidente Richard Nixon, a su vez, se negó durante meses a entregarle al Congreso las copias completas de grabaciones que se realizaron en la Oficina Oval, y solo dio su brazo a torcer cuando se lo ordenó la Corte Suprema de Justicia.

Pero por lo general, dice Murray, este tipo de batallas entre ambos poderes son puntuales y se resuelven con un acuerdo entre las partes o por una decisión de las cortes.

Lo que es inusual en este caso es que el presidente se oponga de plano a la idea de que puede ser investigado si concluye, como al parecer ha hecho Trump, que la pesquisa en su contra es “injusta”.

De momento, la Casa Blanca se ha negado a entregar los documentos que ha pedido la Cámara y está bloqueando el testimonio de personas bajo su mando que podrían aportar más pruebas a la investigación.

Lo poco que se ha conocido es producto de una denuncia que presentó un informante de la CIA y de los mensajes de texto que entregó la semana pasada el embajador Kurt Volker, una vez renunció a su cargo.

En ellos, tres diplomáticos de EE. UU. discuten la presión al Gobierno de Ucrania, e incluso hablan de las preocupaciones que existen por frenar la ayuda militar a este país como gancho para que Zelensky investigue a Biden y su hijo Hunter en un supuesto caso de tráfico de influencias.

Pero será muy difícil para los demócratas avanzar en la pesquisa si el Ejecutivo continúa negándose a colaborar.

El único argumento legal que tienen los abogados de Trump para atravesársele a la investigación es que la Cámara no ha realizado un voto para autorizar la investigación con fines de destitución. Algo que sí sucedió con los casos de Nixon, en 1974, y Bill Clinton, en 1998, y por lo tanto es un precedente que debe aplicarse.

Pero la Constitución no establece que un voto sea necesario, y simplemente le confiere el poder a la Cámara para investigar conductas criminales del jefe de Estado. Una vez finalice esa investigación, la Cámara presentaría artículos de destitución que sí requieren de una votación mayoritaria. Si se da, el caso pasa al Senado, que es el que realiza el juicio político.

La teoría es que la presienta de la Cámara, Nancy Pelosi, no ha querido hacer la votación que reclama Trump, pues está tratando de proteger a legisladores de su bancada que provienen de distritos conservadores y podrían ser castigados por los votantes en las elecciones del año entrante.

Pero aun si lo hace, es poco probable que la administración colabore.
Ante el desafío de Trump, el único camino que le quedaría a los demócratas sería acudir a las cortes para que estas decidan.

Pero los procedimientos judiciales podrían arrastrarse por meses, si no años, algo que le conviene a Trump, pues el tema se tragaría tanto el proceso de elecciones primarias de los demócratas, donde se verían obligados a enfocarse en este asunto en detrimento de otros que importan más a la ciudadanía, como los comicios generales previstos para noviembre del año entrante.

Y aun si el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia –que es la que tiene la última palabra–, el presidente tiene las de ganar, pues se trata un órgano controlado por conservadores en el que dos de sus nueve miembros fueron nombrados por Trump.
Incluso si la Corte fallara en su contra, el presidente podría hasta ignorar su determinación, pues el poder judicial tampoco tiene dientes para hacer cumplir sus determinaciones.

Eso, siempre y cuando mantenga el apoyo de los republicanos en el Senado, donde se requieren 67 votos para destituirlo.

En el fondo, sostiene el profesor de la Universidad de Cornell, Josh Chafetz, todo este proceso es una batalla por el corazón de la opinión pública.

“Si el público comienza a tornarse en contra del presidente, los republicanos, especialmente los pro establecimiento, comenzarán a abandonarlo independientemente de lo que digan las cortes”, afirma Chafetz.

De acuerdo con los últimos sondeos (Washington Post, ABC, Marista, CNN), esa batalla la estarían ganando los demócratas, ya que en estas dos semanas el número de personas que aprueban una investigación con fines de destitución ha pasado de menos del 40 por ciento a poco más del 50 por ciento, e incluye a un número cada vez más grande de republicanos e independientes.

Los demócratas necesitan más revelaciones para seguir expandiendo ese respaldo.
Pero para Trump y sus aliados, la apuesta es exactamente la contraria.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68