Número de muertos y eventual regreso de Evo, piedras en camino de Áñez

Aunque la senadora opositora Jeanine Áñez se posesionó como presidenta interina tras la renuncia de Evo Morales, la incertidumbre política que se vive en Bolivia no ha disminuido, y no hay certezas de que la tarea del nuevo gobierno de transición de convocar elecciones en 90 días se lleve a cabo.Le puede interesar: Así quedó la casa de Evo Morales tras el saqueo

Todo dependerá del diálogo con el Movimiento al Socialismo (MAS), pero un eventual regreso de Morales, que avivaría la tensión social, se suma a los choques de manifestantes contra policía y ejército, que dejaron entre viernes y sábado más de una docena de muertos, para sumar 23 en todo el mes de protestas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El organismo, además, expresó su preocupación por un decreto que lega a las fuerzas militares y policiales el control del orden público y las exime de responsabilidad penal cuando actúen en “legítima defensa o en estado de necesidad”.

El decreto “no es una licencia para matar” y se enmarca en la Constitución y las leyes del país, respondieron desde el gobierno interino a las críticas. La CIDH también ha llamado la atención sobre la represión, que ha disparado el número de muertos.

La crisis política y social que atraviesa Bolivia desde hace cerca de un mes, que comenzó con las denuncias de irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre, y que ameritaron una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), alcanzó uno de sus puntos más críticos el 10 de noviembre, cuando Morales cedió ante las presiones de las manifestaciones y presentó su renuncia a la presidencia ante la Asamblea Legislativa.

El vacío de poder que provocó la dimisión de Morales, secundada por gran parte de su gabinete, dejó a Bolivia sumida en un caos político sin precedentes.Más allá del debate que ha generado la proclamación de Áñez como mandataria encargada, la discusión está centrada en el futuro político de Bolivia y si el gobierno transitorio será capaz de apaciguar la calle y convocar elecciones en 90 días.

Expertos coinciden en que si bien el posible regreso de Morales aumentaría la tensión y empeoraría la crisis, el líder indígena no estaría habilitado para interferir políticamente.

Para analistas como Ricardo Pérez, licenciado en Ciencias Jurídicas y docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de La Paz, en diálogo con EL TIEMPO, la posesión de Áñez como presidenta interina “es legal y constitucional, porque se enmarca en los preceptos establecidos en el artículo 169 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE)”.

Ahora bien, en cuanto a la enorme tarea del nuevo gobierno de transición de convocar a nuevos comicios, el analista Eduardo Gamarra, estratega político y profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU), explica que lo primordial es nombrar un nuevo tribunal electoral. “Tienen que nombrar una nueva corte electoral, convocar elecciones entre ahora y el 22 de enero; y todo lo anterior, teniendo en cuenta que el MAS tiene más de dos tercios del Congreso”.

Frente a la mayoría que tiene el MAS en el Congreso, que evidentemente supone un reto para el gobierno de Áñez, el analista se mostró optimista respecto al primer acercamiento entre los dos bloques políticos para llegar a un acuerdo en medio de la crisis.

Gamarra le dijo a este diario: “Es sumamente importante este acercamiento porque el MAS es una piedra angular de la democracia boliviana y debe participar en el proceso político electoral”.

Además, el experto afirmó: (el inicio de los diálogos) “refleja la voluntad de la presidenta, y considero que es una cosa muy acertada que los dirigentes del MAS estén dispuestos a entablar dicho diálogo”.

Sin embargo, los diputados del partido de Evo Morales han dicho que retomarán el diálogo solo si hay un repliegue de policía y fuerzas armadas, un pedido que en este momento parece.

Por su parte, María Teresa Zegada, profesora de la Universidad de San Simón, en Cochabamba, le dijo a EL TIEMPO que “lo ideal es que el propio MAS pueda encontrar en sus filas otros líderes para participar en el futuro proceso electoral”.

La analista considera que “esa es la salida más interesante, y si el pueblo boliviano vota por el MAS nuevamente, legal y legítimamente les correspondería retomar el mando político”.

En cuanto al posible regreso del líder indígena a Bolivia, Zegada apunta que “dentro del marco de lo que se ha logrado avanzar, hay un gobierno ejecutando funciones administrativas, y resultaría ilegal el retorno de Morales porque presentó una renuncia a su cargo antes de irse del país.

Esto ha sido leído por algunos constitucionalistas en Bolivia como una suerte de abandono de funciones. Entonces, resultaría bastante controversial y reñido con la constitucionalidad que Morales decida retornar a Bolivia y retomar el mando del país”.

Por su parte, Gamarra asegura que Morales no tiene ningún obstáculo para regresar a Bolivia. Pero que es muy probable que cuando llegue, nuevamente enfrente procesos legales por violación de la ley electoral.

De momento, la tarea prioritaria para Áñez será controlar los choques entre los seguidores de Evo y la policía y el ejército para que no se siga elevando el número de muertos.

Y en este sentido, el antecedente es implacable. En octubre del 2003, la represión de protestas ciudadanas, especialmente en la ciudad de El Alto, provocó la muerte de al menos 81 bolivianos. Eso le costó la caída al presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada. Bien le valdría a la presidenta interina tener claro ese antecedente.

Valentina Leudo
Redacción Internacional