En la cuarentena, la casa no es un lugar seguro para las mujeres

Las medidas de confinamiento parecen surtir efecto al momento de salvar miles de vidas alrededor del mundo. El hogar se ha convertido en el mejor lugar para protegerse y reducir el riesgo de contagio del covid-19. Sin embargo, la casa está lejos de ser un lugar seguro para las mujeres que son víctimas de violencia de género y que, a raíz de la pandemia, quedaron confinadas con sus agresores, aumentando el riesgo de ser atacadas.

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Las restricciones impuestas en varios países para contener la pandemia del coronavirus han llevado a un aumento en las denuncias de violencia doméstica. Por ejemplo, en Francia, confinada desde el 17 de marzo, las llamadas a las líneas de emergencia para las mujeres han aumentado un 30 por ciento, al igual que en España, donde según cifras del ministerio de Igualdad, las llamadas al 016 aumentaron un 47,3 por ciento y las consultas por medios electrónicos un 650 por ciento.

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En el caso colombiano, según los datos del Observatorio Colombiano de las Mujeres, durante la cuarentena obligatoria se han presentado 91 por ciento más llamadas a la línea 155, destinada a orientar y a asesorar a las mujeres víctimas de violencia machista.

“Las estrategias de distanciamiento social, si bien son necesarias, tienen un efecto desproporcionado sobre las mujeres”, así lo asegura Maissa Hubbert, coordinadora de programas de Equis: Justicia para las Mujeres, una organización feminista mexicana que busca garantizar y mejorar la justicia para todas.

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Según Hubbert, hay dos razones por las que las mujeres son más vulnerables durante el encierro: la primera de ellas es que hay una pérdida de oportunidades económicas. “La suspensión de las actividades las deja en una situación de precariedad financiera y eso disminuye sus posibilidades de autonomía dentro del mismo hogar”, asegura.

En caso de tener que cortar alguna relación o tener que mudarse al ser víctimas de violencia, las mujeres no cuentan con los recursos para hacerlo. Según la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de mujeres en el planeta trabajan en la economía informal, lo que supone que miles de ellas han perdido sus empleos o están en una situación de incertidumbre que les resta autonomía económica para huir en circunstancias de riesgo.

La segunda razón es que las mujeres están quedando a la merced de sus maltratadores. En Argentina por ejemplo, donde han ocurrido 22 feminicidios desde el 20 de marzo, fecha de inicio de la cuarentena, según la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), el 60 por ciento de las mujeres víctimas de feminicidios han sido asesinadas en su hogar o en un espacio compartido con sus parejas. Es decir, que “el hogar no es un espacio seguro para todas”, afirma Hubbert.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios de México, una organización que ofrece protocolos para garantizar la protección de las mujeres, menciona que las peticiones de ayuda a las líneas de la Red han aumentado un 60 por ciento.

México no tiene medidas de confinamiento estrictas como España o Francia, las medidas de distanciamiento social son de carácter voluntario. Aun así, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia habla de un incremento del 24,5 por ciento en la violencia doméstica solo en las primeras dos semanas de medidas contra el covid-19. También, las llamadas al 911 aumentaron un 120 por ciento.

Según las expertas, las decisiones que se están tomando en torno al coronavirus carecen de una perspectiva de género. “Desgraciadamente la incorporación de la perspectiva de género es una tarea pendiente en prácticamente todos los países”, asegura Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional (AI) España.

Para AI lo que está ocurriendo con las mujeres tiene que ver con que en las decisiones políticas no hay una perspectiva que tenga en cuenta a los grupos más vulnerables o que quedan más expuestos ante este tipo de restricciones. “Se adoptan medidas pero no se tiene en cuenta el impacto que pueden tener previamente, tiene que surgir el problema para darse cuenta”, asegura Álvarez.

Peticiones

Tras el crecimiento en las denuncias por violencia de género, las organizaciones de mujeres alrededor del mundo han presentado una serie de peticiones a sus gobiernos para mejorar las condiciones de las mujeres durante el aislamiento.

“La atención a los temas de violencia de género debe ser considerado un servicio esencial y no se debe suspender en el transcurso de la contingencia”, pide Hubbert.

Para Silvia Ferreyra, coordinadora nacional de MuMaLá en Argentina, “los lugares necesarios para la asistencia de las víctimas tienen que brindar una atención continua. Así no sea personal, tienen que habilitar vías electrónicas para que puedan seguir brindando la asistencia con sus equipos interdisciplinarios”, exige Ferreyra.

Esto implica también el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, pues Álvarez afirma que dichos servicios (píldoras, interrupción voluntaria del embarazo, etc.) son derechos humanos fundamentales y “los derechos no pueden recortarse en ningún tipo de crisis”.

Además, “el estado tiene que garantizar que las mujeres puedan acceder a información muy confiable sobre qué hacer en caso de violencia o en caso de que tengan que salir de manera urgente de su casa”, menciona Hubbert.

Según Figueroa, la información “no está llegando a las mujeres indígenas, tampoco a las mujeres sordas y es preocupante porque si esta no llega a todos los sectores, esto incrementa más las desigualdades y las lleva a una mayor situación de vulnerabilidad”.

Para esto, las redes sociales se han convertido en su mejor herramienta. Las organizaciones feministas en varios países adelantan campañas para difundir números de teléfono de redes que atienden a mujeres en situaciones de violencia o de centros de justicia en caso de ser necesarios.

Pero sucede que, sumado a la desinformación, existe también una situación de “desprotección judicial”. “No están cumpliendo la indicación de atender los casos de violencia de forma inmediata. Se están suspendiendo labores y no se establece continuidad a los servicios jurisdiccionales”, dice Figueroa. En ese sentido, la justicia debe garantizar que se emitan de forma inmediata las órdenes de protección y las medidas cautelares cuando una mujer denuncia una situación de riesgo.

Para Ferreyra, “hay que acelerar los trámites, desburocratizar esta situación y atender la prioridad que significa una denuncia por violencia de género para poder salvar vidas”.

Tiene que haber un sistema de protección ágil, porque como denuncia Figueroa, “en un caso de violencia, para prevenir un feminicidio los segundos son totalmente valiosos” y agrega que, de no tratarse la situación a tiempo “habrá más muertes por feminicidios que por el propio coronavirus”.

Las organizaciones piden ser partícipes de las decisiones políticas que se toman en esta contingencia. Las expertas coinciden en que, en situaciones como estas, escuchar a todas las voces posibles puede garantizar que se tomen medidas más trascendentes.

Las expertas reconocen también que las decisiones tomadas en torno al covid-19 son acciones de buena voluntad de los gobiernos destinadas a proteger las vidas frente al virus. Sin embargo, dichas acciones “no han garantizado el acceso a la justicia, el respeto por los derechos de las mujeres y la eliminación de las brechas de desigualdad, que a la larga son la antesala para la violencia de género”, según asegura Figueroa.

Por eso, y más que un pedido de ayuda, las entidades internacionales exigen que se garanticen todos los derechos de las mujeres durante la emergencia del coronavirus. “Hay que garantizar su derecho a la vida, su derecho a la integridad y su derecho a la seguridad”, exige Álvarez.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO
REDACCIÓN INTERNACIONAL