¿Por qué Maduro quiere volver al polémico ‘control de precios’?

Para algunos, fue como volver unos cinco años atrás en el tiempo.

Este lunes, encontrar un kilo de la famosa harina PAN, de Alimentos Polar, la empresa más grande del sector en Venezuela, fue misión imposible en los supermercados de Caracas. Hasta el pasado viernes, sin embargo, sus paquetes amarillos estaban por doquier.

(Le puede interesar: EE. UU. publica oficialmente tres videos de avistamientos de ovnis)

Pero desde ese día y durante el fin de semana, unos nerviosos ciudadanos, esta vez con guantes y tapabocas, salieron a hacer compras de este y otros productos básicos.

Los impulsó el anuncio de la vicepresidenta del régimen madurista, Delcy Rodríguez, de un “plan para la contención de la especulación”, que entre otras cosas contempla precios acordados para 27 rubros.

“Es muy preocupante que cuando el país entero está librando esta importante batalla contra la covid-19 existan factores que pretendan y procuren desestabilizar la vida social y económica de nuestra patria”, argumentó Rodríguez, al apuntar nuevamente hacia el ya mermado sector privado venezolano.

(Lea también:  El sueño de una venezolana que se hizo realidad en Colombia)

La nueva arremetida estuvo orientada hacia cuatro importantes empresas: el Consorcio Oleaginoso de Portuguesa (Coposa), el cual fue ocupado “temporalmente” por 180 días prorrogables; la líder Alimentos Polar, la productora de embutidos Plumrose y el Matadero de Turmero, en el estado central de Aragua, estos últimos fueron fiscalizados y sometidos a un mecanismo de “venta supervisada”.

“Se estaban convirtiendo en marcadores referenciales especulativos”, insistió Rodríguez en su declaración televisiva del viernes, a través del canal del Estado.

Efectivamente, los precios en Venezuela han aumentado considerablemente en las últimas dos a tres semanas. El impacto se ha sentido en el ya golpeado bolsillo de los venezolanos y los caldeados ánimos ya han provocado más de 500 protestas, según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y un número aún no actualizado de saqueos e intentos de saqueos, el más reciente de ellos registrado este lunes en la ciudad occidental de Barquisimeto.

Tras un par de meses de ligera mejoría, tanto la reputada firma Ecoanalítica, como la denominada Cesta Petare, que mide el comportamiento de precios de productos alimenticios básicos en esta populosa barriada del este de Caracas, volvieron a registrar inflaciones semanales de dos dígitos; en simultáneo con un desplazamiento de casi 100 % del tipo de cambio.

(Lea también: La enfermera colombiana que enfrenta al covid-19 en Italia)

El trasfondo, sin embargo, para los expertos, es una expansión de 30 por ciento de la liquidez monetaria, entre marzo y la primera quincena de abril. Y lo que ahora rescata el régimen de Nicolás Maduro como solución ya ha sido parte de un modelo económico “fracasado” –según consideró en conversación con EL TIEMPO el diputado opositor Ángel Alvarado– que ha “destruido el aparato productivo y que ha vuelto al país más vulnerable a los choques externos”.

Pero el régimen venezolano tendría sus motivaciones para haber tomado estas medidas en un momento tan complejo. Por una parte, estaría procurando mantener, con productos nacionales, comprados a crédito, su polémico programa de alimentos subsidiados, a través de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

“Quieren duplicarlo (…) Es un mensaje de amenaza al sector privado”, aseguró el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins, en un encuentro virtual con la prensa extranjera radicada en Venezuela, celebrado en la tarde de este lunes.

(En otras noticias: Las impactantes fotos del operativo contra pandillas en El Salvador)

También estaría buscando ganar tiempo. “Ante las incapacidades y no tener herramientas se buscan culpables para ganar tiempo, a ver si algún aliado puede apoyar, si las condiciones cambian para mejor”, agregó en el mismo encuentro Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, la principal organización de gremios empresariales de Venezuela.

De no ser revertidas, como solicitó este martes la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), las medidas, consideradas por expertos locales como arbitrarias y desacertadas, empeorarán un panorama que ya era gris y que se había oscurecido más con la llegada de la covid-19 y el consecuente desplome de los precios del petróleo, en una nación que ya arrastraba una contracción económica de 70 puntos, en los últimos seis años, y más de dos años de hiperinflación.

(Lea también: Las medidas de Maduro para flexibilizar el confinamiento en Venezuela)

“Venezuela no tenía problemas de abastecimiento y volver al tema de los controles, perseguir a la empresa privada, obviamente no va a generar buenos resultados (…) Seguramente (habrá) más escasez, si de verdad vamos a un esquema de controles de precios, vamos a volver a ver bachaqueros, mercados paralelos, mercados negros”, advirtió a este diario el economista Luis Oliveros.

Y podría haber más. Con una proyección de 15.000 por ciento de inflación al cierre de año, cifra suscrita en días pasados por el Fondo Monetario Internacional, los expertos locales incluso prevén escenarios de hambruna, en sintonía con las advertencias que una semana atrás hacía el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que ya había ubicado a Venezuela entre los países con las peores crisis alimentarias durante 2019.

(Lea también: La insostenible situación en Táchira con el regreso de venezolanos)

De acuerdo con sus números, el año pasado, en Venezuela, más de 9 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria o hambre extrema.

“Este es un sector que necesita financiamiento, combustible, insumos para trabajar, que cuerpos de seguridad se ocupen de contener intentos de invasiones y saqueos a unidades que vienen cargadas de alimentos y a las fincas que están en producción. Este es un sector que necesita atención prioritaria porque son alimentos, es comida, y sin alimentación no va a haber salud”, exhortó Hopkins, al tiempo que remarcó la importancia de un programa de emergencia nacional de apoyo a la recuperación de la producción nacional.

(Le puede interesar: EE. UU. dice que su misión en el Caribe no va contra Maduro)

Para algunos la solución a la profundizada crisis económica de Venezuela pasa por un acuerdo entre régimen y oposición. Pero para otros, como el asesor económico Alejandro Grisanti, un cambio en el Ejecutivo es inevitable, pues Maduro, a su juicio, ni tiene margen de maniobra ni las capacidades necesarias para atender la situación.

“Es prácticamente imposible que el régimen de Nicolás Maduro pueda crear la confianza y pueda crear los consensos para poder salir de la situación en la que estamos. (…) Necesitamos un gobierno de emergencia, que sea capaz de inspirar, de escuchar, de convocar, de crear confianza con sinceridad, a todos los sectores de la población venezolana”, acotó en conversación con EL TIEMPO.

Y mientras la posibilidad de que esto se concrete pareciera estar aún distante, el régimen madurista ha optado por otras medidas en el ámbito económico. A partir del primero de mayo, entrará en vigencia un nuevo aumento del salario mínimo, del ticket de alimentación, de las pensiones y de los bonos que otorga el régimen de Nicolás Maduro.

El sueldo mínimo integral de los trabajadores venezolanos se ubicará, así, en 800.000 bolívares, o el equivalente a unos cuatro dólares, un monto que los expertos insisten en considerar “insuficiente”.

(Lea también: ¿Qué está pasando con los venezolanos que regresan a su país?)

De hecho, tomando como base el cambio oficial de este lunes, ese salario mínimo no cubriría ni un cuarto de los rubros regulados, que estarían en una lista «extraoficial» que no ha publicado el gobierno y de la que algunas empresas aseguran no hacen parte.

 Y como los montos no fueron fijados en la moneda oficial, el bolívar, sino en dólares estadounidenses, la moneda que hasta hace no mucho condenaba el chavismo, a medida que avance el tiempo y que la inflación gane terreros, será menos lo que pueda cubrir el venezolano de esa lista.

Además, el régimen madurista movió este lunes sus fichas en puestos claves de la economía. Así Tareck El Aissami –sancionado e imputado por los Estados Unidos por narcoterrorismo y corrupción– se convirtió en el nuevo ministro de Petróleo; y Asdrúbal Chávez –primo del fallecido líder de la revolución bolivariana– en el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

A juicio de Ricardo Cusanno, sin embargo, el problema no es de personas sino, como apuntaron otros especialistas a EL TIEMPO, de inversión y de confianza. “Más allá de las circunstancias coyunturales (covid-19 y caída de precios de petróleo), las estructurales pasan por un entorno que va mucho más allá de nombrar a (alguien)”, acotó el presidente de Fedecámaras.

ANDREÍNA ITRIAGO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS