¿Quiénes son los 94 exiliados a los que Nicaragua despojó de su nacionalidad?

Nicaragua declaró este miércoles «traidores a la patria» a 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Además, los despojó de su nacionalidad y los inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

Además de Belli y Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista de la década de 1980 que encabezaba el actual mandatario Daniel Ortega, entre los sancionados figuran el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.

Con la decisión de despojar de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, ya suman 317 en la última semana, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega a territorio estadounidense.

¿Qué hay detrás de esta decisión?

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

El régimen detuvo a centenares de opositores tras la crisis que surgió con las protestas callejeras que estallaron en 2018 contra Ortega.

No obstante, la situación para los opositores del régimen se agravó la semana pasada cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la «Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense».

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El artículo 1 de esa Ley Especial, explica que esa legislación «tiene por objeto regular la pérdida de la nacionalidad estipulada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua».

Así, se establece que «las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense».

¿De qué acusan a los 94 exiliados?

El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó el miércoles ante medios oficialistas la resolución que despojó de la nacionalidad nicaragüense a las 94 personas consideradas «prófugas de la justicia».

«Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población», indicó el magistrado.

«Por estos hechos, a los acusados no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses», añadió.

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El magistrado señaló que «por ser traidores a la patria, a los 94 acusados se les impuso las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente».

«Se ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de
Nicaragua; pero además, se les declaró prófugos de la justicia», detalló.

La medida fue tomada seis días después de que el gobierno de Ortega liberó y expulsó a Estados Unidos a 222 opositores presos, a quienes también despojó de su nacionalidad y derechos políticos, en momentos en que enfrenta criticas de la comunidad internacional debido al creciente autoritarismo de su gobierno.

¿Quiénes son los 94 afectados?

En la lista figuran religiosos, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios, comerciantes, entre otros.

Religiosos

Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y exiliado en Estados Unidos, encabeza la lista de religiosos, que incluye a los sacerdotes Edwin Román -sobrino del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino- Harving Padilla y Uriel Vallejos.

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Opositores y escritores

Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que también encabezó Ortega, es uno de los disidentes sandinistas despojados de su nacionalidad y declarados «traidores a la patria».

El excomandante de la revolución Luis Carrión, la poetisa y escritora Gioconda Belli, la excomandante guerrillera Mónica Baltodano, el exsecretario de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Julio López Campos, y el exmiembro de la Junta de Gobierno después de la caída de la dictadura de los Somoza, Moisés Hassan, son otros a los que le retiraron su nacionalidad.

También a los exdiputados disidentes Enrique Sáenz y Edipcia Dubón, al mayor retirado Roberto Danilo Samcam, Dulce María Porras, Héctor Mairena, Azahalia Solís, entre otros.

Exfuncionarios del Estado

La lista la encabeza el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, quien es padrino de bodas de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a los que acusó de no actuar con sensatez y cordura en la crisis que vive el país desde abril de 2018, sino más bien con el afán de imponer un «Estado de terror» con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales.

También el exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, quien se le rebeló a Ortega, al que calificó de «dictador» y de no permitir elecciones libres en su país.

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Ligia Gómez, exalta funcionaria del Banco Central de Nicaragua, quien señaló en 2018 ante el Congreso estadounidense a Murillo de haber dado la orden de responder «con todo» a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron ese año y dejaron cientos de muertos.

Norman Caldera y Salvador Stadthagen, canciller y vicecanciller durante la Administración de Enrique Bolaños (2002-2007), también forman parte de la lista de nicaragüenses a los que se les retiró su nacionalidad.

Otros son el sociólogo Javier Meléndez, que fue asesor en el Ministerio de Defensa durante el Gobierno de Bolaños; y el exministro de Educación Humberto Belli.

Defensores de derechos humanos

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más; Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), figuran en la lista de afectados.

Periodistas

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38º Premios de Periodismo Ortega y Gasset, y Wilfredo Miranda, corresponsal en Nicaragua del diario español El País y ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018, son dos de los comunicadores a los que le despojaron su nacionalidad y ordenaron el despojo de sus bienes en Nicaragua.

También a los directores de medios digitales Lucía Pineda (100 % Noticias), Luis Galeano (Café con Voz), Jennyfer Ortíz (Nicaragua Investiga), Patricia Orozco (Onda Local), Manuel Díaz (Bacanal Nica), Álvaro Navarro (Artículo 66), David Quintana (Boletín Ecológico), Aníbal Toruño (Radio Darío), Santiago Aburto (BTN Noticias) y Camilo de Castro Belli, hijo de la poetisa Gioconda Belli.

Académicos e investigadores

La lista la cierran el académico Ernesto Medina, que fue rector de una universidad privada ligada al Ejército de Nicaragua; la investigadora Elvira Cuadra, la socióloga y periodista Sofía Montenegro, el investigador y periodista Uriel Pineda, la dirigente campesina Francisca Ramírez, el ambientalista Amaru Ruiz, y el politólogo Manuel Orozco.

Además, los opositores Alexa Zamora, Jesús Tefel, Luciano García, Haydee Castillo, Mónica López, Kitty Monterrey, Irlanda Jérez, Eliseo Núñez, Álvaro Somoza Urcuyo (sobrino del dictador Anastasio Somoza Debayle), Berta Valle, esposa del excarcelado y expatriado Félix Maradiaga, entre otros

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¿Cómo reaccionaron los afectados?

Poco a poco, los exiliados van reaccionando a la medida. Para el exembajador de Ortega ante la OEA, Arturo McFields, es «un gran honor estar en esta lista».

«La dictadura de Nicaragua me ha declarado traidor a la patria, pero le doy gracias a Dios porque eso significa que estamos haciendo una lucha porque Nicaragua vuelva a la democracia», afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

El periodista Carlos Fernando Chamorro, incluido entre los sancionados, publicó en redes sociales que «los castigados por medidas de odio y venganza, son todos los ciudadanos que demandan un cambio con justicia y libertad, incluidos los servidores públicos, civiles y militares».

La poeta Gioconda Belli, por su parte, reaccionó con unos versos publicados en su cuenta de Twitter. «Te amo patria de mis sueños y mis penas», «despojada de cuanta polilla te corroe».

«Arranco de tu pelo a los que te venden te roban y te abusan, te cuento cuentos en la esquina de mi almohada, te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza», escribe en Twitter la escritora, exiliada en España, con versos de su poema.

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¿Y la comunidad internacional?

La condena internacional va creciendo. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central condenó «de la manera más enérgica esta nueva ola de violaciones a los DDHH».

«Llamamos al Estado a cesar de inmediato la persecución y represalia contra defensores de DDHH y voces disidentes, y restituirles todos sus derechos y libertades», tuiteó la Oficina.

También se pronunció EE. UU., pues el principal encargado del Departamento de Estado de EE. UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, condenó el retiro de la nacionalidad de otros 94 nicaragüenses.

«Condenamos las acciones de hoy del gobierno de Nicaragua de quitarle la nacionalidad a otros 94 ciudadanos nicaragüenses», indicó el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en un mensaje.

En el mensaje, enviado a los periodistas por la oficina de prensa de la embajada de EE.UU. en Nicaragua, Nichols advirtió que «este acto deplorable aleja más a los nicaragüenses de la democracia que se merecen».

Por su parte, la Alianza Universitaria Nicaragüense escribió: «Rechazamos este nuevo acto criminal de la dictadura sandinista. ¡Nicaragua no es su finca! Somos nicaragüenses. No nos van a intimidar con su represión. La libertad es nuestro destino y está dictadura no va a impedirlo».

Y es que la decisión de ayer no fue la única del régimen. El Gobierno también canceló este miércoles las personalidades jurídicas de otras 25 ONG, incluida dos de Estados Unidos.

Con el cierre de esas 25 ONG suman 3.248 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

ANGIE RUIZ
REDACCIÓN INTERNACIONAL
*Con información de agencias