La tormenta política que pondría en jaque a Joe Biden para las presidenciales

Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, volvió a convertirse esta semana en el centro de una monstruosa tormenta política que no para de crecer y que marcará la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

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El hijo del mandatario, según sus abogados, llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el que se declaró culpable de dos delitos menores por evasión de impuestos y reconoce un tercero por haber mentido al llenar un formulario requerido para la compra de un arma de fuego.

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El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez en Delaware, prevé un castigo de dos años de libertad condicional y pago de los impuestos evadidos, más las multas correspondientes. Un monto que Hunter ya había desembolsado desde el año pasado cuando se puso a paz y salvo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés).

Para los defensores de la familia presidencial, el pacto es el fin de una saga que comenzó hace cinco años cuando un fiscal nombrado por el expresidente Donald Trump le abrió a Hunter una investigación que giró en torno a sus negocios en China y Ucrania que, según los republicanos, obtuvo ofreciendo la influencia sobre su padre cuando este fue vicepresidente entre el 2008 y el 2016.

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“Sé que Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad por los errores que cometió durante un periodo de confusión y adicción en su vida. Ahora quiere mirar al futuro y continuar con su recuperación”, dijo esta semana Chris Park, uno de sus abogados, haciendo alusión a los problemas por abuso de drogas que han rodeado al hijo del presidente desde hace varias décadas.

Sé que Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad por los errores que cometió durante un periodo de confusión y adicción en su vida.

Hunter, dicen esos mismos defensores, ha tenido que batallar de manera paralela con los ataques injustificados de los rivales políticos de su padre. De ahí que el arreglo con la Fiscalía es además prueba de que la justicia en EE. UU. funciona aún para los más poderosos.

Apuntan, de paso, a que las ofensas reconocidas por Biden son menores así como el castigo proporcional a lo que contempla la justicia para este tipo de casos.

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Para los republicanos, sin embargo, es todo lo contrario. Según Trump y sus simpatizantes, el acuerdo demuestra que se están aplicando dos raseros diferentes y que los demócratas están usando la justicia como herramienta política.

Es una palmada en la mano, y no pasará un solo día en la cárcel. Por el contrario, al mismo tiempo, se quiere meter a Trump en prisión. Acá hay un problema de equidad en la justicia”, dijo el presidente de la Cámara Kevin McCarthy. Algo a lo que hicieron eco incluso los rivales del exmandatario para la nominación del partido republicano.

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El hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden.

De acuerdo con Ron DeSantis, gobernador de la Florida, y uno de esos aspirantes: “Si Hunter no estuviera conectado con la clase política, hace rato estaría en una celda”.

Ambos se referían a la decisión de un fiscal especial que la semana pasada elevó 37 delitos criminales contra el exmandatario por la sustracción ilegal de documentos de la Casa Blanca y obstrucción a la justicia. Así mismo, probablemente, por otro caso que le abrieron en marzo pasado en Nueva York que involucra el pago ilegal a una actriz porno para comprar su silencio en vísperas de las elecciones del 2016.

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Sobre la superficie, ambos casos -el de Trump y el de Hunter Biden- tienen relación y se prestan para suspicacias. Pero en el fondo son bastante diferentes.

En el 2018, el Departamento de Justicia abrió una investigación contra Hunter por su rol como asesor en empresas de China y Ucrania que tenían intereses en Estados Unidos, justo cuando su padre era el vicepresidente de Barack Obama. Eso luego de que el mismo Trump reclamó una pesquisa contra el hijo de quien era su más probable rival en las elecciones del 2020.

Algo anormal, pues se supone que la Fiscalía es independiente, y se vio como un uso indebido del poder de la presidencia. La investigación recayó en el fiscal David Weiss, que fue designado por el mismo Trump para ocupar el cargo.

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Cuando Biden llegó a la presidencia en 2021, optó por dejar a Weiss en el cargo pese a que tenía la potestad de removerlo. Precisamente, se dijo en su momento, para evitar suspicacias. La investigación de Weiss se concentró inicialmente en su trabajo para esas empresas y el pago de 1,5 millones de dólares por sus servicios.

Donald Trump.

Como evidencia apareció un computador que Hunter había dejado en un almacén para ser reparado y en el que supuestamente existía evidencia comprometedora. La investigación, de la que se han conocido algunos detalles, y que tiene un capítulo separado en el Congreso, donde los republicanos avanzar en su propia conducta, reveló que Hunter efectivamente había usado el nombre de su familia y su potencial influencia para obtener los contratos, pero no que estos se hubiesen traducido en favores de la administración de entonces.

En todo caso, fue un tema que figuró alto en la contienda del 2020 entre Biden y Trump y que ahora probablemente volverá a resurgir. Weiss, eventualmente abandonó el componente político -la supuesta búsqueda de favores- y puso sus ojos sobre las declaraciones de renta de Hunter del 2017 y 2018, donde no reportó esas ganancias.

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Aunque el fiscal ha dicho que la investigación no ha concluido, el acuerdo de esta semana gira en torno a no haber pagado 100.000 dólares en los impuestos correspondientes a esos dos años. Así mismo, en el marco de la investigación surgió el formulario para la compra de armas en el que Biden no declaró su problema con las drogas, algo que lo hubiese descalificado para obtener un arma de fuego y que acarrea una sanción civil que también se tuvo en cuenta en el arreglo con la Fiscalía.

Los cargos contra Trump, por otro lado, son muy serios. De acuerdo con el fiscal especial, el expresidente no solo removió decenas de documentos con secretos militares de EE. UU. sino que se los mostró a otras personas no autorizadas y bloqueó los esfuerzos del FBI cuando este órgano intentó recuperarlos.

Según la Fiscalía, se trata de violaciones directas al Acto sobre espionaje, que prevé duras sanciones dado que involucran la seguridad nacional.

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De ahí que legalmente ambos casos habitan en universos diferentes. Además, mientras uno involucra directamente a Trump, el otro se refiere a la conducta de uno de los hijos de Biden. Lo cual, no hay duda, mancha la imagen del presidente demócrata, pero no su gestión en la presidencia o de sus años en la vicepresidencia.

“Este episodio lo que resalta es la integridad de Biden, pues optó por dejar un fiscal nombrado por el propio Trump para que investigara a su hijo. Es una clara demostración de su fe en las instituciones y la independencia del sistema judicial”, afirma David Brock, presidente de Facts First USA.

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El peso electoral

Pero en el mundo híper polarizado por el que gravita EE. UU., es un dato que terminará siendo irrelevante. De hecho, lo más probable es que el caso de Hunter y los cargos contra Trump se convertirán en el eje de esta campaña electoral. Y por varias puntas. 

En primer lugar, la simple declaración de culpabilidad de Hunter le permite a los republicanos alegar que los Biden son una familia “corrupta”, así se trate del desatino de uno de sus miembros.

Algo que enerva a los simpatizantes del presidente, pues tanto Trump como su familia y empresas han sido acusados y sancionados por casos similares o peores. El año pasado, una corte en Nueva York sancionó a Trump Inc. por maquillar la contabilidad para evadir el pago de millones de dólares en impuestos.

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“El caso de Hunter, así sea diferente, debilita el aura de transparencia de Biden, que era algo que lo diferenciaba de Trump. Cada vez que surja un nuevo desarrollo contra Trump, o cada vez que el presidente mencione su corrupción y problemas con la ley, sus rivales van a decir: ¿Y Hunter? Es injusto, pero es una realidad política, sostiene Cornell Belcher, experto en elecciones que ha trabajado para varias campañas del partido demócrata.

El caso de Hunter, así sea diferente, debilita el aura de transparencia de Biden, que era algo que lo diferenciaba de Trump.

Además, si bien los problemas legales de Hunter parecen haber llegado a su fin, lo más probable es que seguirán dando de qué hablar durante la campaña, pues el Congreso -de mayoría republicana- continuará con sus pesquisas así no tengan consecuencias jurídicas.

Pero, quizá lo más serio para la campaña de Biden es que les permite a los republicanos redondear su caso de que la justicia en el país está parcializada y lo que hay es una vendetta contra Trump para impedir su regreso a la Casa Blanca.

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Algo que ya creen firmemente en la base de este partido, y cuya puesta es expandir esa percepción al resto del electorado usando a Hunter como prueba reina.

De izq. a der., Ron DeSantis, gobernador de Florida; Donald Trump, expresidente de EE. UU.; y Mike Pence, exvicepresidente de EE. UU.

Foto:

AFP y EFE

Como opinó George Sargent en el Washington Post, es ahí donde los demócratas deben dar la pelea para tumbar un argumento que, dice, es “perverso”.

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“En ambos casos -Hunter Biden, por verlo como una palmada en la mano; y Trump por considerar que lo persiguen- los republicanos están atacando el sistema judicial simplemente porque no se acomoda a sus intereses políticos. Los demócratas tienen que destacar, y de manera agresiva, la perversidad de esa realidad. Una realidad que además es incompatible con la ley”, sostiene Sargent.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

El republicano Ron DeSantis entra en la carrera presidencial en EE.UU.

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