El proyecto de ley de emergencia que el Gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso de la Nación afectará a casi todos los ámbitos de la economía, la política y la sociedad de Argentina, y permitirá que se deleguen facultades legislativas en el poder ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia múltiple.
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La llamada ley de «bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» llega una semana después del polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU) que sancionó el presidente liberal y que entrará en vigor este viernes.
De aprobar el proyecto, los legisladores del Congreso permitirán que el Ejecutivo declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2025. La emergencia podrá prorrogarse por dos años, lo cual abarca todo el mandato de Milei.
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Es decir, Milei busca obtener amplias facultades para gobernar mediante este proyecto de ley y, de aprobarse, le permitirá tomar decisiones sin necesidad de aval legislativo bajo el paraguas de una declaración de «emergencia pública» que podría extenderse hasta el final de su mandato.
La Constitución Nacional de Argentina, reformada por última vez en 1994, prohíbe en su artículo 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, «salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».
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Movilización contra el gobierno del presidente de Argentina Javier Milei en Buenos Aires.
El derrotero de este proyecto de ley en el Parlamento es incierto: la formación de derecha de Milei, La Libertad Avanza, tiene una mínima representación legislativa, pero tiene como aliada a buena parte del frente de centroderecha Juntos por el Cambio, con fuerte peso en ambas cámaras del Congreso.
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En el mensaje de envío de la iniciativa al Parlamento, firmado por Milei y su Gabinete de ministros, el Gobierno afirma que su objetivo es «emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la nación».
En total, en un texto de 351 páginas el Gobierno propone una ley que reformará, eliminará o añadirá 664 artículos legales. Aquí le contamos los puntos más destacados.
Reforma del sistema electoral
Milei pretende sustituir el actual sistema de elección de diputados, que se reparten proporcionalmente mediante el sistema D’Hont, por un sistema de circunscripciones o distritos uninominales como el que funciona en Estados Unidos o Reino Unido.
Además, el proyecto contempla la eliminación de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y la implementación de la boleta electoral única.
Reformas del Código Penal
El proyecto también propone una reforma del Código Penal para elevar las penas a quienes «sin crear una situación de peligro común impidieren estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas», que podrán ser sancionados con entre uno y tres años y medio de cárcel.
Quienes convoquen a más de tres personas y organicen una «reunión o manifestación» de este tipo podrán ser condenados a entre tres y seis años de prisión.
También se impondrán sanciones más severas a quienes agredan físicamente a los agentes.
Privatización de empresas públicas
Según el proyecto de ley, el Gobierno podrá privatizar hasta 41 empresas estatales con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica.
Entre las empresas públicas sujetas a esta privatización que figuran en un anexo al proyecto están: Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la petrolera YPF, los ferrocarriles, la agencia de noticias Télam, la Casa de la Moneda o Nucleoeléctrica Argentina.
Protesta contra el Gobierno del presidente Javier Milei en Buenos Aires.
Ratificación del último DNU económico
El proyecto también blindará el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la práctica desregulación de la economía argentina, firmada el miércoles por Milei.
El decreto 70/2023 entrará en vigor este viernes y ya se enfrenta a varias denuncias en los tribunales y no tiene garantizado el apoyo de los legisladores de las cámaras.
Subida de las retenciones al campo
El texto del proyecto también establece que los productos agrícolas que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15 %, lo que se traduce en una subida de las retenciones aplicadas a la actividad agropecuaria.
Cambios en la legítima defensa
En materia de seguridad, el proyecto amplía los supuestos en los que se podrá aplicar la figura de la legítima defensa.
El proyecto defenderá que «el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo».
Suspensión de la ley de movilidad jubilatoria
De salir adelante, la nueva norma también incluirá la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2020 y permitirá al Ejecutivo establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones «teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustenabilidad económica«.
Cambios en el sistema educativo
En lo relativo a la educación, el proyecto plantea la creación de un examen final para los alumnos que hayan concluido la educación secundaria.
Por su parte, las universidades públicas podrán cobrar a los estudiantes extranjeros no residentes que deseen estudiar en el país suramericano.
Desregulación de más sectores
Si el DNU de la semana pasada inició la desregulación de la economía argentina, con el nuevo y masivo proyecto de ley, el Gobierno de Milei pretende desregular otros mercados como el energético o el azucarero.
Operaciones militares extranjeras
El nuevo proyecto también autorizaría el ingreso de fuerzas militares extranjeras en Argentina.
El Ejecutivo podría «autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado».
Protestas contra el gobierno de Javier Milei en Argentina.
Moratoria impositiva
El Gobierno plantea un nuevo régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. “Se prevé la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren”, dice el texto.
El acogimiento al régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso.
El proyecto señala que se condonará el 50 %, 30 % y 10% de los intereses resarcitorios y punitorios en los siguientes casos: si el contribuyente se adhiere antes de los 90 días desde la entrada de vigencia del régimen y paga al contado; si se adhiere antes de ese plazo, pero paga en un plan de facilidades, y si se adhiere a partir del día 91, respectivamente.
Obras públicas
El proyecto abre la puerta para que la infraestructura sea financiada por privados y dispone la renegociación o rescisión de contratos en ejecución.
De aprobarse la norma, el Poder Ejecutivo podrá disponer “por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional”.
La iniciativa contempla un esquema de regreso para las concesiones, un contrato que tiene en su esencia la transferencia del riesgo (del Estado al concesionario) a cambio del pago de un canon que puede o no tener que ver con el resultado de la explotación.
Para los contratos de obra pública que, a la fecha de sanción de la ley, tengan el plazo vencido y con cuestiones litigiosas pendientes, se abre una instancia para que el concesionario someta las divergencias contractuales pendientes al mecanismo de solución de controversias previsto para los nuevos proyectos.
Energía
La ley de hidrocarburos podría sufrir modificaciones si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo. El primer giro se percibe en el segundo artículo, donde consigna que el objetivo principal será “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”.
La principal novedad radica en la forma de establecer los precios de los combustibles, del gas y del petróleo. “El Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción”, dice el texto, que le hace un guiño directo a YPF: “En el caso de empresas estatales, estas podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es, a las correspondientes paridades de exportación o importación, según corresponda”.
La iniciativa no obliga a las empresas a cumplir con el mercado interno. Ni siquiera deberán abastecerlo para que, a cambio, como hasta ahora, se les permita exportar. “El comercio internacional de hidrocarburos será libre”, subraya el proyecto.
‘Blanqueo’ laboral
La iniciativa contempla beneficios para aquellos empresarios que regularicen la situación de sus empleados al promover una una suerte de blanqueo laboral, presentado como “Promoción del Empleo Registrado”.
El proyecto habilita la “extinción de la acción penal” y “condonación de las infracciones, multas y sanciones” por irregularidades en la contratación de un empleado. Además, podría dar de baja el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado durante el kirchnerismo.
Salud mental
El proyecto libertario plantea cambios en ocho de los más de 40 artículos de la ley de salud mental, entre los que figuran los puntos más debatidos y resistidos de la norma, como las internaciones involuntarias, la existencia de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión (OR). De aprobarse el nuevo texto, el OR, un cuerpo integrado por abogados para monitorear el cumplimiento de la ley de salud mental, pasará a estar compuesto por un equipo multidisciplinario.
Si bien se mantiene la excepcionalidad de la internación como recurso terapéutico, la iniciativa aclara que “procede, previa evaluación médica y del equipo interdisciplinario” en casos específicos, por ejemplo, cuando la persona no logre adherencia a los abordajes ambulatorios y presente una falta de conciencia de enfermedad que afecte su capacidad de discernimiento, implique un riesgo para sí o para terceros o se trate de un menor de edad que padece adicción a sustancias psicoactivas que comprometan gravemente su salud integral, entre otros.
Protestas en Argentina.
EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Medio ambiente
Otro objetivo de la iniciativa es modificar tres leyes regulatorias en materia de medio ambiente: la Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema.
El Gobierno pretende crear un mercado de carbono y establecer controles de emisiones a los distintos sectores productivos. Este tipo de mercados funcionan a partir de límites que, en este caso, el Poder Ejecutivo fija sobre los derechos de emisiones. En otras palabras, cada sector tendría la posibilidad de emitir cierta cantidad de gases de efecto invernadero. De ser superar esa barrera, el emisor tendría que pagar una multa o pagar por mitigar.
Divorcio simplificado
Entre las múltiples modificaciones legales que propone la iniciativa libertaria, se incluye la posibilidad de divorciarse sin pasar por la Justicia y sin la intervención de abogados.
El proyecto impulsa, en el capítulo tres, incorporar como inciso en el artículo 435 del Código Civil y Comercial -que regula las causas de disolución del matrimonio- la “comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, la cual tendrá los mismos efectos que el divorcio”.
Hasta ahora, el Código Civil reconocía como causales la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento o el divorcio declarado judicialmente. De aprobarse el proyecto, una pareja podría divorciarse por la vía administrativa en lugar de la judicial.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
*Con información de EFE y La Nación (Argentina) / GDA
