Los cuatro riesgos para Colombia y América Latina en 2024 por la desgobernanza global

Los choques globales no dieron tregua en este año 2023. Tras una década marcada por la pandemia del covid-19, una crisis de las cadenas de suministro, y el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los últimos doce meses han vuelto a poner en relieve el contexto externo altamente incierto, dinámico y complejo.

En marzo, vivimos una serie de quiebras bancarias en EE. UU., producto de los riesgos escondidos de la nueva normalidad de altas tasas de interés, que hizo temblar al sistema financiero global.

Siete meses después, el ataque terrorista más devastador en la historia de Israel desató otro conflicto bélico cuyas implicaciones para la seguridad y política mundial solo se evidenciarán plenamente en los próximos años y décadas.

A medianos de diciembre, los hutíes, un grupo rebelde yemení respaldo por el gobierno iraní, empezó a lanzar ataques de drones y misiles contra barcos comerciales transitando el Mar Rojo, punto crítico para el transporte marítimo global. Este grupo, probablemente desconocido por gran parte de las empresas a este lado del mundo, cuenta con un arsenal de armas superior a gran parte de los países latinoamericanos, y pocas restricciones políticas al utilizarlo.

En respuesta a esto, los gobiernos de EE. UU., Gran Bretaña, y Francia y otros poderes mundiales han desplegado un flete de buques de guerra altamente avanzados. Buscan evitar una nueva crisis del comercio mundial y la reacción política doméstica que traería.

Si bien estos eventos tienen causas e impactos diversos, son manifestaciones todas del actual momento de “desgobernanza global.” El mundo se está transitando del sistema unipolar bajo la hegemonía de EE. UU. que prevalecía después de la Guerra Fría hacia una nueva estructura global que todavía no se ha consolidado. Lo cierto es que el marco institucional para tratar temas globales y la provisión de bienes públicos globales por parte de EE. UU.—dos pilares del sistema unipolar—dejaron de ser, hace rato, una fuente de estabilidad.

Al mismo tiempo, el mundo enfrenta un panorama de riesgos cada vez más complejos por fenómenos como el avance imparable de la tecnología digital, el cambio climático, y el deterioro de los sistemas democráticos. El ritmo de cambios disruptivos no deja de acelerar. Lo anterior exige mecanismos claros y predecibles de gestionar riegos, manejar tensiones, y organizar la acción colectiva a nivel mundial.

En efecto, la brecha entre la demanda para la gobernanza global y la capacidad del sistema actual de suministrarla es alta y creciente. Esta situación seguirá generando choques externos, disrupciones inesperadas, y desafíos con poco precedentes para la economía global y el ambiente de negocios en 2024.

¿Cuáles son las implicaciones para América Latina y el ambiente de negocios en la región?

La influencia de potencias intermedias

El gran reacomodo en materia geopolítica aumenta la capacidad de ejercer influencia de las llamadas potencias intermedias—países como Argentina, Brasil, México, y (¿por qué no?)—Colombia también. El debilitamiento de las instituciones y reglas que han redigo el sistema de comercio e inversión internacional durante décadas incrementa su margen de maniobra para implementar políticas proteccionistas y que priorizan objetivos de política pública doméstica por encima de los derechos de las inversionistas.

La escalada de la rivalidad con China hace que EE. UU. sea más pragmático y flexible, en sus relaciones con los gobiernos de la región, incrementando el poder de negociación de los latinoamericanos frente a los dos grandes poderes.

SI bien este escenario puede traer beneficios—por ejemplo, reformas necesarias y pendientes a la gobernanza de instituciones multilaterales—también genera riesgos regulatorios para las empresas. Los gobiernos latinoamericanos—de diversas orillas ideológicas—estarán cada vez más dispuestos a implementar impuestos extraordinarios y aranceles, así como nuevos requisitos de contenido local, transferencia de tecnología, localización de datos, residencia nacional, y otras condiciones sobre las actividades de empresas multinacionales.

Esta tendencia será especialmente marcada en industrias estratégicas para la transición energética como los minerales críticos y las energías renovables donde la competencia global aumenta aún más el poder de negociación de los gobiernos latinoamericanos.

Cambio climático y transición energética

La misma transición energética, y el cambio climático que forma su trasfondo, representa el segundo factor clave marcando el ambiente de negocios en la región en el próximo año. No cabe duda que la descarbonización representa una oportunidad enorme para América Latina y Colombia por su riqueza mineral y de fuentes de energía limpia así como su gran capacidad de proveer soluciones basadas en la naturaleza.

Sin embargo, este contexto también implica grandes desafíos para el sector público y privado en la región. El primero tiene que ver con establecer un equilibrio adecuado entre diferentes objetivos de política pública: promover la descarbonización sin descuidar la seguridad energética, garantizar la protección ambiental sin desincentivar la inversión privada. El segundo corresponde a los desafíos sociales e institucionales que enfrentarán empresas para concretar inversiones en minerales críticos y energías renovables.

Relaciones complejas con comunidades locales y procesos administrativos engorrosos están frenando proyectos en estos sectores a lo largo y ancha de la región.

Finalmente, la vulnerabilidad a eventos climáticos será un factor que no solo generará disrupciones operativas cada vez mayores sino que también amplificará riesgos políticos, sociales, y regulatorios para las empresas.

El avance de la tecnología

La tercera implicación tiene que ver con las disrupciones digitales. La digitalización de las empresas en la región ha avanzado a un ritmo mucho mayor que el desarrollo de las políticas públicas y los controles internos para garantizar la seguridad de datos. Al mismo tiempo, el panorama de riesgos digitales se vuelve cada vez más complejo por la rápida incorporación de herramientas como la inteligencia artificial en los ataques cibernéticos, así como la proliferación de actores de amenaza con agendas políticas y geopolíticas y respaldo estatal. Estos dos factores se agravan por el actual contexto de desgobernanza global.

Frente a este escenario, los gobiernos de la región están corriendo contra reloj para ponerse al día, generando un torrente de proyectos, iniciativas y estrategias para garantizar la seguridad digital. En Colombia actualmente hay nada menos que seis proyectos de ley tramitando en el Congreso que abordan estos temas, incluyendo dos propuestas diferentes para crear una nueva agencia nacional de seguridad digital.

Si bien la intención es buena, existe un claro riesgo de establecer reglas demasiado restrictivas que impidan la inversión privada en el sector tecnología.

Independientemente de lo que hagan los gobiernos, las mismas empresas tendrán que fortalecer sus protocolos de seguridad y protección de datos para asegurar su cumplimiento con estándares nacionales e internacionales y evitar las disrupciones operativas y daños reputacionales asociados con ciberataques.

‘Sobrecarga en la gestión de riesgos’

La implicación final es que todo lo anterior puede fácilmente generar una sobrecarga de la gestión de riesgos, creando un “meta riesgo” transversal para las empresas y organizaciones en 2024. Los líderes del sector privado y público tendrán que trabajar horas extras para mantenerse al tanto de fuentes de riesgo cada vez más diversas y dispersas, y tantos eventos de importancia a nivel global.

Es evidente que las causas de potencial disrupción para una empresa en cualquier país de la región, aun si sus operaciones se limitan al mercado nacional, se han multiplicado, diversificado, y complejizado. Manejar este escenario exige planes claros y exhaustivos de gestión de riesgo, sistemas de monitoreo de riesgos sofisticados, y la incorporación estratégica de herramientas tecnológicas en estas funciones.

Los próximos 12 meses seguramente serán muestra de esta realidad. El año 2024 traerá elecciones en más de 70 países, incluyendo las tres democracias más grandes del mundo—EE. UU., India, e Indonesia—así como puntos críticos geopolíticos como Rusia, Ucrania, y Venezuela. Los responsables de gestión de riesgo deben aprovechar estos días del fin de año para descansar un poco.

THEODORE KAHN
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
DIRECTOR, ANÁLISIS DE RIESGOS GLOBALES EN CONTROL RISKS