Texas es uno de los estados que ha actuado de manera más firme en contra de los indocumentados. Ha aprobado leyes estatales que permiten su arresto y deportación inmediata, colocado alambre de púas en buena parte de su frontera y destinado recursos para llevar a los inmigrantes a ciudades consideradas santuario. Todo lo cual ha implicado enormes gastos para la entidad, según se ha dado a conocer.
Se calcula que, en los últimos dos años, el estado de la estrella solitaria ha gastado más de US$148’000.000 trasladando a más de 102.000 inmigrantes en autobuses hacia otras partes del país, según un informe de la empresa de investigación económica The Perryman Group.
Y es que cabe recordar que, desde abril de 2020, el gobernador Greg Abbott, dio a conocer su intención de trasladar fuera de Texas a los solicitantes de asilo, por lo que desde entonces, ha destinado recursos principalmente para llevarlos a Nueva York, Chicago, Denver, Los Ángeles, Filadelfia y a la capital del país Washington DC.
La situación ha afectado de manera importante a zonas como la ciudad de Nueva York cuyo alcalde, Eric Adams, ha enfatizado que están enfrentando una crisis pues ya no tienen más espacios para albergar a más inmigrantes y no solo han tenido que crear refugios de emergencia sino otras medidas como toques de queda con la intención de enfrentar desafíos sociales como la delincuencia.

Eric Adams ha advertido sobre la crisis en la ciudad.
nyc.gov
Texas reafirma su política antiinmigrante
Texas ha dejado en claro que seguirá tomando medidas para evitar la inmigración ilegal en su estado. Como ejemplo, el próximo 5 de marzo podría entrar en vigor una ley que permitirá a las autoridades estatales detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al territorio y ser deportadas de inmediato.
Lo anterior ha generado un debate. La administración de Joe Boden considera que las políticas migratorias únicamente conciernen al gobierno federal y que aplicar y aprobar medidas locales es anticonstitucional. Sin embargo, Texas argumenta que tiene el derecho a actuar en contra de los indocumentados por considerar que hay una invasión a su territorio