Amnistía a independentistas catalanes en España: cinco preguntas para entender la polémica ley

Este jueves, según el Gobierno de coalición de izquierdas de España, se logró un paso imprescindible para intentar superar el conflicto político y social en Cataluña y para dejar atrás las consecuencias de la declaración unilateral de independencia de 2017: el Parlamento español aprobó definitivamente la ley de amnistía a los independentistas catalanes.

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La coalición de gobierno y sus socios parlamentarios, entre ellos los independentistas catalanes, logró sumar 177 votos, cifra que se impuso a los 172 de la oposición de derechas.

Los defensores de la ley, en todo caso, son conscientes de la incertidumbre que se abre ahora sobre su aplicación, pues no se trata de una amnistía automática de forma generalizada sino que esta dependerá de cada juez en cada proceso.  

Y dependerá también de que los jueces planteen en España una cuestión sobre la constitucionalidad o no de la ley o incluso apelen a la justicia europea para que esta determine si es acorde a la legislación comunitaria, lo que suspendería la aplicación de esta norma, que es clave para la segunda legislatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

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Pedro Sánchez.

Foto:José Luis Cereijido/ EFE

Por lo pronto, los conservadores, la principal fuerza de la oposición, anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional de España, lo que deja ver que aún falta camino para concretar del todo la aplicación de la medida.

Pero, ¿por qué la ley suscita tanta polémica y qué implica en la práctica? A continuación, cinco preguntas para entenderlo.

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1. ¿A quiénes beneficia la ley de amnistía?

Esta ley busca revertir «la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista» en Cataluña, en particular la consulta simbólica del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia del 1°. de octubre de 2017.

Una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado -lo que ocurrirá en los próximos días-, se podrán anular sentencias o suprimir los procesos iniciados contra cientos de activistas y dirigentes implicados en lo que fue una de las crisis políticas más graves de la España moderna.

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De esta manera, unas 400 personas se podrían beneficiar, según el Ministerio de Justicia, entre ellas Carles Puigdemont, quien lideró el intento de secesión de 2017 cuando era presidente regional.

Desde Bélgica, donde se encuentra instalado desde 2017 para evadir la justicia española, Puigdemont celebró la amnistía como un paso «histórico» de los independentistas en su «combate» con el Estado español. En su breve mensaje, no dijo nada sobre su posible regreso a España, pero su partido había dicho que podría retornar para estar presente en el debate de investidura del nuevo presidente catalán en el Parlamento regional, lo que ocurrirá a más tardar el 25 de junio.

El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Foto:EFE

¿La ley abarca cuáles hechos?

La ley de amnistía abarca los acontecimientos ocurridos entre «el 1°. de noviembre de 2011, cuando comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023», lo que incluye entonces las consultas sobre la independencia celebradas en 2014 y 2017 en Cataluña.

En un primer momento el plazo era menor, pero los separatistas insistieron en incluir los dos últimos meses de 2011, preámbulo de un proceso que tuvo uno de sus puntos álgidos en la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017, que no tuvo efectos prácticos.

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¿Qué delitos serán amnistiados?

Para «garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley», el texto enumera los delitos amnistiados, que van desde la organización del referéndum hasta las reuniones preparatorias, pasando por la participación en manifestaciones contra la persecución de los responsables.

Uno de los aspectos más sensibles, que obligó a reabrir las negociaciones después de un rechazo inicial de los independentistas al texto a finales de enero, es la referencia al terrorismo.

El partido de Carles Puigdemont consideraba que la primera versión no ofrecía las garantías necesarias para proteger a todos los afectados, empezando por su líder.

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A finales de febrero, un mes después del fracaso de esa primera votación, el Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación por terrorismo contra Puigdemont por los disturbios que se vivieron en Cataluña en 2019.

Para evitar que sea anulada por el Tribunal Constitucional español o el Tribunal de Justicia Europeo, la nueva versión ha eliminado la referencia al Código Penal español y ha tomado como único criterio el derecho europeo, en este caso la Directiva Europea de 2017 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tienen un concepto diferente de la noción de terrorismo.

En las manifestaciones del 11 de septiembre de 2018 cientos de personas reclamaban la libertad del líder catalán Oriol Junqueras.

Foto:AFP

Cabe recordar que los fiscales del Tribunal Supremo español que intervinieron en el juicio en el que fueron condenados varios líderes independentistas tras la declaración de 2017 han advertido que la orden de detención contra Puigdemont no puede ser retirada por la amnistía, pese a lo que la ley contempla.

Además de avanzar que se debe solicitar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y otra de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en España, lo que paralizaría su aplicación.

¿Desde cuándo se aplicará la amnistía?

Una vez promulgada la ley y remitido el asunto a los tribunales, estos dispondrán de un plazo máximo de dos meses para ordenar «la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiarias de la amnistía que se hallaran en prisión», y para dejar sin efecto «las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención». 

Pero también podrían consultar al Tribunal Constitucional español o a la justicia europea si la ley se ajusta a derecho, lo cual demoraría considerablemente la aplicación de la amnistía. 

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En el 2017 alrededor del 43% de la población catalana votó en un referendo independentista en el que cerca del 90% de los sufragantes le dijeron «sí» a la separación de España. A pesar de que el referendo fue declarado ilegal posteriormente, muchos catalanes aún comparten sentimientos independentistas que desembocaron en fuertes protestas en los último días que exigen la liberación de líderes del proceso.

Foto:David Borrat / Efe

El ministro español de Justicia, Félix Bolaños, comentó este jueves que la norma entrará en vigor «en los próximos días» tras los trámites preceptivos e insistió en que serán los jueces los que deban aplicarla.

De ello son conscientes también los independentistas. La secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, desde Suiza, adonde huyó de la Justicia española, coincidió en que «el gran reto» es su aplicación, «que depende de cada juez».

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¿Qué dicen quienes están a favor y quienes están en contra?

La aplicación del Estado de Derecho, «en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo», por lo que es necesario dar «un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador», afirma el texto.

Presentada desde el principio como una herramienta para la reconciliación, esta ley es sobre todo vital para el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, ya que era la condición que le impusieron los diputados independentistas catalanes para apoyar su investidura e iniciativas parlamentarias

«En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino”, publicó Sánchez en X. 

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Alberto Núñez Feijoo.

Foto:AFP

Sin embargo, el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, lamentó que «no es un buen día para la democracia» española y advirtió que «será cuestión de los tribunales la derrota de la ley». 

La sesión en que la ley recibió el visto bueno definitivo fue fiel reflejo de la crispación que caracteriza la política española, al punto que estuvo suspendida por unos momentos hasta que cesó un duro cruce de acusaciones, insultos incluidos, entre la formación de izquierda Sumar, socio de Gobierno del socialista PSOE, y la de extrema derecha Vox.

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