CIDH advierte sobre el incremento de la persecución política en Venezuela y pide visitar El Helicoide, la cárcel señalada como ‘centro de tortura’

La persecución política en Venezuela se ha incrementado en lo que va del año, declaró ayer la relatora para el vecino país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria de Mees, que quiere que Caracas le deje visitar la cárcel de El Helicoide.

La relatora denunció la intensificación de la represión en Venezuela desde las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor pese a las denuncias de fraude de la oposición y veedores internacionales, que presentó las actas de votación que dan cuenta de la victoria a Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.

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«La persecución de voces disidentes se ha intensificado, lo que revela una profundización del autoritarismo», declaró Gloria de Mees en una presentación especial ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

‘El Helicoide’, la polémica cárcel venezolana que es señalada como centro de tortura. Foto:EFE

Asimismo la Comisión presentó una solicitud para llevar a cabo una visita en Venezuela con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en el país y, en concreto, en la cárcel de El Helicoide, el centro de detención más temido de la nación suramericana la cual ha sido objeto de denuncias repetidamente como un «centro de torturas» por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

«La última visita de la Comisión a Venezuela tuvo lugar en 2002, hace más de veinte años. Desde entonces, cada nueva solicitud, en 2017 y en 2020, ha sido rechazada», explicó la relatora.

El Helicoide es el principal centro de detención de disidentes políticos en Venezuela y, según De Mees, la Comisión ha recibido «información alarmante» de lo que allí ocurre, donde se han documentado graves violaciones a los derechos humanos.

Familias protestan por la liberación de Colombianos presos en Venezuela Foto:Suministrada a EL TIEMPO

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la propuesta de la comisión y destacó la «urgencia» de que se lleve a cabo: «Una visita ‘in loco’ representaría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana», dijo en redes.

La Comisión pidió el año pasado medidas de protección cautelares en 23 casos de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, y en lo que va de 2025 ya ha emitido 25.

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AFP

«Lamentablemente la situación no ha mejorado, sino que se ha deteriorado», indicó en su intervención, solicitada por Argentina.

Caracas contesta la jurisdicción del sistema interamericano de los derechos humanos, pero la Corte (con sede en San José) le recordó que a pesar de las desavenencias políticas, sus sentencias siguen siendo plenamente vigentes.

«Lo que está en juego no es solamente el acceso a lugares de detención, es la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano en su conjunto», declaró la relatora.

De acuerdo con informes recientes de la propia CIDH y de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, más de 250 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, entre ellas periodistas, dirigentes opositores y activistas comunitarios. En varios de esos casos se han documentado patrones de detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada y tratos degradantes.

Nicolás Maduro. Foto:FEDERICO PARRA

La relatora De Mees advirtió que esta práctica constituye una violación sistemática de los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano y llamó a los países miembros de la OEA a mantener la vigilancia sobre la situación.

Expertos recuerdan que el cierre de espacios democráticos y el hostigamiento a la prensa por parte del régimen de Nicolás Maduro han sido señalados reiteradamente por el sistema interamericano como señales de una deriva autoritaria.

En su intervención, la representante de la CIDH insistió en que una eventual visita al país permitiría verificar las condiciones de reclusión y el respeto a los derechos básicos de los detenidos, así como abrir un canal de diálogo humanitario con las autoridades. “La transparencia y el acceso son el primer paso hacia la rendición de cuentas”, concluyó.

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Desde 2013, Venezuela no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la CIDH, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica).

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Un año antes, bajo el Gobierno de Hugo Chávez, el país denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el día 10 de septiembre de 2013 la decisión se formalizó y Venezuela se desvinculó de las obligaciones del texto fundacional del sistema.

Aun así, la CIDH reitera su competencia sobre Venezuela y alega que la denuncia presentada en 2012 carece de validez.

Con información de AFP y EFE

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