La decisión del gobierno de Donald Trump de retirarle la visa estadounidense a Viviana Marín, una activista de izquierda colombiana que llamó a salir a las calles para hacer “invivible” el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, es apenas el ejemplo más reciente de una práctica que se ha vuelto cada vez más frecuente durante la segunda administración del mandatario republicano.
LEA TAMBIÉN
Desde su regreso al poder, Trump y, en particular, su secretario de Estado, Marco Rubio, han recurrido a la suspensión o revocación de visas como una herramienta de política exterior para sancionar conductas que consideran contrarias a los intereses de Estados Unidos.
La práctica no es nueva ni ilegal. Washington ha utilizado durante décadas las restricciones migratorias para sancionar a funcionarios extranjeros acusados de corrupción, violaciones de derechos humanos, narcotráfico o acciones contrarias a los intereses estadounidenses.
Lo que resulta mucho más inusual durante la actual administración es la frecuencia con que se utiliza la medida, la decisión de hacer públicas algunas de las sanciones y, sobre todo, su aplicación a personas por declaraciones, posiciones políticas o actuaciones contra dirigentes y gobiernos cercanos a Trump.
El propio caso de Marín resulta ilustrativo.
Abelardo De La Espriella durante la transmisión de mando de la nueva cúpula de la Fuerza Pública. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO
Landau, ‘el Quitavisas’ de la admnistración Trump
El martes, Christopher Landau, subsecretario de Estado y quien en sus redes sociales se ha autodenominado “el Quitavisas”, publicó un video de la dirigente colombiana y anunció personalmente la sanción.
“Ella tiene todo el derecho a sus opiniones políticas, pero no tiene derecho a ingresar a Estados Unidos”, sostuvo Landau.
Según el funcionario, Washington no recibe a personas que busquen ejercer oposición política mediante “violencia o intimidación”, razón por la cual el Departamento de Estado, bajo la dirección de Rubio, decidió revocar el visado de Marín.
En materia de visas, el secretario de Estado cuenta con facultades extraordinariamente amplias.
LEA TAMBIÉN
La sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que, una vez expedida una visa, un funcionario consular o el secretario de Estado puede revocarla “en cualquier momento” y a su discreción.
La reglamentación federal reproduce prácticamente el mismo lenguaje y autoriza al secretario, a un funcionario consular o a otros funcionarios del Departamento de Estado en quienes se haya delegado esa autoridad a cancelar una visa de no inmigrante a consideración.
¿Qué tan probable es revocar retiro de visa estadounidense?
Más importante aún, las posibilidades de impugnar judicialmente una revocación son extremadamente limitadas. La legislación excluye expresamente, salvo excepciones muy limitadas relacionadas con procesos de deportación, la revisión judicial de estas decisiones.
Un tribunal federal volvió a reiterarlo este mismo año al señalar que el Congreso otorgó al Departamento de Estado esa facultad discrecional y cerró expresamente la puerta a la revisión judicial de las revocaciones.
Christopher Landau, subsecretario de Estado. Foto:EFE
Eso explica también por qué el gobierno estadounidense generalmente no informa públicamente las razones por las cuales cancela una visa determinada.
La ley migratoria que hace inadmisible a un extranjero en EE. UU.
En paralelo, existe otra herramienta, la sección 212(a)(3)(C) de la ley migratoria, que permite al secretario de Estado declarar inadmisible a un extranjero cuando existan razones para considerar que su entrada podría tener “consecuencias potencialmente graves” para la política exterior de Estados Unidos.
Rubio ha recurrido expresamente a esa disposición en varias de las nuevas políticas de visas de la administración Trump.
Pero la misma ley introduce protecciones cuando la decisión se basa exclusivamente en las creencias, declaraciones o asociaciones de una persona que serían legales en Estados Unidos. Para ciertos extranjeros que no son funcionarios gubernamentales, el secretario debe determinar personalmente que su admisión comprometería un interés imperioso de política exterior y notificar al Congreso.
LEA TAMBIÉN
Por esa razón, sin que el Departamento de Estado haya identificado públicamente la disposición concreta utilizada en el caso de Marín, no es posible asegurar que su visa fue revocada específicamente bajo la sección 212(a)(3)(C).
Petro y el ejemplo de la presión con retiro de visado
Colombia ya había experimentado el uso de las visas como instrumento de presión política durante la administración actual.
En enero de 2025, cuando el entonces presidente Gustavo Petro se negó inicialmente a recibir dos vuelos militares estadounidenses con colombianos deportados, Trump anunció un paquete de represalias que incluía aranceles, sanciones financieras y la revocación de visas a funcionarios del gobierno colombiano y sus aliados.
Rubio ordenó, además, suspender temporalmente la expedición de visas en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
El Departamento de Estado invocó expresamente la sección 212(a)(3)(C) y anunció restricciones contra funcionarios colombianos y sus familiares que consideraba responsables de interferir en los vuelos de deportación.
El presidente Gustavo Petro pidió al Ejército de Estados Unidos desobedecer a Trump, en Nueva York. Foto:Presidencia
Meses después, la confrontación se volvió personal.
En septiembre de 2025, Estados Unidos revocó la visa del propio Petro después de que el entonces mandatario participara en una manifestación propalestina en Nueva York y exhortara a los militares estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump.
El Departamento de Estado calificó sus palabras de “imprudentes e incendiarias” y anunció públicamente que le retiraría el visado. Y lo mismo sucedió con otros miembros de su gobierno.
Brasil y el retiro de visas a magistrado Moraes y jueces
Uno de los ejemplos más claros del nuevo uso político de las visas ocurrió en Brasil. En julio de 2025, Rubio anunció la revocación de las visas del magistrado Alexandre de Moraes, integrante de la Corte Suprema brasileña, así como las de otros jueces considerados sus aliados y de sus familiares inmediatos.
Moraes era precisamente el magistrado encargado del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, estrecho aliado político de Trump, por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
LEA TAMBIÉN
Rubio calificó el proceso contra Bolsonaro de “cacería de brujas política” y dijo que Moraes había creado un sistema de persecución y censura que también afectaba a ciudadanos y empresas estadounidenses.
De acuerdo con un informe posterior del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, las revocaciones habrían alcanzado a al menos ocho de los 11 magistrados de la Corte Suprema brasileña y al fiscal general Paulo Gonet.
Washington fue incluso más lejos y, posteriormente, impuso sanciones económicas a Moraes bajo la Ley Global Magnitsky. El Departamento del Tesoro sostuvo que el magistrado había utilizado su cargo para autorizar detenciones arbitrarias, restringir la libertad de expresión y perseguir políticamente a Bolsonaro.
El gobierno brasileño rechazó las medidas como una intromisión en sus asuntos internos.
Costa Rica: la lluvia de retiro de visados de EE. UU.
Pero quizás ningún país ilustra mejor la controversia que Costa Rica.
Desde comienzos de 2025, Estados Unidos comenzó a cancelar las visas de diputados, magistrados, funcionarios públicos y dirigentes políticos costarricenses.
Laura Fernández, presidenta de Costa Rica. Foto: EFE
Inicialmente, varias de las medidas parecieron estar relacionadas con la disputa entre Washington y China por el desarrollo de la red 5G costarricense.
Después de visitar el país, Rubio advirtió que Estados Unidos buscaría identificar y sancionar a funcionarios que utilizaran sus cargos para favorecer a actores extranjeros que Washington consideraba una amenaza para la ciberseguridad.
Poco después perdieron sus visas las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba, la auditora del Instituto Costarricense de Electricidad Ana Sofía Machuca y el diputado Francisco Nicolás, entre otros. Algunos habían cuestionado las restricciones impuestas a empresas chinas en el desarrollo de la infraestructura 5G.
En abril de 2025 también perdió su visa el expresidente y premio Nobel de Paz Óscar Arias.
LEA TAMBIÉN
Washington nunca explicó oficialmente la decisión. Arias, sin embargo, acababa de criticar duramente a Trump y había cuestionado lo que consideraba la subordinación del gobierno del entonces presidente Rodrigo Chaves frente a Washington.
Posteriormente se sumaron a la lista el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y magistrados de la Sala Constitucional.
La controversia alcanzó otro nivel en mayo de este año, cuando Estados Unidos retiró las visas de cinco de los siete integrantes de la junta directiva del diario La Nación, uno de los principales medios costarricenses y un medio duramente enfrentado durante años al gobierno de Rodrigo Chaves, aliado de Trump.
El Departamento de Estado no explicó públicamente las razones.
Los directivos del periódico consideraron que podía tratarse de una represalia por su línea editorial, mientras que organizaciones defensoras de la libertad de prensa expresaron su preocupación.
El Comité para la Protección de los Periodistas sostuvo que el uso de revocaciones de visas para “controlar” la expresión debía terminar y reclamó a Washington una explicación.
El juez ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Foto:EFE
El Departamento de Estado, consultado posteriormente sobre las cancelaciones de visas en Costa Rica, evitó referirse a casos particulares y recordó la amplia discrecionalidad que tiene el secretario de Estado para determinar quién puede ingresar al país.
La política Trump para negar visas a extranjeros por motivos específicos
El patrón se extiende más allá de estos casos.
La administración Trump anunció en mayo de 2025 una política específica para negar visas a funcionarios extranjeros acusados de censurar a ciudadanos estadounidenses o de presionar a compañías tecnológicas del país.
Rubio justificó la medida bajo la sección 212(a)(3)(C), argumentando que Estados Unidos no toleraría acciones de gobiernos extranjeros que afectaran la libertad de expresión de sus ciudadanos.
Y durante el último año Washington también ha recurrido a revocaciones masivas de visas contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales. Reuters reportó en octubre de 2025 que más de 50 políticos mexicanos habían perdido sus visas, aunque en muchos casos Washington no hizo públicos sus nombres ni las razones concretas.
LEA TAMBIÉN
El uso de visas como herramienta diplomática en EE. UU.
El uso de las visas como herramienta diplomática no comenzó con Trump. Durante décadas, gobiernos estadounidenses de ambos partidos han restringido el ingreso de extranjeros señalados por corrupción, por violaciones de derechos humanos, por narcotráfico o por actuaciones consideradas contrarias a los intereses de Estados Unidos.
Lo que ha cambiado durante la actual administración es, en buena medida, la visibilidad de esas decisiones y el tipo de conductas que se invocan públicamente para justificarlas.
En Brasil, Costa Rica y Colombia, altos funcionarios de la administración han anunciado o defendido restricciones a las visas en medio de controversias políticas que involucran a gobiernos, dirigentes o movimientos con los que Trump mantiene una relación cercana.
En otros casos, Washington ni siquiera ha explicado las razones. Y legalmente, en la mayoría de las circunstancias, tampoco está obligado a hacerlo.
Marco Rubio, secretario de Estado. Foto: AFP
Esa combinación de enorme discrecionalidad y escasa obligación de rendir cuentas convierte una visa en una herramienta particularmente poderosa de política exterior. El gobierno estadounidense puede concederla, negarla o revocarla y, salvo contadas excepciones, el afectado cuenta con muy pocos mecanismos para cuestionar la decisión.
El caso de Viviana Marín es el más reciente. Y, a diferencia de muchas revocaciones del pasado, esta vez Washington quiso que se conocieran tanto el nombre de la persona sancionada como la conducta que, según el Departamento de Estado, motivó la decisión.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
@sergom68
