Interpol, la mano contra el crimen señalada de ser títere de Estados
Sayed Abdellatif tuvo que huir de Egipto en 2012 tras sufrir torturas para llegar hasta Australia pidiendo asilo. Sin embargo, estuvo detenido cinco días en un campo de refugiados australiano, debido a que el gobierno de su país pidió a Interpol emitir una circular roja para capturarlo.
El líder uigur naturalizado alemán, Dolun Isa, fue también atormentado durante mucho tiempo por una circular emitida a petición de Pekín; así como el autor turco Dogan Akhanli, que estuvo bloqueado durante varios meses en España en 2017 tras un pedido de extradición de Ankara transmitido a Interpol.
Los anteriores son solo algunos de los casos por los que Fair Trials, una Oenegé londinense que trabaja por juicios justos, de acuerdo con las normas internacionales de justicia y que defiende los derechos de quienes enfrentan cargos en un país que no es el suyo, ha sido una de las entidades que se ha dedicado a documentar los casos de personas que han recibido una circular roja de Interpol sin ahondar en sus casos particulares.
Periodistas, defensores de los derechos humanos u oponentes son solo parte de la gama de sectores afectador por esta emisión poco minuciosa de estas notificaciones internacionales.
Según la Oenegé, hay 13.000 circulares emitidas cada año, y de ese número no se puede especificar cuántas están «motivadas políticamente» o son «abusivas». Pero uno de sus directores, Alex Mik, explicó que «se han observado casos por parte de Egipto, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Irán, Indonesia, Bahrein, Rusia, China y Turquía».
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«Interpol desempeña un papel vital en la lucha contra el crimen, conectando a las fuerzas policiales de todo el mundo para facilitar el arresto y la extradición de personas buscadas por delitos graves. Sin embargo, creemos que sus sistemas, en particular sus alertas internacionales de «persona buscada» («Avisos Rojos») están siendo abusados por los países de todo el mundo para perseguir a los refugiados, periodistas y manifestantes políticos pacíficos, a un enorme costo personal para estos individuos», asegura Fair Trials en su portal web.
Según la entidad, la preocupación se enfoca hacia el funcionamiento de CCF, la autoridad supervisora existente de Interpol, que es la única opción realista para que las personas sujetas a una alerta de la entidad busquen un remedio.
Aún queda mucho por hacer para asegurar que Interpol armonice su sistema con los derechos humanos
Para Alain Bauer, profesor de criminología en Francia, «hay que acelerar los plazos en caso de que se quiera apelar las decisiones de la CCF, con una especie de procedimiento rápido para las situaciones particularmente descabelladas». Sugiere también «un mejor control para los países complicados».
Además, el CCF admitió en su último informe anual que algunos países cuyas solicitudes de circulares han sido rechazadas pasan por alto los controles inscribiendo los pasaportes de sus objetivos en las listas de documentos «perdidos o robados» de Interpol.
Aunque la misma Oenegé señala que Interpol han introducido algunos cambios para paliar esta situación, aún queda mucho trabajo por hacer.
Y es que las notificaciones de Interpol permiten informar a los 194 Estados miembros de esta organización internacional de policía criminal de que los tribunales de un país han dictado una orden de detención contra una persona.
En 2004, Meng se convirtió en el jefe de la sucursal de Interpol en China.
Un cambio en el sistema
Por lo anterior es que varias organizaciones acusan a Interpol de ser un instrumento utilizado por algunos países para localizar a sus oponentes, lo que ha conllevado a que el ente revise sus procedimientos de publicación de las famosas «circulares rojas», pero esto ha sido insuficiente para proteger a los afectados plenamente.
A finales de 2014, el secretario general de la organización, el alemán Jürgen Stock, lanzó una reforma bautizada «política de refugiados» que instauraba nuevos controles, a raíz de la acción de los defensores del abogado boliviano Mauricio Ochoa Urioste, que se refugió en Uruguay tras ser condenado en su país a años de cárcel.
Después, Interpol revisó el funcionamiento de la Comisión de Control de Expedientes (CCF) que filtra las «notificaciones rojas» y, desde 2017, quienes las impugnan tienen acceso a un sistema más transparente. Pero ésto no ha sido suficiente para detener los abusos, como lo demostró el caso del futbolista de Baréin refugiado en Australia, Hakeem Ali Al-Araibi, que fue detenido durante 70 días en Tailandia en base a una circular roja.
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«Aún queda mucho por hacer para asegurar que Interpol armonice su sistema con los derechos humanos», dijo Mik, quien pidió «una mejor recopilación de datos» y mayores recursos para supervisar «la eficacia de las reformas».
El Secretario General de Interpol explicó que «los controles de las circulares dependen de la información disponible en el momento de la solicitud. Si surge nueva información relevante, se revisa el caso».
«No estamos ciegos frente a los cambios geopolíticos», afirma Stock, para quien Interpol sigue siendo «un actor vital» en la seguridad mundial precisamente porque incluye a países que están aislados diplomáticamente o en guerra. Para Bauer, la cuestión es casi insoluble. «Interpol es sólo un medio de transmisión de información (….) Y también hay verdaderos criminales en las dictaduras».
Redacción APP
Con información de AFP