Francia, Brasil y Chile: los costos de la protesta social indefinida

La movilización social del pasado 21 de noviembre, y la amenaza de un paro social indefinido, revivieron en la mente de muchos colombianos fenómenos como los de los ‘chalecos amarillos’ en Francia, las llamadas ‘marchas de junio’ en 2013 en Brasil y la reciente explosión social en Chile. Se trata de tres experiencias muy negativas, que han dejado profundos daños en las tres naciones. ¿Estamos condenados a repetir estas experiencias desastrosas?

El 17 de noviembre de 2018 tuvo lugar la primera explosión de ira contra el aumento de los carburantes en Francia decretada por el presidente Emmanuel Macron. A pesar de que el joven mandatario francés echó para atrás ese decreto, la movilización de los ‘chalecos amarillos’ se extendió a toda Francia (incluso, a más de una docena de países, en particular, en Bélgica, Alemania, Países Bajos, España e Italia) y, desde entonces, todos los sábados se movilizan para bloquear vías. Así mismo, en muchas ocasiones, grupos minoritarios aprovechan el clima de zozobra para enfrentar a las autoridades y destruir el inmobiliario urbano.

En el caso de Brasil, un incremento de precios del transporte público decretado por el gobierno progresista de Dilma Rousseff en 2013 se transformó en pocos días en una movilización social sin antecedentes. La respuesta del gobierno de Rousseff fue aumentar de manera desmedida el gasto público para responder a las demandas sociales insatisfechas, lo cual condujo a un déficit fiscal gigantesco –el peor de Brasil en su historia– y catapultó al impresentable Jair Bolsonaro al poder.

En el caso de Chile, tras la explosión social que produjo el alza de las tarifas del sistema público de transporte de Santiago –que, según los analistas fue la gota que desbordó la copa del malestar social– se desataron numerosos actos de evasión masiva al pago en el metro de esa ciudad, que culminaron en el caos que vivió la capital chilena el 18 de octubre de 2019 –con una millonaria destrucción de estaciones de metro, vagones y otros bienes públicos–, dando paso a una escalada de protestas sin fin, las cuales se han extendido a otras grandes ciudades, como Valparaíso y Concepción.

¿Cuáles son las claves para comprender estas tres explosiones sociales prolongadas? ¿Es conveniente para Colombia repetir estas experiencias?

Primera clave

Es indispensable tener claro que se están produciendo diversos estallidos sociales aquí y allá en varias regiones del mundo. Colombia no es un caso único. No es improbable que una de las raíces de este hecho esté relacionado con el fenómeno estudiado por el economista francés Thomas Piketty, en relación con el aumento de la desigualdad creciente entre las naciones y en el interior de las naciones, que está generando un explosivo descontento global. Chile ha vivido los peores episodios de violencia desde la dictadura militar. Francia no conocía niveles similares de violencia urbana desde mayo de 1968.

Segunda clave

No se trata de una revuelta de los segmentos más pobres de la sociedad, sino, ante todo, de clases medias urbanas o suburbanas. En Francia se habla de una jacquerie urbaine, de una revuelta urbana de segmentos medios de la población en contraste con la histórica revuelta campesina de 1358 durante la guerra de los Cien Años, al noreste de París.

En Brasil, los grandes impulsores de la protesta son, principalmente, parte de los treinta millones de personas que, gracias a los avances económicos y los programas sociales de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, lograron salir de la pobreza. Estos sectores temen volver a la pobreza y resienten, además, que la séptima economía del mundo sea, a su turno, una de las diez más desiguales.

Y, en Chile, que ha logrado reducir la pobreza al 9 por ciento de la población, quienes lideran las movilizaciones son, fundamentalmente, jóvenes de las clases medias. Jóvenes que temen por su futuro y que aspiran a un mundo mejor. La revista The Economist (14 de febrero de 2019) los denomina los ‘millennials socialistas’.
Se trata, en los tres casos, de una clase media con temor a recaer en la pobreza y que siente que sus posibilidades de seguir avanzando hacia un mejor nivel socioeconómico son limitadas: tienen sueldos insuficientes, pensiones bajas, altos niveles de endeudamiento y tanto el sistema de salud como el transporte público y las instituciones escolares no prestan los servicios adecuados.

Tercera clave

En general, se trata en un malestar difuso, cuya agenda de preocupaciones toca todos los temas divinos y humanos. Son problemas acumulados durante muchas décadas, cuya superación requerirá –si hay voluntad de cambio y consensos mínimos– muchísimos años. Sin embargo, las movilizaciones exigen una respuesta inmediata, generándose un claro conflicto de temporalidades.

Incluso, en muchos casos, se trata de demandas sociales contradictorias: por ejemplo, en Francia, mientras el movimiento ambientalista exige castigar el uso de la gasolina y el diésel, los ‘chalecos amarillos’ exigen mantener sus precios bajos.

En las tres naciones mencionadas ha habido una reducción en los índices de pobreza monetaria (gasto mínimo per cápita para vivir) y en la pobreza multidimensional (educación, salud y bienestar social), pero se han estancado en la redistribución del ingreso y la ampliación de los servicios no es siempre de la calidad deseada.

Cuarta clave

En general, se trata de movimientos poco articulados, sin un liderazgo claro y, por tanto, con enormes dificultades para construir escenarios de negociación. Este liderazgo difuso se ve agravado debido a que los partidos políticos –es decir, los actores destinados a modular las demandas ciudadanas en los sistemas democráticos– son rechazados como canales de comunicación. Aun cuando no, es improbable que los líderes o los participantes de estas movilizaciones difusas provengan, ante todo, de los partidos de oposición. Este es el caso de los ‘chalecos amarillos’. De acuerdo con numerosas encuestas, alrededor del 60 por ciento de sus miembros se sienten próximos al movimiento de extrema derecha que lidera Marine Le Pen (Rassemblement National), y un poco más del 20 por ciento al partido de extrema izquierda fundado por Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise). Es decir, los dos partidos que lideran la oposición más radical al presidente centrista, Emmanuel Macron.

Sin embargo, dada la extremada heterogeneidad de las demandas y de los sectores sociales movilizados, es muy difícil que uno o más partidos políticos logren instrumentalizar estos movimientos. Predomina más la movilización espontánea que la disciplina partidista. De una u otra manera, estas explosiones sociales son la expresión de la crisis actual de la democracia representativa en todo el mundo y de la emergencia de una idea todavía muy confusa relacionada con el tránsito deseable hacia una democracia directa o una democracia por sorteo, es decir, hacia una democracia de ciudadanos sin intermediación política, que hoy en día nadie sabe bien cómo podría funcionar.

Quinta clave

Estas explosiones sociales constituyen una expresión de la masificación de las redes sociales, con todas sus virtudes y todos sus defectos, ante todo, mediante el uso de mensajes y videos que apelan más a las pasiones que a las ideas.
Un rasgo común de las manifestaciones en los tres casos estudiados es el de la manipulación deshonesta en el uso de la información: quienes apoyan las movilizaciones, solo publican los excesos de la fuerza pública con videos muchas veces fuera de contexto; y quienes se oponen a las marchas, solo publican los excesos de los manifestantes contra los bienes públicos o establecimientos privados. Es decir, los videos terminan siendo un ‘arma de guerra’ y no un canal de información objetiva.
Esta revolución de las redes sociales explica, en buena medida, que sean los estudiantes y las clases medias con un buen nivel de educación y conectados a redes los principales agentes de las movilizaciones sociales. De hecho, los celulares y las cámaras digitales abundan en las manifestaciones.

Un decálogo de medidas posibles

La experiencia que han dejado estas movilizaciones interminables ha sido, sin excepción, muy negativa para los tres países analizados. Sin duda, los gobiernos de Dilma Rousseff, Sebastián Piñera y Emmanuel Macron han dictado medidas para aliviar o mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, dada la amplitud de las demandas y su carácter difuso, nada satisface a los manifestantes y su intemperancia terminó pasándole una pesada factura a la economía nacional en los tres casos. Fenómenos tales como la destrucción del equipamiento público (como el metro de Santiago), la fuga de capitales, la destrucción de empleos, etc., redujeron en las tres naciones las tasas de crecimiento económico y, finalmente, las condujeron a un crecimiento bajo o incluso a la recesión económica.

Frente a estas experiencias tan negativas, es indispensable llamar no solamente al Gobierno Nacional a escuchar el clamor ciudadano y al reconocimiento de la legitimidad de muchas de las reclamaciones, sino, igualmente, llamar a los organizadores de las movilizaciones a asumir una postura más responsable y madura.
A mi modo de ver, se requieren varias medidas urgentes.

1.Sin desconocer la importancia de las fuerzas antimotines especializadas para evitar que las manifestaciones legítimas se desborden y causen muerte y destrucción –como existen en todas las naciones del mundo–, son tan cuestionables los excesos de miembros del Esmad como la brutalidad de los encapuchados y los vándalos.

2.Es necesario crear espacios de diálogo responsable y maduro, destinados a definir una agenda que no sea ni minimalista ni maximalista. Una agenda realista y con un criterio de cumplimiento por etapas a lo largo de los próximos años.

3.Es clave no caer en fáciles salidas populistas, ni alimentar movimientos de extrema derecha.

4.Frente a los complejos problemas que enfrenta la sociedad colombiana, no podemos caer en las soluciones simplistas, tales como la de cambiar la Constitución de 1991, una de las más progresistas de América Latina. De lo que se trata es de aplicarla con mayor rigor.

5.Es indispensable un diálogo sin exclusiones. Un diálogo con exclusiones no es un diálogo. Si se trata de dar la cara a los problemas que afronta la sociedad colombiana, es indispensable que todos los actores participen en su solución: sindicatos, organizaciones sociales, gremios, partidos políticos, estudiantes y maestros.

6.No se puede de ninguna manera excluir a los partidos políticos, pues, tarde o temprano, la mayoría de los acuerdos alcanzados deberán ser tramitados por el Congreso Nacional. Esto exige que la clase política haga mayores esfuerzos para escuchar al país.

7.Es necesario no continuar alimentando la idea de un paro indefinido. Ya las pérdidas en el sector público y privado son inmensas y lo peor que le puede pasar al país es llevar a Colombia a un crecimiento menor o, incluso, a una recesión económica. En este escenario, los sectores populares serían los más afectados. Ya, según una encuesta de CM&, el 71 por ciento de los colombianos exigen que cese el paro y comience el diálogo nacional. Muchos requieren llegar al trabajo para poder comer.
8.Es clave impedir que crezca un clima de xenofobia contra la migración venezolana. Siempre es más fácil crear un ‘chivo expiatorio’ que afrontar las razones profundas de las crisis.

9.Es indispensable reconocer que el liderazgo de este proceso debe estar y solamente puede estar en manos del presidente de la República. Iván Duque, nos guste o no nos guste, fue escogido por una mayoría de colombianos, en unas elecciones limpias y por un período de cuatro años. No nos podemos dar el lujo, en una sociedad tan frágil como la colombiana, de romper el orden institucional.

10. Pero, a su turno, es necesario que el presidente Iván Duque haga esfuerzos para ampliar la coalición de gobierno –sin volver a la cuestionable ‘mermelada’, fuente de corrupción–, dado el déficit de gobernabilidad actual.

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ
ESPECIAL PARA EL TIEMPO