Así arranca la Argentina que volvió al peronismo con Fernández

En menos de tres semanas, el gobierno del nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha tomado medidas claves que desde ya marcan la línea de lo que serán sus cuatro años en el poder.

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La administración del nuevo mandatario, que se posesionó el pasado 10 de diciembre, logró sacar adelante esta semana la ‘megaley’ con la que se busca frenar la grave crisis económica que azota a los argentinos; derogó la política de uso de armas de fuego y electrónicas por parte de la Policía impulsada por el expresidente conservador Mauricio Macri; y anunció que evalúa regular a través de una nueva ley el consumo y el autocultivo de cannabis.

Los pasos no son pequeños. Con la ‘megaley’–que entró en vigencia el lunes pasado y fue introducida como la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva– se declara la emergencia económica y se ampliaron las facultades del gobierno en un país que vive una severa crisis económica y que tiene una inflación del 48 por ciento, una devaluación de la moneda local, un desempleo del 9,7 por ciento, una pobreza de alrededor del 40 por ciento, y una deuda de cerca de 330.000 millones de dólares, lo que incluye desembolsos del FMI por 44.000 millones.

El gobierno tiene durante un año facultades de gestión en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Asimismo, la ‘megaley’ establece aumentos a los gravámenes a las exportaciones agrícolas, con un máximo 33 por ciento para la soja, el principal producto de exportación. Pero la medida no cayó bien en el sector, que el viernes pasado se lanzó a las calles de varias ciudades del país con tractores para protestar.

Impacto en las vacaciones

La norma, además, implica el alza de impuestos a los sectores altos y medios, beneficios sociales para los sectores más vulnerables, y el denominado impuesto ‘país’, que grava con una tasa del 30 por ciento la adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento (véase recuadro), la compra de pasajes y paquetes turísticos para el exterior y los gastos que se hagan allí con tarjetas de crédito.

Justo el impuesto a la compra de divisas es uno de los que más polémica ha generado, pues se trata de un tema sensible para la clase media argentina que está acostumbrada a ahorrar en dólares para cubrirse de las cíclicas devaluaciones del peso y de la inflación.

De hecho, la medida ha generado opiniones divididas. El presidente de la consultora Singerman & Makon, Pablo Singerman, explicó que es un impuesto que “cae mal” principalmente entre las clases medias que son las que más viajan, pero que viene motivado por una situación económica “extremadamente crítica”, ya que “no hay dólares” para cubrir la demanda de divisa extranjera de los argentinos.

Pero otros, como María Luján, una estudiante, afirman que el impuesto “es una estafa” y que “las clases medias” son siempre “las que pagan el pato”.

Freno al uso de armas

Otra de las medidas claves del gobierno de Fernández fue la limitación del uso de armas por parte de la Policía, que ahora solo podrá usar armamento letal cuando “sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

El gobierno derogó una medida de la administración Macri (2015-2019) que permitía a las fuerzas utilizar armas letales sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa. Asímismo, quedó sin vigencia el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales, como las pistolas Taser, encargadas en julio pasado por la administración de Macri, y que aún no han llegado al país.

Entre las razones del Ministerio de Seguridad está que “la categorización como arma electrónica ‘no letal’ podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal, esto es: proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad”.

La preocupación gubernamental surgió porque la reglamentación dictada por la administración anterior no delimitaba la distancia a la que debía ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde podía realizarse la descarga y cuánto debían durar las mismas, entre otros puntos.

Tampoco establecía la población sobre la cual su uso debería estar totalmente prohibido ni cómo actuar ante una descompensación de la persona afectada, por lo cual encargó a un consejo de profesionales la evaluación de las recomendaciones para el uso de armas electrónicas.

¿Regular el cannabis?

Por otro lado, llamó la atención que el nuevo Gobierno argentino anunciara que evalúa regular el consumo y autocultivo de cannabis, pues una ley para lograrlo significaría un cambio histórico en materia de drogas en ese país suramericano.

El mismo presidente ya había planteado el debate. “Primero hay que empezar por la experiencia de regular el consumo de cannabis, inclusive la producción para el consumo, y en todo caso luego ver qué hacemos con las otras drogas”, dijo esta semana la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que aclaró que Argentina “no es un país que esté preparado para la despenalización” de todo tipo de droga, una propuesta del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

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Lo que buscaría Frederic sería aunar los criterios tanto entre las distintas reparticiones del Gobierno nacional como entre las provincias sobre “la persecución de los consumidores y los tenedores” de estupefacientes, pues tras la adopción en muchas provincias argentinas de la ley de estupefacientes, los casos de consumo y tenencia de drogas pasaron de la justicia federal a la provincial y eso, según Frederic, “incrementó la población carcelaria (…)”, en un país con superpoblación en los penales.

Enero será clave para este asunto, pues la ministra de Seguridad planea convocar a un equipo de expertos que haya estudiado los casos de Canadá, algunos estados estadounidenses y Uruguay para “pensar un modelo argentino”.

REDACCIÓN INTERNACIONAL
*Con información de AFP y EFE