Nos están matando’, el desesperado grito de las mujeres en México

Íngrid Escamilla era una joven estudiante de Administración de Empresas Turísticas en México. Una mujer de 25 años de edad que murió a manos de su pareja, un hombre de 56 años que desolló y descuartizó su cuerpo. El caso de Escamilla se hizo viral rápidamente, no solo por la crueldad de su feminicidio, sino porque las fotos de su cuerpo aparecieron en la primera plana de varios periódicos sensacionalistas en el país.

Pero cuando México aún no salía de la consternación por su brutal asesinato, se conoció el caso de Fátima Aldrighetti, una pequeña de tan solo 7 años que había sido secuestrada por una mujer el 11 de febrero al salir de su escuela y cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana con signos de tortura dentro de una bolsa plástica.

La Fiscalía General de Justicia confirmó que Fátima fue víctima de violación y los presuntos responsables, Giovana Cruz y Mario Alberto Reyes, fueron capturados el miércoles. El ente de justicia aseguró que la pareja habría vivido en la casa de la menor y por eso la niña no se resistió a salir con la mujer. Ella y su compañero podrían enfrentar una pena de entre 80 y 140 años de prisión.

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En los últimos días, la indignación se ha ido desbordando ante lo que muchos han asegurado es un gobierno que no toma medidas contundentes para atender la violencia de género en un país en el que asesinan una mujer cada dos horas y media.

A los terribles casos de feminicidio registrados en tan solo una semana, se suman además las declaraciones y propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Por los días en que se supo de la muerte de Escamilla, los medios nacionales habían dado a conocer declaraciones del fiscal Gertz en las que proponía retipificar el delito del feminicidio y que este se constituyera como un agravante de homicidio, pues aseguraba que su propuesta haría más sencillo el castigo en estos asesinatos ante la falta de claridad de la ley actual.

En México, el feminicidio se tipificó en el artículo 325 del Código Penal Federal desde 2012, y para reconocerlo como tal debe comprobarse al menos una de siete causales: relación sentimental con el agresor, violencia sexual, lesiones o mutilaciones, secuestro, amenazas, violencia previa o exposición pública del cuerpo de la víctima. El fiscal terminó reversando su propuesta y acordó perfeccionar el tipo penal del delito.

Por su parte, las críticas a Amlo recaen en declaraciones que otorgó durante sus conferencias mañaneras. Tras el caso de Escamilla, el jefe de Estado dio a conocer un decálogo feminista y negó que evadiera su responsabilidad en la defensa de las mujeres: “Uno: estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos: se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres: es una cobardía agredir a la mujer (…)”. Y así siguió con otros puntos, que incluían el castigo a los responsables, la paz en México, entre otros.

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Días después, cuando fue cuestionado por el asesinato de Fátima, el presidente mexicano culpó al neoliberalismo de estos crímenes. “Se miden los homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo el modelo neoliberal”, dijo. Pero ¿por qué las declaraciones y las propuestas de ambos líderes abrieron un debate mucho más profundo sobre las fallas del sistema judicial en la atención a los feminicidios en México?

Invisibilización

Estefanía Veloz, abogada, feminista y activista por los derechos de las mujeres en México, respecto a la polémica propuesta del fiscal Gertz, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que es un intento por invisibilizar la problemática del feminicidio: “Lo que no se nombra no existe”, aseguró.

Arussi Unda, vocera del colectivo feminista Brujas del Mar de Veracruz, un grupo que informa sobre protocolos de seguridad para mujeres, afirma que dicha intención y las palabras de ambos funcionarios demuestran que “las cabezas de las instancias gubernamentales en México carecen mucho de perspectiva de género” y que no existe una representación por parte de personas que dominen el tema. Para ella, la idea de eliminar el término ‘feminicidio’ “es básicamente una confesión de que no entienden de dónde surge la violencia contra las mujeres y piensan que la violencia es general”.

El colectivo cree que cambiar la manera en que se condena el delito “es solamente reforzar esa idea de que no se necesita un esfuerzo extra para poder proteger a las mujeres”.

Sumado a ello, María Salguero, feminista, geofísica y activista social que desde 2015 construye un mapa sobre los feminicidios en México a través de los registros de prensa y de cifras oficiales, asegura que los hechos recientes son solo una muestra del problema de invisibilización que hay en el país sobre el tema y coincide con la postura de Veloz y Unda al afirmar que están “frente a un presidente y un fiscal que no entienden la definición de feminicidio, no entienden la gravedad del delito y argumentan que es muy difícil probarlo, pero no es difícil”, dice la mujer.

Más allá de la polémica generada por el fiscal, las activistas concuerdan en que el panorama es mucho más grave porque hay varios problemas de fondo que hacen crítica la situación en torno al tema en el país. Así, en entrevista con este diario, Edith Olivares Ferreto, jefa de la unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, menciona que para la organización lo importante no es la discusión sobre cómo se construye el tipo penal, asunto que acaparó la agenda mediática durante varios días, sino la manera en que se van a investigar los feminicidios y “las políticas que se desarrollen para prevenir, investigar y sancionar este tipo de delitos”.

En ese mismo sentido, la abogada Veloz afirma que “matar a una mujer por razones de género implica mucho más que pensar en la sentencia que se le va a dar al feminicida”, e identifica más de una dificultad en el sistema de justicia: “Los expedientes están mal hechos, las carpetas de investigación están mal acomodadas, los fiscales han fallado en identificar las zonas y la edad promedio de las mujeres a las que están asesinando”, asegura.

La percepción de Salguero va por la misma línea. Para esta activista, las dificultades empiezan desde la investigación de los casos. “Desde que encuentran un cuerpo no lo resguardan, pierden evidencia, la contaminan, o de plano no la toman”; y si desde las investigaciones los procesos se realizan mal, no se puede vincular a los agresores a un proceso por falta de evidencias.

Según un informe del Small Arms Survey de 2016, citado por ONU Mujeres, 14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidio están en América Latina, y México encabeza el listado, siendo el país con más casos en la región.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) asegura que en 2019 hubo 1.006 casos de feminicidio. Pero Olivares afirma que las cifras no son confiables, pues el delito no se mide de la misma manera en todos los estados. El mapa de Salguero indica que el año pasado se presentaron otras 2.883 muertes violentas de mujeres, de las cuales muchas son feminicidios, pero fueron catalogadas como homicidios dolosos. Si se suman ambas cifras, se puede hablar de un total de casi 4.000 mujeres asesinadas en el último año.

Además, el SNSP asegura que el feminicidio en México creció un 137 por ciento en los últimos cuatro años y las estimaciones indican que entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada día.

Para Veloz es importante hacer tres modificaciones en torno al sistema de justicia: la primera, crear una base de datos de agresores sexuales a la que se pueda acceder desde cualquier ministerio público; la segunda, que exista más presupuesto para investigar los casos junto con una perspectiva de género en las entidades, y la última, que se mejore el acceso a la justicia para las víctimas.

Llamado a los medios

La propuesta de Amnistía Internacional pasa por la creación de políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres y prevenir los feminicidios, además de que estos planes sean difundidos y puedan tener un seguimiento, pues Olivares recuerda que hace casi un año, el presidente López Obrador presentó un plan para combatir la violencia contra las mujeres, pero este no ha sido publicado y no es conocido por las organizaciones ni por la sociedad.

Pero, además, las ideas de estas activistas también se dirigen al ámbito de los medios. Unda, del colectivo Brujas del Mar, llama a los medios a dejar de hacer del feminicidio un espectáculo morboso, y cree que estos deberían estar obligados a tomar talleres de perspectiva de género “porque no es justo que para vender periódicos revictimicen de esa manera a las personas”.

Cientos de mujeres seguirán manifestándose, esta vez en un paro nacional el próximo 9 de marzo. Bajo el lema ‘el nueve ninguna se mueve’, colectivos feministas convocaron “una protesta simbólica que paralice todos los servicios y entidades que dependan de las mujeres”, contó Unda a este diario. Las mujeres en México reclaman cambios sustanciales en la atención a los feminicidios y esperan planes efectivos que sirvan para salvaguardar sus vidas.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO
REDACCIÓN INTERNACIONAL​@angie_ruiz26