En tiempo récord, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -del régimen de Nicolás Maduro- emitió una sentencia en la que declaró omisión por parte de la Asamblea Nacional (AN) -liderada por Juan Guaidó- en la designación de nuevos integrantes para el Consejo Nacional Electoral (CNE). La decisión se conoció el pasado viernes.
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Más temprano, 26 organizaciones y 65 individuos de la sociedad civil habían destacado la importancia de esta tarea, que garantizaría “mayores grados de equilibrio e imparcialidad”, y que permitiría, también, “mayores niveles de confianza en el sufragio como herramienta de resolución de conflictos”.
Ahora, por lo que se sabe de la sentencia número 68, que se limita a la dispositiva del fallo, el nombramiento de nuevos rectores queda postergado. Por ahora, según destacó Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, se otorgaron competencias al cuestionado CNE actual para legislar en materia electoral, algo que sería inconstitucional por no tener el CNE potestades legislativas.
“Es una muestra que el TSJ se mueve al compás de los intereses del Gobierno nacional y cambia las reglas electorales a su conveniencia sin respetar la más mínima seguridad jurídica. (…) Parece indicar que las elecciones parlamentarias que se celebren en el país tendrán las mismas características que todas las celebradas desde 2017: sin condiciones democráticas”, plasmó en sendos tuits Acceso a la Justicia.
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Este año corresponden elecciones parlamentarias, pues se cumplen cinco desde que la oposición obtuvo mayoría calificada en las de 2015. Tras haber planteado la posibilidad de que serían postergadas, por el covid-19, Maduro aseguró en mayo que sí se celebrarían este año, “si lo permite la pandemia”.
El chavismo controla el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la oposición, la Asamblea Nacional (AN).
Reuters
“La dictadura pretende organizar un proceso fraudulento electoral parlamentario, con autoridades electorales controladas por la dictadura y la colaboración de supuestos ‘adversarios’ elegidos y fabricados por el régimen”, advirtió la oposición en un comunicado emitido en la tarde de este sábado.
“Cualquier autoridad electoral que no sea nombrada por la Asamblea Nacional será rechazada y desconocida por Venezuela y el mundo democrático”, acotó el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países del mundo, y cuya posición en la cabeza del Parlamento venezolano fue también torpedeada el pasado 26 de mayo por otra sentencia del TSJ chavista.
Para él, se trata de otra decisión ilegítima y que carece de cualquier razonamiento lógico o jurídico. “Existe un proceso parlamentario en desarrollo para nombrar las nuevas autoridades del CNE”, recordó, al referirse al denominado Comité de Postulaciones, en el que también hay diputados oficialistas, pero que ahora, con esta sentencia, como destaca Acceso a la Justicia, pareciera haber sido invalidado.
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En marzo, cuando se instaló dicho comité, sin transparencia y con irregularidades, pero plural, este recibió el aval de Maduro, como parte de un acuerdo político con la oposición venezolana. Pero desde entonces, ya se había previsto que quizás no lograría su misión de escoger a los cinco rectores del Poder Electoral.
Entonces, Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano –que hoy considera esta decisión “inconveniente” y un “grave error” –, explicó a este diario que ante una eventual omisión legislativa sería el cuestionado TSJ el que nombraría a los rectores.
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De hecho, aseguró que así se han escogido los rectores del Poder Electoral durante la era chavista, menos en 2006, cuando tras la decisión de la oposición de no participar en las parlamentarias de 2005, se instauró una AN monocolor que escogió a los rectores con mayoría calificada.
ANDREÍNA ITRIAGO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS
