El peligroso giro de Israel hacia la autocracia

Después de cinco elecciones consecutivas en tres años –de las cuales cuatro terminaron en un impase político–, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se las ingenió para formar una coalición de partidos de derecha y ultraortodoxos a fines del año pasado.

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Pero en vez de devolver la estabilidad al sistema político israelí, cada vez más disfuncional, está usando su sexto mandato para bombardearlo con reformas constitucionales que, de ser aprobadas, convertirían al país en una autocracia.

Unos pocos ciclos electorales atrás, en 2020, la Corte Suprema israelí dictaminó por unanimidad que a Netanyahu no le está prohibido desempeñarse como primer ministro siempre que no use el puesto para influir en el resultado del juicio en curso en su contra por corrupción.

Pero Netanyahu, quien siguió atacando a los fiscales del juicio por, supuestamente, conspirar para alejarlo del cargo, no dejó que esa restricción le impidiera proponer un golpe judicial.

Días después de formar su nuevo gobierno, el ministro de justicia, Yariv Levin, anunció un plan integral para reformar el sistema legal israelí. Levin sostuvo que la reforma propuesta fortalecerá a la democracia israelí y restaurará el equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo. De hecho, la propuesta está diseñada para quitar al poder judicial la capacidad de controlar al Ejecutivo. 

El plan del gobierno incluye varias disposiciones claves, entre ellas una que le permitiría nombrar jueces –incluso de la Corte Suprema– unilateralmente.

Otra disposición permitiría a la Knéset (Asamblea, de 120 escaños) anular las decisiones de la Corte Suprema por mayoría simple.

Las «leyes básicas»
Para definir y proteger los derechos civiles, Israel se basa casi completamente en un conjunto de Leyes Básicas en vez de en una constitución formal.

Aunque la Corte Suprema tiene poder para revisar y derogar la legislación que contradice a las Leyes Básicas, solo lo ha hecho 22 veces en las últimas tres décadas.

Como referencia, la Corte Suprema estadounidense derogó más de cien leyes en el mismo período. De acuerdo con el plan propuesto por Levin, la Corte solo podría tomar una decisión de ese tipo si al menos 12 de sus 15 jueces están de acuerdo. La reforma prohibiría además a la Corte que revise las enmiendas a las Leyes Básicas, lo que permitiría a la Knéset aislar la legislación del escrutinio judicial.

Al quitar a los tribunales la autoridad para cancelar las decisiones del Ejecutivo, la reforma socava la división de poderes. Además, debilita aún más la independencia del poder judicial debido a que permite a los ministros del gabinete nombrar y despedir a los asesores legales del gobierno.

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Actualmente, los asesores legales del gobierno son funcionarios nombrados mediante un proceso competitivo y apolítico. Sus consejos son vinculantes, lo que los convierte en guardianes eficaces –o no– contra la corrupción y los caprichos del Ejecutivo.

La Knéset, donde la coalición de Netanyahu ocupa 64 escaños, no limita al gobierno sino que simplemente autoriza sus decisiones. Como la legislatura israelí no está dividida en dos cámaras como el Congreso estadounidense o el Bundestag, falta otro mecanismo crucial para el equilibrio.

Además, debido a que Israel es un país pequeño con una población de aproximadamente diez millones de personas, no cuenta con una estructura federal como las de Estados Unidos, Alemania o Canadá, donde las autoridades subnacionales equilibran el poder del gobierno central. Otra restricción ausente en Israel es el veto presidencial a la legislación.

Tras los pasos de Orbán
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Muchas de las propuestas incluidas en el plan de reforma judicial de Netanyahu fueron desarrolladas por quienes eran sus colegas en el foro de política Kohelet, un grupo de expertos ultraneoliberales financiado principalmente por multimillonarios judíos estadounidenses de derecha.

Su influencia es tan profunda que algunos rivales políticos han comenzado a llamar a la coalición de Netanyahu ‘el gobierno del Kohelet’.

Pero el verdadero modelo de la revolución judicial de Netanyahu es la Hungría de Viktor Orbán. Durante la última década, el primer ministro húngaro supervisó una serie de reformas constitucionales que consolidaron el control de su partido, el Fidesz, sobre los medios de difusión, el sistema electoral y los tribunales.

En términos generales, sin embargo, las perspectivas para Israel son mucho más deprimentes que para Hungría, ya que las autoridades húngaras están sujetas a restricciones externas: la Unión Europea puede sancionar a Hungría, y la libertad de tránsito para la gente y las empresas dentro del bloque implica que Orbán debe gobernar en forma tal que los inversores y trabajadores no huyan. Esos límites no existen para Netanyahu.
 

Ola de protestas
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Enfrenta, de todas formas, una resistencia significativa de otro origen: el pueblo israelí. Durante las últimas semanas, decenas de miles de israelíes protestaron en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades.

Esas demostraciones semanales estuvieron acompañadas por protestas más pequeñas de abogados, académicos, profesionales de la salud, empresarios y artistas. El 13 de febrero, el día en que la Knéset comenzó formalmente a considerar la legislación, los manifestantes anunciaron una huelga general y 100.000 personas se congregaron en Jerusalén.

Pero las protestas influyeron poco sobre Netanyahu, quien mantiene un fuerte dominio sobre los medios de difusión israelíes, a los que amenaza continuamente con reestructurar el sector.

Su ministro de comunicaciones anunció hace poco un plan para cerrar Kan, la radiodifusora pública israelí, cuyas noticias críticas enojaron a Netanyahu y sus partidarios (de momento, el plan quedó temporalmente en pausa para permitir que el gobierno se centre en lograr que la Knéset apruebe su reforma judicial).

Solo hay un área a la que Netanyahu no parece controlar completamente: la economía. En enero, 300 destacados economistas israelíes –entre ellos, algunos exasesores de Netanyahu– firmaron una carta abierta en la que advierten que las reformas afectarían gravemente las perspectivas económicas israelíes de largo plazo.
 

Luego se les sumaron 56 economistas internacionales reconocidos, entre ellos 11 premios nobel. Las principales fuentes de crecimiento de Israel, la industria de alta tecnología y el sector financiero, son extremadamente sensibles –y dependientes– del capital extranjero.

Pero parece que Netanyahu no tuvo en cuenta las repercusiones económicas de su bombardeo constitucional, que ya pasó su primera etapa en la Knéset. La opción es sencilla: los intereses personales de Netanyahu, que incluyen desbaratar el juicio por corrupción en su contra, o los del público. De momento, parece que van ganando los de Netanyahu.

La ONU se pronuncia

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le pidió el martes a Israel que suspenda su reforma del sistema judicial, preocupado por su impacto en los derechos humanos y la independencia de la justicia.

“Dado el nivel de preocupación pública y política, pido al Gobierno israelí que suspenda los cambios legislativos propuestos y los abra a un debate y a una reflexión más amplios”, declaró Volker Türk, después de que el Parlamento israelí aprobara el martes dos disposiciones de la controvertida reforma.

La respuesta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no tardó en llegar. El jefe de gobierno calificó de «absurdo» el llamado de la ONU y añadió que sería mejor que ese organismo se dedicara a “condenar las violaciones de los derechos humanos en Irán, Siria o en la Autoridad Palestina”.

Primer paso

El martes, la reforma de Netanyahu dio su primer paso, cuando los diputados votaron a favor por 63 votos (47 en contra) dos textos que pretenden modificar el proceso de nombramiento de los jueces y declarar incompetente a los tribunales para juzgar actos o decisiones que consideren contrarios a las ‘leyes básicas’ del país (equivalente a la Constitución).

Tras el voto en el Parlamento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, que tiene un papel esencialmente protocolario, volvió a alertar sobre las fracturas que este proyecto provoca en la sociedad israelí.

“Es una mañana difícil» y “son muchas las personas que temen por la unidad de la nación”, declaró Herzog en una conferencia de prensa en Jerusalén. “Debemos hacer todo lo posible para continuar el diálogo tras esta votación, para alcanzar un marco negociado que nos saque de este difícil periodo», remató.

IDO BAUM (*)
Profesor asociado de Derecho en la Facultad de Derecho Haim Striks de la Escuela Superior de Administración de Israel, es director del Instituto Louis Brandeis para la Sociedad, la Ec Economía y la Democracia, y comentarista jurídico del diario TheMarker

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