¿Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, puede terminar en la cárcel tras la petición de captura del fiscal de la CPI?

El fiscal afirmó que las solicitudes presentadas este lunes a los jueces de la CPI son el «resultado de una investigación independiente e imparcial» de su oficina. 

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En su solicitud, Khan solicita autorización para emitir ordenes de arresto contra Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif, comandante en jefe del ala militar de Hamás (Brigadas Al Qassam), e Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamás. 

Khan los considera «penalmente» responsables de «crímenes de guerra y lesa humanidad» cometidos en territorio de Israel y de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye «el asesinato de cientos de civiles israelíes» en ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados, así como «la toma de al menos 245 rehenes». 

De igual forma, el fiscal pidió dos ordenes de detención contra gobernantes israelíes, Netanyahu y Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos «en el territorio del Estado de Palestina (Franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023», es decir, el día posterior al ataque de Hamás a Israel y fecha del inicio de la actual ofensiva militar israelí en Gaza.

Entre los crímenes de los que responsabiliza a ambos funcionarios israelíes está el uso del hambre como «método de guerra» contra los civiles y el «asesinato intencionado».
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El fiscal de la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), viene investigando desde 2021 las denuncias de crímenes de guerra presuntamente cometidos desde 2014 por el Ejército israelí y todas las milicias palestinas en los territorios palestinos ocupados, lo que incluye el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre y la posterior guerra israelí en Gaza.

Con la petición de este lunes, ¿qué facultades tiene la CPI? ¿Pueden Netanyahu y Gallant ser detenidos? ¿Qué pasa en el caso de los líderes de Hamás? Acá le explicamos.

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1. El número de muertos total desde el estallido de la guerra, el 7 de octubre, se sitúa este lunes en 35.562, mientras que el de heridos alcanzó los 79.652, si bien estás cifras solo reflejan las víctimas que llegan a los hospitales.
2. El fiscal de la CPI abrió en 2021 una investigación sobre las acciones de Israel y de Hamás y otros grupos armados palestinos, por posibles crímenes de guerra en los Territorios Palestinos.
3. La guerra entre Israel y Hamás en Gaza estalló el 7 de octubre cuando comandos islamistas perpetraron un ataque en el sur de Israel, que causó la muerte de más de 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes. Además, el movimiento islamista secuestro a unas 250 personas.

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya es un tribunal global permanente que tiene el poder de procesar a personas y líderes por casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 

Se estableció en 2002, después de más de una década de esfuerzos para construir un organismo que pudiera responsabilizar a los líderes mundiales por atrocidades que cometieron. Los líderes mundiales habían presionado cada vez más para su creación tras las guerras yugoslavas y el genocidio de Ruanda, que cumplió 30 años este 2024.

Así las cosas, la CPI está compuesta hoy por representantes de todos los países que han ratificado el Estatuto de Roma (124 países), el tratado fundacional del tribunal. 
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Sin embargo, hay estados que no han ratificado el Estatuto de Roma, por lo que no son  miembros del tribunal: Estados Unidos, Rusia e Israel forman parte de ese grupo, que incluye a unos treinta países. 

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La CPI es un tribunal de último recurso, que interviene solo cuando las autoridades nacionales no pueden -o no quieren- adelantar un proceso. A diferencia de los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional es un organismo permanente, es decir que fue creado sin fijar un plazo para la finalización de su mandato.

Este tribunal no tiene competencia retrospectiva: solo puede ocuparse de crímenes cometidos después del 1°. de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma. Además, tiene competencia automática solo para los crímenes cometidos en el territorio de un Estado que haya ratificado el tratado; o por un ciudadano de dicho estado; o cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le remita un caso.
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Según el Estatuto de la Corte, una vez iniciadas las investigaciones preliminares, se puede emitir una orden de detención contra una persona si se considera que «hay motivos razonables para creer que ha cometido un crimen que es competencia de la CPI».

También se emite una orden de captura si se considera que es necesaria para que la persona acusada comparezca a juicio, para que no obstruya la investigación de la Corte o para impedir que el acusado siga cometiendo el crimen de guerra o de lesa humanidad del que se le señala.

Es muy poco probable, o casi imposible, al menos en el corto plazo. Lo primero a tener en cuenta es que Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal y no reconoce su jurisdicción. 

Eso sí, los territorios palestinos fueron admitidos como Estado miembro en 2015, por lo que la CPI afirma tener jurisdicción sobre Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania.

Lo segundo, y quizá en este caso lo más importante a tener en cuenta, es que los jueces de la CPI determinarán ahora si consideran que las pruebas presentadas por el fiscal Khan son suficientes para dictar las órdenes de detención.

Esos plazos pueden variar, y a veces transcurren semanas e incluso meses entre el momento en que el fiscal de la CPI solicita una orden de detención y el momento en que los jueces se pronuncian al respecto. 

Es decir, este lunes el fiscal de la CPI apenas solicitó las órdenes de arresto. En la práctica, estas aún no están en firme.

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Cuando el tribunal finalmente emita la orden, cualquiera de los 124 Estados miembros de la CPI estaría obligado a detener a Netanyahu o a Gallant si se desplazan a su territorio. 

La CPI no tiene una fuerza policial propia para localizar y arrestar a los acusados, en cumplimiento de las órdenes que emite. En lugar de ello, debe confiar en los servicios de policía de sus miembros para hacer efectivos los arrestos y solicitar su traslado a La Haya. 

En el caso de Netanyahu, cuando se emita la orden en su contra, esto podría complicarle algunos viajes al exterior, incluso a muchos países que se encuentran entre los aliados más cercanos de Israel, como Alemania y el Reino Unido. Esos países, que han ratificado el Estatuto de Roma, técnicamente tendrían que extraditar al mandatario israelí si cruza sus fronteras.

De todos modos, la decisión, sin duda, es importante. La solicitud de emitir órdenes de arresto contra los políticos israelíes marcan la primera vez en la historia que la CPI apunta al máximo líder de un aliado cercano de Estados Unidos.

Al respecto, Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, le explicó a este diario que si bien, en teoría, los estados signatarios del Estatuto de Roma están en la obligación de capturar a los acusados por la CPI, el caso de Putin ha demostrado que «la soberanía de los Estados y los intereses de por medio terminan decidiendo la efectividad de las órdenes de captura».

González considera que para Israel, en la práctica, «la orden de arresto tiene un impacto más reputacional ligado a la narrativa del conflicto, que lo que podría ser para el líder de Hamás, que podría tener más riesgos de ser capturado y entregado a la justicia internacional».

El gobierno de Israel calificó la solicitud del fiscal como una «decisión escandalosa» y una «vergüenza histórica», en palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz.

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, criticó el anuncio como un ejemplo de que «el sistema de justicia internacional está en peligro de colapsar». Y el ministro del gabinete de guerra israelí, Benny Gantz, afirmó que «colocar a los líderes de un país que entró en combate para proteger a sus ciudadanos en la misma línea que terroristas sedientos de sangre constituye una ceguera moral».

Al momento de escribir estas líneas, ni Netanyahu ni Gallant se habían pronunciado sobre el pedido del fiscal. 

Sin embargo, el primer ministro israelí dijo hace unas semanas, cuando en medios locales surgieron informes de que el fiscal jefe de la CPI estaba considerando este curso, que cualquier orden de arresto de la CPI contra altos funcionarios militares y del gobierno israelí «sería un ultraje de proporciones históricas» y que Israel «tiene un sistema legal independiente para investigar rigurosamente todas las violaciones de la ley».
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En todo caso, el fiscal Khan dijo este lunes que si Israel no está de acuerdo con la CPI, «son libres, a pesar de sus objeciones a la jurisdicción, de presentar una impugnación ante los jueces de la Corte, y eso es lo que les aconsejo que hagan».

Otro punto importante es que el anuncio de la CPI de este lunes es independiente del caso que actualmente está siendo escuchado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, sobre una acusación que presentó Sudáfrica contra Israel por cometer un genocidio en Gaza con la ofensiva militar que lanzó en respuesta a los ataques de Hamás el 7 de octubre.

Mientras que la CIJ considera casos que involucran a países y naciones, la CPI es un tribunal penal que presenta casos contra individuos por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. En este caso, Netanyahu y Gallant.
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Al solicitar órdenes de arresto contra líderes israelíes y de Hamás en la misma acción, la oficina del fiscal Khan podría correr el riesgo de atraer críticas por ubicar a una organización terrorista y a un gobierno electo en iguales condiciones.
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De hecho, Hamás condenó la decisión y criticó «los intentos del fiscal de la Corte Penal Internacional de equiparar a la víctima con el verdugo al dictar órdenes de detención contra varios dirigentes de la resistencia palestina».

Lo cierto es que si el tribunal acepta la solicitud de Khan y emite órdenes de arresto para los cinco hombres señalados, cualquier país que sea miembro tendría que arrestarlos y extraditarlos a La Haya.​ Es decir, eso incluye a los tres líderes de Hamás.

Cabe señalar también que Sinwar, Haniyeh y al Masri han sido catalogados oficialmente como terroristas globales por Estados Unidos, lo que significa que se les prohíbe viajar, se les congelan activos y se les aplican sanciones. 

De igual forma, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Canadá y la Unión Europea, entre otros, han designado a Hamás como grupo terrorista e impuesto sanciones a sus líderes.