El asesinato de Marcelo Pecci: dos años de impunidad en Paraguay
En esa mañana del 10 de mayo de 2022, nada indicaba en la playa de Barú, cerca de Cartagena, Colombia, que en ese plácido lugar turístico tendría lugar un asesinato que traumatizó a dos países y aún no tiene a sus verdaderos responsables tras las rejas.
El fiscal paraguayo Marcelo Pecci moría a balazos propinados por sicarios que pronto fueron capturados por la Policía colombiana. Un nuevo golpe, esta vez transnacional, de la criminalidad organizada.
Pecci era, hasta el día de su muerte, el agente fiscal más importante del país en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En una de sus últimas investigaciones había logrado que un brasileño de origen libanés, llamado Kassem Mohamad Hijazi, fuese extraditado a Estados Unidos.
Las autoridades ya venían investigando a Mohamad Hijazi por lavado de dinero y por sus conexiones con el financiamiento del terrorismo árabe desde la Triple Frontera, una zona caliente entre Paraguay, Brasil y Argentina. Estados Unidos había pedido su captura durante años, hasta que finalmente Pecci lo pudo detener en agosto de 2021.
El proceso conocido como la ‘causa Hijazi’ causó un gran revuelo político en Paraguay.
En noviembre de 2022, el diario ABC Color dio a conocer un contrato mediante el cual la familia del brasileño pagó unos 368.000 dólares a Amílcar Fretes, hijo nada menos que del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Paraguay, Antonio Fretes, para que “haga todo lo posible” para frenar la extradición.
Pecci también había logrado desarticular redes del narcotráfico y tenía en la mira a supuestos grupos del crimen organizado que operan en el país.
Por ejemplo, llevaba casos vinculados con la megainvestigación ‘A Ultranza Py’, realizada en febrero de 2022 y considerada el mayor operativo antimafia en Paraguay.
En ‘A Ultranza Py’ aparece un actor importante del país, el senador Erico Galeano, del gobernante Partido Colorado (ANR), hombre fuerte del cartismo, el movimiento del expresidente Horacio Cartes, que sostiene al actual mandatario, Santiago Peña. La fiscalía fue contundente al acusar a Galeano: según ella, el senador habría prestado su avioneta para movilizar cocaína, habría lavado dinero del narcotráfico y se habría enriquecido gracias al crimen organizado. Pecci tenía enemigos por todas partes.
En efecto, Paraguay se ha transformado, en los últimos años, en un importante hub logístico para la droga que sale de países como Colombia, Perú y Bolivia y termina en Europa, según reportan investigaciones periodísticas e informes de organismos de seguridad.
Ante estos antecedentes, además del golpe político que representó y las circunstancias –en plena luna de miel y el día que se enteró de que iba a ser papá– todo hacía suponer que el Estado paraguayo tomaría el caso Pecci con prioridad absoluta. Pero a la vista de los resultados, nadie puede asegurar que haya sido así.
Extraño manejo
El pasado 20 de mayo el fiscal general, Emiliano Rolón, convocó al equipo investigador del caso Pecci, conformado por los agentes Francisco Cabrera, Alejandro Cardozo, Alicia Sapriza, Giovanni Grisetti, Manuel Doldán y Cristian Ortiz, para dar una conferencia de prensa respecto al avance del proceso.
Rolón dijo que desde hace meses la investigación no avanza porque no están recibiendo la colaboración esperada de la Fiscalía colombiana en lo que tiene que ver con el acceso a datos o a instrumentos que pueden dirigir mejor las pesquisas. (Esta semana se conoció que la Fiscalía de Colombia aceptó crear un equipo conjunto de investigación para este caso con la Fiscalía de Paraguay).
Semanas antes, Rolón ya había hecho algunas declaraciones llamativas. Durante una entrevista radial, dijo que “ni el mago Mandrake” podría solucionar el caso Pecci. Estas afirmaciones calaron hondo en la familia del agente fiscal, que decidió dar a conocer un comunicado para pedir al fiscal general, además de unas disculpas, que, por favor, avanzara la investigación. No fue, sin embargo, la única intervención provocadora del fiscal Rolón en los últimos meses. Y se produjo, justamente, después de que se filtró a la prensa colombiana que una fiscalía de Miami y la propia DEA estaban abriendo una investigación paralela sobre la muerte de Pecci.
Como si fuera poco, días después de conocida esta última información, Rolón salió a acusar ante la prensa paraguaya a la propia viuda de Pecci, la periodista Claudia Aguilera. Afirmó que esta supuestamente se había negado a que la fiscalía examinara los teléfonos celulares de Pecci. Por supuesto, ella desmintió a Rolón y dijo que la fiscalía nunca le había solicitado los teléfonos de su marido. Señaló que recién le hicieron llegar el pedido en marzo de este año, justo después de conocerse que Estados Unidos estaba investigando el caso.
El ‘ventilador’ de Correa
Los señalamientos de Correa Galeano causaron estupor en la sociedad paraguaya. Rápidamente el propio Cartes, a través de su cuenta de X, dijo haberse sentido inmensamente indignado por la acusación.
Días después, a través de su defensa legal, el expresidente se puso a disposición de la Fiscalía en torno a este caso. Pero por lo visto no debe preocuparse mucho: desde el Ministerio Público han dicho que no hay evidencia que pueda ameritar abrir una causa o una línea de investigación tras las declaraciones de Correa.
Lo concreto del caso Pecci, hasta ahora, es que demuestra cómo el crimen organizado opera con mucha más eficacia a nivel transnacional que los propios gobiernos o Estados. O al menos, en cuanto a resultados para dar con los autores intelectuales del crimen del fiscal Pecci. Según la investigación de Colombia, en el asesinato de Pecci participaron individuos vinculados a grupos narcos de ese país, de Venezuela y, por supuesto, de Paraguay, con una capacidad sorprendente para actuar en forma coordinada.
Y mientras tanto, a pesar de los avances en Colombia, donde ya hay condenas sobre el caso, el fiscal general paraguayo no ha tenido ningún problema en afirmar, en su última conferencia del 20 de mayo, que “no estamos ni cerca ni lejos de los autores morales (intelectuales)”. Parece ser el epílogo de una frustrante investigación que lleva un caso emblemático al camino que en Paraguay tanto daño causó a su frágil democracia: la impunidad. ¿Qué hay detrás?
ALDO BENÍTEZ (*)
CONNECTAS (**)
(*) Periodista paraguayo y miembro de la Comunidad Connectas. Actualmente en el diario ‘La Nación’ de Paraguay elaborando materiales especiales para el digital e impreso.
(**) Es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.
Crearán un grupo especial
De otro lado, por el caso Pecci ya han sido condenadas en Colombia ocho personas: Francisco Luis Correa Galeano, Wendre Still Scott Carrillo, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, Cristian Camilo Monsalve Londoño, Marisol Londoño Bedoya, Margareth Chacón y Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos.
Redacción EL TIEMPO