¿Por qué las políticas migratorias de seis países de la región, entre ellos Colombia, agravan la crisis en el Tapón del Darién?

Si bien Colombia ha hecho esfuerzos “encomiables” por acoger a los cientos de miles de migrantes que vienen llegando de Venezuela, la escasez de recursos para lidiar con el problema y otra serie de falencias en la ejecución de sus políticas estarían contribuyendo a la emergencia que hoy se registra en el llamado Tapón del Darién y que podría agravarse en los meses que vienen como consecuencia de la crisis postelectoral que se vive en el vecino país.

Lo anterior se desprende de un nuevo informe que presenta este miércoles en Bogotá la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en el que evalúa las políticas migratorias de seis países –Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú—e identifica los principales retos a los que se enfrentan los migrantes y solicitantes de asilo para regularizar su situación migratoria, obtener el reconocimiento como refugiados y acceder a la integración socioeconómica.

El reporte, titulado ‘El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina’, es el tercero que publica HRW sobre la delicada situación que se vive en esta zona fronteriza entre Colombia y Panamá y el resultado de seis visitas de campo entre abril del 2022 y septiembre de este año donde entrevistaron a más de 300 personas, entre ellos migrantes, solicitantes de asilo, funcionarios de ambos gobiernos, trabajadores humanitarios y expertos de toda la región.

Coincide además con la llegada al país de Tirana Hassan, directora ejecutiva de HRW, que viajó a la frontera para conocer el caso de primera mano. Además, Hassan tiene encuentros previstos con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otros funcionarios del gobierno.

«En los muelles de Turbo y Necoclí, conocimos a familias que enfrentan opciones imposibles: soportar la represión y el miedo a ser arrestados en Venezuela, o arriesgarse a la violencia, la explotación y la agresión sexual en el mortífero Tapón del Darién. A medida que la crisis de derechos humanos en Venezuela empeora, la gente siente que este peligroso viaje es su única opción. Esto no es sólo una cuestión migratoria: es una catástrofe de derechos humanos. Los gobiernos regionales deben actuar ahora para proteger a los más vulnerables», le dijo en exclusiva a este diario Tirana Hassan.

En términos generales, el nuevo reporte concluye que el acceso limitado al refugio y posterior integración de los migrantes en los países de la región están empujando a muchos al peligroso cruce por el Tapón, donde sufren numerosos abusos, entre ellos violencia sexual.

Es crucial que respeten y promuevan los derechos humanos a nivel local, aseguren que las personas que huyen tengan oportunidades reales para encontrar protección y rehacer sus vidas y trabajen de manera urgente en una respuesta regional coordinada que garantice la protección de las personas que huyen de las crisis de derechos humanos en la región

Según el reporte, en el último año y medio más de 700.000 migrantes y solicitantes de asilo han cruzado la zona en busca de mejores oportunidades. Un número que podría crecer de manera exponencial dada la crisis política y humanitaria que enfrentan Venezuela y Haití.

De acuerdo con el informe, que cita encuestas recientes, más de un millón y medio de venezolanos habría indicado que piensa abandonar el país antes de fin de año.

En el caso de Haití, y a pesar del reciente establecimiento de un gobierno de transición, la situación sigue siendo crítica mientras que Ecuador, otro país de donde están huyendo miles, la inseguridad es rampante y registran tasas récord de homicidio y extorsión.

“Las crisis en Venezuela y Haití son cada vez peores… y los gobiernos de la región no pueden permanecer de brazos cruzados mientras la situación se agrava…Es crucial que respeten y promuevan los derechos humanos a nivel local, aseguren que las personas que huyen tengan oportunidades reales para encontrar protección y rehacer sus vidas y trabajen de manera urgente en una respuesta regional coordinada que garantice la protección de las personas que huyen de las crisis de derechos humanos en la región”, sostuvo Hassan.

Lo que dice el informe sobre Colombia

En el caso específico de Colombia, el informe destaca la legislación que permitió regularizar a los migrantes venezolanos a través de un estatuto de protección temporal que benefició a más de dos millones de personas.

Sin embargo, dice el informe, otros extranjeros y los venezolanos que han entrado irregularmente después de enero de 2021 o regularmente después de mayo de 2023 “no tienen más opciones para regularizar su estancia que los visados ordinarios, que son costosos”.

Adicionalmente, afirma HRW, el acceso al asilo es difícil porque el sistema está desbordado y sus solicitantes de asilo no están autorizados a trabajar.

Aunque el país desempeñó un papel destacado en el desarrollo de políticas e instituciones para acoger e integrar a migrantes y refugiados, “la escasez de recursos para las alcaldías que responden a la migración y el desmantelamiento de la Gerencia de Fronteras, que coordinaba la política de migración, han socavado los esfuerzos de integración”, sostiene la organización.

En el caso específico de Colombia, el informe destaca la legislación que permitió regularizar a los migrantes venezolanos a través de un estatuto de protección temporal que benefició a más de dos millones de personas.

Los migrantes, continúa el informe, enfrentan numerosas dificultades para acceder a empleo y convalidar títulos y diplomas profesionales, así como a niveles preocupantes de discriminación.

Para la organización estadounidense, Colombia también “carece de una estrategia clara para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Darién, donde el Clan del Golfo se lucra de ellos. Los esfuerzos del gobierno colombiano por investigar y judicializar al Clan del Golfo en la región han dado resultados mínimos”.

En un informe anterior ya la organización había documentado como el Clan se ha apropiado del negocio de la migración, regulando las rutas y extorsionando a los pobladores que se dedican al tráfico de personas. En total, afirman, el grupo habría amasado una fortuna de hasta 65 millones de dólares durante el año 2023 y producto de la cual se ha fortalecido en la zona.

Según HRW, el gobierno tampoco dispone de datos fiables sobre el número de migrantes que cruzan y sus necesidades, lo que dificulta el suministro eficaz de alimentos, agua y asistencia sanitaria. De manera paralela, las alcaldías locales carecen de capacidad suficiente, incluyendo experiencia, personal y recursos, para gestionar el alto número de migrantes que atraviesan la zona.

Los testimonios de los migrantes

El reporte incluye algunos testimonios, entre ellos el de Gabriela Pizzaro (seudónimo) una venezolana que llegó a Apartadó a mediados de junio de este año con un grupo de once personas. Aunque duermen en la calle, Pizarro le dijo a HRW que están mejor que en Venezuela, donde no tenían ni que comer.

Inicialmente, dice, planearon cruzar el Darién, pero luego se dieron cuenta de que no podían pagar el viaje. Y aunque sostuvo estar dispuesta a permanecer en Colombia esa opción tampoco es viable pues todos los trabajos a los que se presentan le exigen un estatus legal para el que no reunía los requisitos.

“Me quedaría, pero sin el permiso tal vez lo mejor para nosotros es reunir el dinero (para el viaje a través del Darién) e irnos”, le dijo la mujer a la organización estadounidense.

HRW también menciona, citando datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que hasta un 67 por ciento de los venezolanos que cruzaron la selva habían vivido antes en otros países de Sudamérica donde habrían tenido que salir por falta de oportunidades.

Si la evaluación de Colombia que hace HRW en su reporte es dura, la de Panamá es peor. De acuerdo con HRW, la mayoría de los abusos contras los migrantes se estarían cometiendo en este país.

Y critica, de manera severa, el nuevo acuerdo que se firmó con Estados Unidos para expulsar a los extranjeros que no tengan una base legal para permanecer en Panamá.

“Es probable que este acuerdo empeore aún más el acceso a refugio en la región. Dado que el sistema de refugio de Panamá es inadecuado y carece de recursos suficientes, la expulsión a gran escala de solicitantes de asilo podría violar la obligación legal de Panamá de respetar el principio de no devolución (es decir, de no enviar a personas a países donde están expuestas al riesgo de sufrir abusos)”, dijo la organización.

El acuerdo, además, sería una estrategia de Estados Unidos para “eludir sus responsabilidades al pretender externalizar sus controles migratorios a un país con una capacidad demostrablemente menor para realizar una evaluación completa y justa de las solicitudes de refugio”.

Las conclusiones del informe de HRW sobre la migración

A manera conclusión, y en una venia a lo hecho en países como Colombia y Brasil, la organización afirma que los gobiernos de la región deberían tomar ejemplo de las valiosas medidas que allí se han implementado, «como el reconocimiento prima facie como refugiados a los venezolanos y los visados humanitarios concedidos en el pasado a los haitianos (para el caso de Brasilia) así como los esfuerzos de Bogotá para conceder el estatuto temporal de protección a los venezolanos».

Recomienda, a su vez, que se implemente un régimen de protección temporal en la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo fijo con una duración adecuada y renovable, incluyendo a quienes no reúnan los requisitos para obtener el estatuto de refugiado según la legislación nacional y se reviertan medidas que han elevado los requisitos para el asilo y que están empujando la peligrosa migración con el Darién.

Así mismo, crear un mecanismo regional que sea equitativo para determinar los Estados responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, factores individuales como vínculos sociales o familiares y preferencias individuales de los solicitantes.

Este mecanismo debería incluir medidas para superar las barreras que llevan a los migrantes y solicitantes de asilo a abandonar los países de acogida, incluyendo el patrocinio legal, el acceso a vivienda y la rápida obtención de permisos de trabajo mientras las solicitudes de asilo están pendientes de revisión.

Al tiempo, se debería distribuir esos costos de forma justa y dar incentivos a los Estados para compartir la responsabilidad.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington