Ministerio de Interior de Perú denunciará a fiscal general por infracción constitucional

El Ministerio del Interior de Perú anunció este viernes que presentará ante el Congreso una denuncia constitucional contra la fiscal general, Delia Espinoza, por una supuesta infracción el marco constitucional y omisión a actos funcionales.

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada.

A través de un comunicado, el ministerio expuso que la Fiscalía decidió retirarse de una mesa de trabajo para el desarrollo del ‘Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito’, lo que calificó como «una afectación a la lucha contra el crimen».

«Lamentamos que intereses particulares primen frente a la razón y sobre el trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía, desestabilizando así la gobernabilidad en el país», señaló sobre Espinoza, a quien el propio ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha criticado en varias ocasiones.

El ministerio afirmó que la conducta expuesta por la fiscal constituye un agravio al artículo de la Constitución que define la labor del Ministerio Público.

Además, indicó que presuntamente Espinoza ha cometido «los ilícitos penales vinculados a la omisión de actos funcionales en prejuicio de la seguridad y ciudadanía».

«El cumplimiento de la ley no es opcional ni está sujeto a interpretaciones. No se puede permitir que el marco normativo sea desvirtuado por intereses subrepticios», agregó el ministerio.

También, rechazó supuestos comentarios despectivos respecto al desempeño de la Policía Nacional del Perú (PNP), y afirmó que esta es una institución «que ha sabido responder con altura y compromiso en los momentos más difíciles de la historia del país».

En este sentido, reiteró que la PNP está plenamente capacitada para asumir el liderazgo en la investigación preliminar del delito, tal como lo establece la Ley 32130.

Esta ley, aprobada por el Ejecutivo en octubre de 2024, cambió el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional y agilizar los procesos penales.

Según esta norma, el Ministerio Público sigue siendo el titular de la acción penal, pero la PNP asume la función de la investigación preliminar y realiza las diligencias correspondientes conforme a sus reglamentos.

Precisamente, el 6 de enero, la Fiscalía presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda por esta ley.

«Esta norma plantea modificaciones que afectan la autonomía funcional del Ministerio Público como persecutor y conductor excluyente y exclusivo en la investigación del delito, tal como lo señala claramente el artículo 159, numeral 4 de nuestra Constitución», declaró la fiscal general en dicha fecha.

Espinoza aseguró que es evidente que enfrentan una campaña masiva de promulgación de leyes que son «arbitrarias e inconstitucionales», y atentan contra las funciones del Ministerio Público.

AGENCIA EFE